ACUÑA, México — El 15 de abril fue un día tranquilo en Acuña, México, que se encuentra al otro lado del río de la ciudad texana de Del Río, un punto caliente para la inmigración ilegal.
El día anterior, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó un acuerdo de seguridad fronteriza con su homólogo del estado mexicano de Coahuila, en el que se encuentra Acuña. El acuerdo incluye «medidas reforzadas de seguridad fronteriza» a lo largo del Río Grande.
The Epoch Times observó que en Acuña la policía estatal y local se detuvo en Río Grande y se tomó fotos para las redes sociales. Ellos dijeron que quieren mostrar a los turistas que el lugar es seguro durante las vacaciones de Semana Santa y confirmaron que no han estado realizando patrullas fluviales adicionales desde que se firmó el acuerdo.
Los agentes locales de inmigración dijeron que «todo es normal» cuando se les preguntó si habían recibido nuevas instrucciones durante la semana pasada.
Los acuerdos firmados entre Abbott y sus homólogos de tres estados mexicanos fronterizos consiguieron que los camiones vuelvan a circular sin problemas por la mayoría de los puertos de entrada, pero los críticos dicen que la parte de seguridad fronteriza no durará mucho.
Los tres estados mexicanos prometieron patrullar el Río Grande y frenar la inmigración ilegal en Texas, así como realizar controles de seguridad en los camiones comerciales que se preparan para entrar en Texas.
«Ellos mostrarán un esfuerzo de buena fe, pero no va a ser duradero, nunca lo es», dijo Brandon Judd, presidente del Sindicato de la Patrulla Fronteriza, a The Epoch Times.
«Hay demasiada corrupción. Los cárteles están demasiado incrustados en los gobiernos, la corrupción está muy extendida allí. Pero al menos el gobernador Abbott fue capaz de forzar su mano», añadió Judd.
Durante las dos noches anteriores, los agentes de la Patrulla Fronteriza habían detenido a 235 inmigrantes ilegales que cruzaron el río hacia la zona de Eagle Pass desde la ciudad mexicana de Piedras Negras, en el estado de Coahuila.
Entre el primer grupo había 16 extranjeros ilegales de Kirguistán, siete de Kazajstán y un ruso, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), responsable del paso de la frontera a Estados Unidos.
Texas firmó acuerdos con los cuatro estados mexicanos fronterizos: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Abbott, un republicano, firmó el primer acuerdo con el gobernador de Nuevo León el 13 de abril. Ese estado solo comparte 8.6 millas de frontera con Texas. A continuación desbloqueó de inmediato los puertos de Laredo cuyo flujo se había atascado por las inspecciones de la policía estatal de Texas cerca de los puertos de entrada.
Los dos siguientes acuerdos se firmaron al día siguiente, con Chihuahua (desbloqueando El Paso) y Coahuila (frente a Del Río y Eagle Pass, donde no se registraron retrasos), y el 15 de abril a última hora de la tarde con Tamaulipas.
La única razón por la que los gobernadores mexicanos firman los acuerdos es porque el comercio se está viendo frenado, dijo Judd.
«Ellos no hacen nada para detener a los cárteles, podrían haber hecho esto antes», añadió.
También indicó que en última instancia el gobierno de Joe Biden ha fracasado en la seguridad fronteriza.
«Es triste que el gobierno federal no esté haciendo su trabajo y hay que tener recursos estatales para intervenir y hacer lo que se supone que debe hacer el gobierno federal. Esa es la parte más triste de toda esta ecuación».
El 6 de abril, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) recibió la orden de Abbott de iniciar inspecciones de seguridad mejoradas en los vehículos comerciales que entran a Texas desde México.
Casi inmediatamente, los puertos de entrada comerciales se congestionaron y el comercio se redujo en alrededor de un 60 por ciento en algunas áreas. En el Valle del Río Grande, el puerto de entrada de Pharr cerró por completo después que manifestantes lo bloquearan en el lado mexicano, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que emitió su propia declaración el 12 de abril calificando las inspecciones de «innecesarias».
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, calificó los esfuerzos de inspección de Abbott como un «truco político» en una conferencia de prensa el 13 de abril.
Abbott defendió las inspecciones en una conferencia de prensa conjunta con el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, en Laredo, el 13 de abril.
«Estas inspecciones revelaron que alrededor del 25 por ciento de los vehículos que cruzan a Texas no eran seguros para las carreteras de Texas y fueron retirados del servicio», dijo Abbott.
«Al mismo tiempo, Texas se ha visto invadido por un número récord de inmigrantes ilegales que cruzan de México a Texas, con la ayuda de los cárteles».
María Eugenia Campos Galván, gobernadora del estado de Chihuahua, escribió en un memorando a Abbott que comparte sus preocupaciones.
«Me preocupan los mismos intereses que le preocupan al gobierno de Texas: el narcotráfico, el contrabando de personas, el lavado de dinero y, sobre todo, la migración», dice el memorando de Campos del 13 de abril.
Campos dijo que tiene la intención de trasladar la sede de seguridad pública del estado de la ciudad de Chihuahua a Juárez, que se encuentra directamente al otro lado de la frontera de El Paso.
El memorando de entendimiento entre Texas y Chihuahua establece que los dos estados «trabajarán de manera cooperativa para detener el flujo de migrantes de más de 100 países que entran ilegalmente a Texas a través de Chihuahua, incluyendo la provisión de recursos para responder a las áreas críticas identificadas por el DPS de Texas».
También dice que los dos estados «trabajarán en cooperación para reducir el tráfico de personas de los cárteles y el contrabando del mortal fentanilo y otras drogas a través y entre los puertos de entrada».
El acuerdo con Coahuila fue similar.
«Hasta que el presidente [Joe] Biden decida cumplir con su deber constitucional de asegurar la frontera, seguiremos haciendo lo que sea necesario para proteger la seguridad de todos los texanos», dijo Abbott en un comunicado del 15 de abril.
En los tres primeros meses de 2022, los agentes detuvieron a más de 318,000 inmigrantes ilegales que entraron en el estado de Texas desde México, según datos de la CBP. Decenas de miles más evadieron la captura.
Todd Bensman, miembro de seguridad nacional en el Centro de Estudios de Inmigración, dijo que la idea de forzar los acuerdos mediante la obstrucción de las rutas de comercio «es realmente muy brillante».
Pero, dijo, «el diablo está en los detalles. Todo es demasiado vago».
«Si Abbott se lo toma en serio, y ve que los inmigrantes siguen llegando y restablece el cierre del puente, eso es lo que hará falta para demostrar que se lo toma realmente en serio», dijo Bensman.
«La única medida real que va a importar es si ellos [México] recogen físicamente a los migrantes y los llevan a Guatemala. Eso es todo. Nada más importa».
Los cárteles controlan el lado mexicano de la frontera, por lo que los gobernadores están caminando por una línea muy fina, dijo Bensman.
«Hay toda esta otra cuestión que nadie está planteando realmente, que es que estos acuerdos ponen a los gobiernos estatales en conflicto con los cárteles, que ejercen mucha influencia con esos gobiernos, los gobiernos estatales».
«Los ponen entre la espada y la pared entre hacer lo que Abbott quiere y hacer lo que tienen que hacer para que no los maten».
«Especialmente el acuerdo de Tamaulipas. Porque allí hay cárteles que ganan miles de millones de dólares. La mayor parte del dinero se hace allí».
Tamaulipas se encuentra frente al Valle del Río Grande, que ha sido durante mucho tiempo el sector más activo tanto para la inmigración ilegal como para el contrabando de drogas.
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