Demandan a California por ley que obliga a nombrar minorías y LGBT en juntas directivas

Por Matthew Vadum
25 de Noviembre de 2021
Actualizado: 25 de Noviembre de 2021

Un think tank conservador presentó una demanda federal de derechos civiles contra California para detener una ley que obligará a establecer cuotas en las empresas públicas con sede en el estado, exigiéndoles que nombren a los miembros del consejo de administración basándose únicamente en su raza y orientación sexual.

La legislación en cuestión es fruto de los disturbios raciales del año pasado que causaron más de 2000 millones de dólares en daños materiales y fueron organizados en todo el país por Black Lives Matter y Antifa.

La demanda, National Center for Public Policy Research (NCPPR) contra Weber, se presentó el 22 de noviembre en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de California.

La demandada Shirley Weber, una académica de izquierda radical antes de entrar en política, es demandada en su capacidad oficial como secretaria de Estado de California. Hasta enero de este año, la demócrata del área de San Diego era miembro de la Asamblea del Estado de California, donde defendió la ley AB 3121, que creaba un grupo de trabajo para elaborar propuestas de pago de reparaciones a los negros para compensarles por tener antepasados esclavizados hace siglo y medio.

California tiene un “feo pasado” y hay que hacer frente a su “injusticia sistémica”, dijo cuando su proyecto se convirtió en ley el año pasado.

El NCPPR es una organización de investigación de mercado libre y de defensa de los accionistas. Está siendo representada en el procedimiento legal por la Pacific Legal Foundation (PLF), con sede en Sacramento, que argumenta que la nueva ley, conocida como AB 979, perpetúa la discriminación al tratar a las personas en función de sus características inmutables, y no como individuos.

Desde 2020, la ley estatal conocida como SB 826 exige que todas las empresas públicas con sede en California cumplan con una cuota de mujeres en sus consejos de administración o se enfrenten a multas. Creighton Meland, cliente de PLF y activista de los accionistas, está desafiando la SB 826 en el mismo tribunal de distrito de Estados Unidos. El Estado intentó que se desestimara el caso, pero el Tribunal de Apelación del 9º Circuito de EE. UU. determinó por unanimidad que un accionista de una empresa californiana está legitimado para demandar la ley.

A partir del año que viene, la AB 979 exigirá a las empresas afectadas que cumplan una cuota adicional de miembros del consejo de administración basada en la raza y la orientación sexual.

Al firmar la AB 979 como ley el 30 de septiembre de 2020, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, dijo que lo hacía para avanzar en la “justicia racial”.

“Cuando hablamos de justicia racial, hablamos de empoderamiento, hablamos de poder, tenemos que hablar de asientos en la mesa”, dijo Newsom, según Los Angeles Times.

El NCPPR no está de acuerdo con el uso de la coacción gubernamental para imponer la diversidad.

El problema es que “estas cuotas de diversidad se aplican a todas las empresas de todos los sectores indefinidamente, independientemente de que haya pruebas concretas de discriminación”, afirma la organización en su demanda legal.

“Estas leyes, que reparten beneficios e imponen cargas por motivos de raza, sexo y orientación sexual, son inconstitucionales”.

El abogado del PLF, Daniel Ortner, dijo que a finales del año en curso, todas las empresas que cotizan en bolsa con sede en California estarán obligadas “a tener un individuo de una minoría racial o LGBT en su consejo de administración”.

“Lo que está ocurriendo es que el estado de California ha decidido que puede intervenir y obligar a las empresas privadas a imponer cuotas por raza y por sexo y todo tipo de cuotas”, dijo en una entrevista a The Epoch Times.

Pero la Corte Suprema considera que las cuotas son “injustas porque lo único que les importa es la pertenencia a una clase —ya no te tratan como individuo… y eso es muy, muy, muy contrario a la Constitución y a los ideales de igualdad ante la ley que defiende la Constitución”.

Según la AB 979, toda “empresa nacional o extranjera de titularidad pública cuyas oficinas ejecutivas principales… estén situadas en California” debe tener “un mínimo de un director de una comunidad subrepresentada en su consejo” antes del 31 de diciembre, afirma la petición.

Para el 31 de diciembre de 2022, una empresa debe tener un número de directores con determinadas características, dependiendo del tamaño de la junta. Si una empresa tiene entre cinco y ocho directores, al menos dos tendrán que ser miembros de una comunidad subrepresentada. Una empresa con nueve o más directores tendrá que tener al menos 3 miembros de una comunidad subrepresentada.

Un “director de una comunidad subrepresentada” se define como “un individuo que se autoidentifica como negro, afroamericano, hispano, latino, asiático, isleño del Pacífico, nativo americano, nativo de Hawái o nativo de Alaska, o que se autoidentifica como gay, lesbiana, bisexual o transgénero”.

La Asociación Nacional de Becarios (NAS) acogió con satisfacción la nueva demanda.

“Es una vergüenza que esta horrible ley haya sido aprobada por la legislatura de California”, dijo el director de comunicaciones de la NAS, Chance Layton.

“Leyes como estas suelen empezar con buenas intenciones, pero rápidamente se les va de las manos. Si se deja en pie esta ley, también podríamos tirar la toalla en la Ley de Derechos Civiles de 1964”, dijo Layton a The Epoch Times en una declaración enviada por correo electrónico.

“La discriminación por raza o sexo nunca debería ser practicada por un gobierno estadounidense. La legislatura de California… ya demostró su deseo de discriminar y actuar con prejuicios el año pasado en la lucha por la Proposición 16. Esa medida electoral fue derrotada, afortunadamente, porque, independientemente de lo que crean los que están en el poder, el pueblo entiende que permitir que el Estado discrimine basándose en atributos inalterables de las personas es fundamentalmente erróneo”.

Cuando era asambleísta el año pasado, Weber presentó la legislación que se convertiría en la Proposición 16, que habría derogado la prohibición de la constitución estatal sobre la acción afirmativa basada en la raza y el sexo, según Ballotpedia.

La oficina de Weber no respondió a una solicitud de comentarios en el momento de la publicación.


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