La Corte Suprema rechazó el miércoles una apelación presentada por la campaña del presidente Donald Trump que pretendía revertir varios fallos de un tribunal estatal, pero no actuó de inmediato cuando la campaña pidió que se agilizara el caso.
En cambio, el expediente del alto tribunal muestra un plazo hasta el 22 de enero de 2021 —dos días después del día de la toma de posesión presidencial— para que el estado responda a la solicitud de apelación.
La campaña presentó la demanda el lunes desafiando tres fallos de la Corte Suprema de Pensilvania que «cambiaron ilegalmente» las leyes de voto por correo «inmediatamente antes y después de las elecciones presidenciales de 2020», dijo el equipo legal.
El equipo argumentó que las decisiones del tribunal estatal violaban el Artículo II de la Constitución y el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos Bush contra Gore, que resolvió una disputa sobre el recuento de los votos en Florida en el año 2000.
Junto con el recurso de amparo, el equipo legal presentó una solicitud a la Corte Suprema para acelerar el caso. Dicha petición pedía al alto tribunal de la nación que ordenara a los funcionarios de Pensilvania que respondieran antes del mediodía del miércoles, un plazo que ya ha pasado.
«Si este asunto no se resuelve a tiempo, no solo el peticionario, sino la nación en su conjunto puede sufrir daños por la confusión resultante», escribió la campaña (pdf).
«De hecho, la intensa atención nacional y mundial puesta en las elecciones presidenciales de 2020 solo presagia la perturbación que bien puede seguir si se permite que persistan la incertidumbre y la injusticia que envuelven estas elecciones. No se puede minimizar la importancia de una pronta resolución de las cuestiones constitucionales federales que plantea este caso», añadieron.
John Eastman, el abogado del presidente en este caso, dijo a The Epoch Times en un correo electrónico que la fecha del 22 de enero es un mensaje automático de la oficina del letrado, ya que a cada petición de amparo se le da un plazo de respuesta de 30 días después de que la solicitud es acoplada.
«Así que no lean nada de eso», dijo Eastman. «La corte es plenamente consciente de nuestra moción de consideración expedita, y si concede nuestra moción, se fijarán nuevas fechas por orden judicial».
La demanda de la campaña busca «todos los remedios apropiados», que incluyen la anulación de los electores comprometidos con Joe Biden y permitir a la Legislatura de Pensilvania convocar a sus propios electores. Pensilvania fue uno de los siete estados en los que el Partido Republicano tenía sus propios electores que votaron por Trump y el vicepresidente Mike Pence, en un intento de preservar las impugnaciones legales en el estado.
El equipo legal argumentó que los fallos del estado «destriparon» las garantías que podría ofrecer la Legislatura de Pensilvania contra el posible fraude electoral derivado de las boletas por correo. Los fallos prohibieron la verificación de las firmas de las declaraciones de las boletas de voto ausente y por correo, impidieron que las campañas obtuvieran un acceso adecuado para observar el recuento de las boletas de voto ausente y por correo, y relajaron los requisitos legales que establecen que los votantes deben firmar, dirigir y fechar correctamente las boletas de voto por correo, según alegaba la demanda.
La demanda es la primera acción legal independiente de la campaña ante la Corte Suprema de los Estados Unidos que pretende impugnar los resultados de las elecciones de 2020, dijo el exalcalde Rudy Giuliani en un comunicado hace unos días.
Se han presentado varias apelaciones e impugnaciones relacionadas con las elecciones de 2020 en el alto tribunal, pero hasta ahora no se ha aceptado ninguno de los casos. La Corte Suprema se negó a escuchar una demanda presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, contra Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin, dictaminando que el Estado de la Estrella Solitaria no demostró tener la posición legal —o el derecho— a demandar.
Por otra parte, el tribunal también se negó a intervenir inmediatamente en otra demanda presentada por los republicanos de Pensilvania, alegando que su ley de votación por correo contravenía la constitución del estado. El tribunal rechazó la solicitud de los republicanos para una medida cautelar inmediata que pretendía impedir que Pensilvania tomara nuevas medidas para certificar los resultados de las elecciones de 2020.
Los abogados del representante estatal Mike Kelly (R-Pa.) presentaron posteriormente un recurso de amparo hace unas semanas, en el que se argumenta que la Corte Suprema de Pensilvania se equivocó al desestimar su caso porque los magistrados pensaron que los demandantes presentaron su caso con un retraso irrazonable.
Jack Phillips contribuyó a la elaboración de este artículo.
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