El grupo Archipiélago dijo el domingo que las formas represivas ante la marcha prevista para 15 de noviembre en Cuba «van en ascenso permanente y se han transnacionalizado», a través de la Comisión de Apoyo y Protección a los Manifestantes del 15N en un informe en Telegram.
La Comisión explicó en el informe que las formas represivas en Cuba van en un aumento constante, incluso se han transnacionalizado, ya que las represiones alcanzan a las familias migrantes en el país y en la diáspora.
El informe señala que en total se registraron 45 denuncias por acciones represivas que procedían de al menos 8 provincias que incluyen a La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Holguín, Guantánamo, Pinar del Río, Las Tunas y Ciego de Ávila. Y agregó que en la mayoría de los casos las denuncias son debido a violaciones a varios derechos humanos reconocidos internacionalmente.
Además, la Comisión denuncia que el régimen comunista de Cuba despliega una serie de variantes represivas, así como de violencia institucional, un ejemplo son los «mítines de repudio» en los domicilios del escritor Rafael Vilches en Cienfuegos, del dramaturgo Yunior García Aguilera y de la ilustradora Mary Esther Lemus Cordero en La Habana.
En el caso de Lemus Cordero, la Comisión denuncia que «los asistentes, convocados por el Partido Comunista (PCC) único en el poder, gritaron consignas y golpearon con un machete el muro de la vivienda donde residen el padre, la madre y la abuela de la ilustradora».
Y señala que ante este tipo de acciones represivas «es lógico presuponer que dichos ‘mítines’ se hagan más sistemáticos conforme nos acercamos al 15 de noviembre, y que aumente el grado de violencia en ellos».
El régimen cubano ha desplegado un incremento sustancial de citaciones e interrogatorios—que según testimonios, se ha acentuado el carácter coercitivo y humillante de los mismos—los cuales son ilegales porque no responden a un proceso penal previo, según el informe, agregando que «la manipulación psicológica se vuelve sistemática, más agresiva y rigurosamente planeada por el Estado».
Uno de los motivos que señala para que el régimen realice tales interrogatorios, es el de «amedrentar a las personas para que no se sumen al Grupo Archipiélago o la marcha».
La dictadura además, ha aumentado los operativos policiales de vigilancia constante a los coordinadores de Archipiélago y a otros activistas, así como a sus familiares y amistades; continúa con las detenciones arbitrarias en varias ciudades del país, entre ellos a un profesor, Albert Sánchez, de 65 años que padece cáncer, y a la periodista Iliana Hernández en La Habana, y el activista Leinier Cruz en Guantánamo, detenido arbitrariamente el pasado 23 de octubre, denuncia el informe.
Y denuncia la continuidad de los despidos laborales discriminatorios por tener ideas o posturas políticas distintas al Estado, un caso citado es el de Edel Carrero, quien fue expulsado la semana pasada de su trabajo en el Centro de Teatro de La Habana—un organismo que pertenece al Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE) y depende del Ministerio de Cultura—por la seguridad del estado bajo el argumento de que no es alguien confiable.
Los actos represivos que señala el informe también incluyen arbitrariedades, tales como amenazas y amenazas anónimas, que van desde atentar contra la vida, acosos para citaciones a interrogatorios y entrevistas ya sea verbalmente o telefónicamente, amenazas de perpetración de violencia física a ciudadanos si acuden a las marchas.
El régimen de Cuba, señala el informe, despliega toda una ofensiva de manipulación de la ciudadanía e incitación a la violencia de forma masiva por diversas vías, una de ellas es la propaganda del PCC (Partido Comunista de Cuba) a través de la difusión por medio de la prensa del Estado.
La semana pasada, la ONG Prisoners Defenders denunció este un total de 683 presos políticos en Cuba en el último año–con 370 casos relacionados a las protestas pacíficas del 11 de julio–aunque indicó que la cifra podría ser mayor.
Para fines de octubre de 2021, se registraron 544 casos nuevos, lo cual representa tan solo “una pequeña fracción de las cifras reales, cuya verificación total es simplemente inalcanzable”, indicó el informe.
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