El 8 de septiembre, la Corte Suprema concedió un indulto de última hora a un asesino convicto en Texas que quiere que su pastor esté físicamente a su lado, lo toque y rece en voz alta por él en el momento de su ejecución.
El caso, Ramírez contra Collier, fue presentado ante la Corte Suprema el 7 de septiembre. El condenado es John Henry Ramírez. El demandado es Bryan Collier, director ejecutivo de la Junta de Justicia Penal de Texas.
El 19 de julio de 2004, un Ramírez de 20 años, en busca de dinero para comprar drogas, robó y asesinó a Pablo Castro, de 46 años, apuñalándolo 29 veces en el estacionamiento de una tienda. Ramírez obtuvo un botín de 1.25 dólares de Castro. Ramírez robó a una segunda víctima a punta de cuchillo e intentó robar a una tercera. Se fugó a México, evadiendo el arresto durante 3 años y medio, según los fiscales.
La solicitud de suspensión de la ejecución de la pena de muerte y la petición de revisión fueron presentadas al magistrado Samuel Alito y remitidas por éste al pleno del tribunal. Ningún magistrado indicó que disentía de la suspensión o de la concesión de la petición. La orden de una sola página dice: «Se ordena al secretario que establezca un calendario de presentaciones que permita argumentar el caso en octubre o noviembre de 2021».
Hablando en nombre de Texas, Collier citó «el riesgo de seguridad que supone la presencia de una persona ajena a la cámara de ejecución» y argumentó en su escrito de oposición que la ejecución debía proceder.
«Que un estado no pueda imponer políticas que coaccionen a un recluso a hacer lo que sus inquilinos religiosos prohíben no significa que deba acceder a todas sus exigencias religiosas», dijo en el documento. «Por su diseño, las prisiones impiden la libertad de los reclusos para comportarse como deseen, lo que, necesariamente, limita parte de su comportamiento religioso».
Collier señaló que el tribunal de distrito determinó que el actual protocolo de ejecución de su agencia «se acomoda a las necesidades religiosas de Ramírez». Añadió que a Ramírez se le permite visitar a su pastor desde las 8:00 hasta las 12:00 de la mañana de su ejecución, y de nuevo de 3:00 a 5:00 de la tarde antes de su ejecución.
«Durante un máximo de seis horas, entonces, el pastor elegido por Ramírez podrá leer las escrituras y rezar en voz alta con él. Y cuando llegue el momento de ejecutar su sentencia, el propio Ramírez podrá rezar en voz alta como declaración final mientras su pastor elegido está con él en la cámara de ejecución».
Collier dijo que los argumentos legales de Ramírez no eran convincentes. El tribunal de apelaciones consideró que Ramírez «no identificó ninguna jurisdicción en la que se permita a asesores espirituales externos rezar en voz alta y establecer contacto físico con un recluso durante su ejecución», escribió.
El abogado de Ramírez, Seth Kretzer, argumentó en la petición presentada ante la Corte Suprema que Texas está privando a su cliente de su derecho, protegido por la Constitución, a ejercer su religión, además de incumplir la Ley de Uso de Suelo Religioso y Personas Institucionalizadas.
«El derecho de un condenado al consuelo de los clérigos —y el correspondiente derecho de los clérigos a consolar a los condenados— es uno de los ejercicios religiosos más antiguos y reconocidos que conoce la civilización».
La Ley de Uso de Suelo Religioso y Personas Institucionalizadas prevé una «protección expansiva de la libertad religiosa», dando a un recluso una «mayor protección» que los precedentes relevantes de la Primera Enmienda, escribió Kretzer, citando la decisión de la Corte Suprema de 2015 en el caso Holt contra Hobbs.
La Corte Suprema ha mostrado una creciente disposición en los últimos años a fallar a favor de los reclusos condenados a muerte que quieren que los funcionarios de prisiones les permitan tener asesores espirituales.
En febrero de este año, la Corte Suprema concedió una suspensión de la ejecución al asesino convicto Willie B. Smith III, encarcelado en Alabama.
Smith, que ahora tiene 51 años, fue condenado a muerte en 1992 por secuestrar, robar y asesinar a Sharma Ruth Johnson, de 22 años, el año anterior. Los restos de Johnson fueron encontrados en su coche quemado. Le habían disparado en la cabeza al estilo de una ejecución en un cementerio después de rogar por su vida.
Alabama promulgó en 2019 una política que prohíbe que un recluso esté acompañado por algún representante religioso en la sala en la que se lleva a cabo la ejecución. Antes de eso, el estado había exigido la presencia de un capellán de la prisión al lado del recluso.
Smith argumentó que seguir adelante con su ejecución sin la presencia de su pastor en la cámara de la muerte violaba sus libertades religiosas protegidas por la Primera Enmienda. Posteriormente, los funcionarios de Alabama llegaron a un acuerdo con Smith y aceptaron que su asesor espiritual le prestara servicio en la cámara de ejecución.
La Corte Suprema de Alabama fijó una nueva fecha de ejecución para Smith, el 21 de octubre.
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