Demócratas del Capitolio presentan otro esfuerzo para federalizar las elecciones

Por Mark Tapscott
18 de agosto de 2021 7:40 PM Actualizado: 18 de agosto de 2021 7:41 PM

Los demócratas del Congreso, que fallaron en su intento nocturno a principios de este mes de imponer el control federal sobre las elecciones, están impulsando ahora una nueva versión más radical de la propuesta.

La Ley de Avance del Derecho al Voto John L. Lewis de 2021 fue presentada a principios de esta semana por los demócratas de la Cámara de Representantes como HR4. La acción se produce después de que el intento del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.), de aprobar la versión de la Cámara Alta de la Ley Para el Pueblo, HR1, por consentimiento unánime fuera bloqueado por el senador Ted Cruz (D-N.Y.).

Bajo el proceso de consentimiento unánime, un proyecto de ley se considera aprobado por el pleno del Senado sin una votación registrada, salvo que al menos un senador se oponga, como hizo Cruz a las 4 de la mañana durante la sesión del Senado del 11 de agosto.

La propuesta de Lewis incluye las principales disposiciones de la HR1 —ampliar el voto por correo, legalizar la recolección de votos, proporcionar dinero de los impuestos federales a las campañas del Congreso y prohibir los requisitos de identificación de los votantes— al tiempo que añade disposiciones que anulan dos importantes decisiones de la Corte Suprema en materia de derecho electoral.

Las decisiones incluyen el caso de 2013 del condado de Shelby contra Holder, en el que el tribunal relajó sustancialmente ciertos requisitos de la Ley de Derecho al Voto de 1965 (VRA) que sometía a las leyes electorales propuestas de nueve estados del sur y partes de otros seis a la aprobación del Departamento de Justicia (DOJ).

La segunda decisión es la de Brnovich contra el Comité Nacional Demócrata a principios de este año, en la que el tribunal confirmó el derecho de Arizona a prohibir la recolección de votos, un proceso que permite a los activistas políticos ir a los hogares de los votantes para recoger sus papeletas. Los demócratas apoyan firmemente la recolección de votos, mientras que los republicanos se oponen a ella por considerarla una invitación al fraude electoral.

La HR4 de los demócratas modifica la VRA para permitir que el DOJ considere una larga lista de factores altamente subjetivos para justificar la anulación de una ley o procedimiento electoral estatal o local.

Uno de los factores establece que el DOJ puede justificar dicha anulación basándose en «la medida en que los miembros de un grupo minoritario soportan los efectos de la discriminación en ámbitos como la educación, el empleo y la salud, que dificultan su capacidad para participar eficazmente en el proceso político».

Otro de los factores que justifica la anulación es si los funcionarios del DOJ consideran que «existe una falta de respuesta por parte de los funcionarios electos a las necesidades particulares de los miembros de grupos minoritarios».

La VRA se aplicaba a nueve estados del sur que antes pertenecían a la Confederación, así como a partes de otros seis estados, pero los 50 estados podrían estar cubiertos por las disposiciones de la HR4 si se convierte en ley. El presidente Joe Biden ha dicho que firmará la ley si llega a su escritorio.

Pero la HR4 cuenta con una importante oposición tanto dentro como fuera del Congreso.

«Todos estos cambios darían carta blanca a los ideólogos liberales que pueblan las filas de los abogados de carrera dentro del DOJ para ir detrás de cualquier cambio electoral que no les guste desde un punto de vista político, no porque sea de alguna manera discriminatorio. Es un proyecto de ley terrible y extremadamente peligroso», declaró Hans von Spakovsky a The Epoch Times el 18 de agosto.

Von Spakovsky es miembro senior y director de la iniciativa de Reforma de la Ley Electoral de la Fundación Heritage en el Instituto para el Gobierno Constitucional del think tank conservador. Es un exfiscal del Departamento de Justicia.

El representante Rodney Davis (R-Ill.), el republicano de mayor rango en la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes, que tiene autoridad sobre los procesos electorales federales, calificó la HR4 como «un intento clandestino de nacionalización de nuestras elecciones para asegurar que su partido permanezca en el poder durante los próximos años».

Davis dijo en una declaración del 17 de agosto que la propuesta «cambiaría fundamentalmente la forma en que se llevan a cabo todas las elecciones en este país, se está presentando apresuradamente en la cámara sin una revisión o siguiendo el orden normal. Eliminar la capacidad de los estados para decidir sus propias elecciones es una clara violación de la Constitución».

Ken Cuccinelli, presidente nacional de la Iniciativa para la Transparencia Electoral, con sede en Arlington, Virginia, dijo a The Epoch Times el 18 de agosto que la HR4 aborda un problema que ya no existe.

«Todo el asunto opera sobre la suposición tácita de que la votación para las minorías se ha vuelto peor hoy que en 1965», dijo Cuccinelli, quien fue fiscal general de Virginia antes de la decisión del Condado de Shelby en 2013.

Cuccinelli participó en el proceso de autorización previa establecido por la VRA, que permitía a ciertas jurisdicciones recibir la aprobación del DOJ para cualquier cambio en la ley electoral.

«Esa es la suposición subyacente del proyecto de ley y es patentemente falsa, y gracias a Dios que lo es. Deberíamos estar orgullosos del progreso. Literalmente, nunca ha sido tan fácil votar o registrarse para votar, independientemente del lugar en el que se viva en Estados Unidos», dijo.

También hay una disposición en la HR4 que autoriza al DOJ a considerar cuántas veces se han demandado las leyes o procedimientos electorales de una jurisdicción, sin tener en cuenta el resultado final del litigio, según Garrett Bess, vicepresidente de Heritage Action for America.

«Básicamente, ni siquiera tienes que haber sido juzgado por haber intentado perjudicar el derecho al voto de un ciudadano: Solo tienes que tener un cierto número de demandas presentadas contra ti», dijo Bess a The Epoch Times.

«Si se presenta un número de demandas en tu contra, eso puede ser una base para que el DOJ ponga tu jurisdicción en preautorización. Ni siquiera tienen que pasar por todo el proceso, solo tienen que ser presentadas, es increíble».


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