El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, ha pedido que el Departamento de Justicia (DOJ) responda al intento del expresidente Donald Trump de hacer valer la inmunidad presidencial en su caso en curso relacionado con el 6 de enero en D.C.
La Corte de Apelaciones del Circuito de Washington D.C. acababa de rechazar el intento del presidente Trump de anular la negativa de la juez Tanya Chutkan a desestimar la acusación del DOJ basada en la inmunidad presidencial. La petición del juez Roberts del 13 de febrero se produce menos de una semana después de que los magistrados escucharan la apelación del expresidente Trump a un fallo de Colorado que le inhabilitaba para aparecer en la boleta electoral del estado.
Con una fecha límite del 20 de febrero, la solicitud de la Corte apunta a una urgencia más amplia para que el sistema judicial aborde cuestiones de derecho relativamente no probadas que podrían tener un impacto en las elecciones presidenciales de 2024.
El presidente Trump criticó a la corte de apelaciones en su presentación del 12 de febrero, argumentando que proporcionó un plazo ajustado para solicitar a la Corte Suprema un alivio antes de requerir a la jueza Chutkan que reanude sus procedimientos previos al juicio.
La juez Chutkan aplazó indefinidamente la fecha prevista para el juicio, el 4 de marzo, que cada vez parece más improbable en medio de las diversas apelaciones del expresidente.
«[Un] panel del Circuito de Washington D.C. ha emitido, de manera extraordinariamente rápida, una decisión sobre el reclamo de inmunidad del presidente Trump y ordenó devolver el mandato a la corte de distrito para que proceda con el juicio penal del presidente Trump en cuatro días hábiles, a menos que esta Corte intervenga (como debería)», decía la solicitud del expresidente Trump para suspender el mandato de la corte de apelaciones.
Como señala el escrito del expresidente Trump, el consejero especial Jack Smith había solicitado a la Corte Suprema saltarse los procedimientos de apelación y acelerar el asunto, afirmando que » solo» la Corte Suprema podría «resolver definitivamente» las reclamaciones de inmunidad del presidente Trump. En última instancia, la Corte Suprema rechazó la petición de Smith, pero se espera que finalmente se pronuncie sobre la cuestión.
El «perímetro exterior» de la inmunidad presidencial
El expresidente Trump está pidiendo a la Corte Suprema que detenga la decisión de apelación porque dictaminó incorrectamente que la inmunidad presidencial no se aplicaba a la acusación de Smith contra él.
Su abogado, D. John Sauer, había argumentado en enero que la Constitución exigía que los presidentes se enfrentaran primero a una destitución y a un juicio ante el Congreso antes de poder ser procesados penalmente en las cortes del Artículo III. Un panel de tres jueces del Circuito de Washington rechazó unánimemente sus argumentos, declarando que «razones de orden público, especialmente las que se desprenden de nuestra historia y de la estructura de nuestro gobierno, obligan a rechazar su reclamación de inmunidad en este caso».
Los jueces también dictaminaron que «cualquier inmunidad ejecutiva que pueda haberle protegido mientras sirvió como presidente ya no le protege contra este procesamiento».
La inmunidad presidencial es un área relativamente ambigua de la ley, pero la Corte Suprema sostuvo en Nixon v. Fitzgerald (1982) que el presidente tenía «inmunidad absoluta» de responsabilidad civil que se extendía al «perímetro exterior» de sus funciones oficiales.
Pero el expresidente Trump fue demasiado lejos, sostuvieron los jueces de apelación, al pedir inmunidad de responsabilidad penal. «La inmunidad reclamada por el expresidente Trump nos haría extender el marco de la inmunidad civil presidencial a los casos penales y decidir por primera vez que un expresidente es categóricamente inmune a la persecución penal federal por cualquier acto concebible dentro del perímetro exterior de su responsabilidad ejecutiva», dice la opinión de los jueces.
Mientras tanto, el expresidente Trump sostuvo que la acusación de Smith se refería a sus actos oficiales como presidente y que la Constitución otorga a las decisiones discrecionales de los presidentes una protección especial frente a la revisión por parte de los tribunales. Parte de su argumento se basó en la decisión de la Corte Suprema en Mississippi v. Johnson, que sostuvo que » esta corte no tiene jurisdicción de un proyecto de ley para ordenar al presidente en el desempeño de sus funciones oficiales, y que tal proyecto no debe ser recibido por nosotros «.
Al solicitar la intervención de la Corte Suprema, el escrito del presidente Trump señaló que su «afirmación de que los presidentes tienen inmunidad absoluta de enjuiciamiento penal por sus actos oficiales presenta una cuestión novedosa, compleja y trascendental que merece un examen cuidadoso en la apelación».
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