Denuncian a la Corte Suprema que varios laboratorios tienen cuotas raciales para partes de bebés abortados

Por Mark Tapscott
06 de Agosto de 2021 8:15 AM Actualizado: 06 de Agosto de 2021 8:15 AM

Los magistrados de la Corte Suprema fueron informados el 4 de agosto en un escrito amicus curiae que algunos laboratorios de investigación médica utilizan cuotas raciales en la compra de partes del cuerpo de bebés no nacidos asesinados por desmembramiento en vivo en abortos.

“A pesar de que los bebés de 4 meses en el vientre materno se mueven, patalean, se chupan el pulgar, tienen hipo y demuestran un latido del corazón y ondas cerebrales fácilmente discernibles, y a pesar de que la Constitución garantiza que ‘ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria’ existirán en Estados Unidos ni que ninguna persona será privada de la vida sin las debidas garantías procesales … estos mismos niños pueden ser asesinados rutinariamente a través de abortos con desmembramiento en vivo o traficados y vendidos para uso experimental”, afirmaba el escrito, que fue presentado en nombre del periodista David Daleiden y del Center for Medical Progress (CMP).

“Estos abortos ya afectan de forma desproporcionada a las comunidades pobres y minoritarias, y algunos laboratorios establecen específicamente cuotas de fetos abortados en función de la raza”.

El escrito fue preparado por el Freedom of Conscience Defense Fund en colaboración con la Sociedad Thomas More, un bufete de abogados con sede en Chicago que se especializa en casos de libertad religiosa.

El escrito se presentó ante el tribunal en el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, en el que el estado de Misisipi defiende su ley recientemente promulgada que prohíbe todos los abortos después de la 15ª semana de embarazo.

El estado también ha animado al alto tribunal a revocar su decisión Roe contra Wade de 1973, que legalizó el aborto en todo el país. Se estima que 60 millones de bebés no nacidos han muerto desde entonces como resultado de los abortos electivos que la decisión hizo legales.

El escrito señalaba además que “la gran mayoría de los estados de la unión, incluido Misisipi, además del gobierno federal de los Estados Unidos, reconocen a los niños no nacidos antes de la viabilidad como seres humanos bajo la ley igual que cualquier otro, a efectos de protección contra la violencia física y las lesiones”.

“Sin embargo, debido a los anticuados precedentes sobre el aborto de la era de 1900 de este Tribunal, en ausencia de leyes como la de Misisipi, las leyes sobre los no nacidos víctimas de la violencia no protegen a las mismas víctimas no nacidas de la violencia de los negocios depredadores que operan con el propósito explícito de matarlos mediante el aborto y venderlos para la experimentación”.

Daleiden y CMP llamaron por primera vez la atención sobre este tema a nivel nacional en 2015 con la publicación de una serie de videos que el periodista grabó en secreto durante sus entrevistas con una serie de representantes de Planned Parenthood Federation of America, el mayor proveedor de abortos del país, y con otras personas del sector.

Daleiden y varios asociados han sido acusados de múltiples delitos por el ex fiscal general de California, Xavier Becerra, y por su predecesora en ese cargo, la vicepresidenta Kamala Harris. Los casos están en proceso de apelación. También fueron demandados en un tribunal civil por Planned Parenthood. Esta última ganó una sentencia de 2.3 millones de dólares que también está siendo apelada.

Los argumentos presentados en el escrito van precedidos de una cita de la Dra. Deborah Nucatola, directora principal de Servicios Médicos de Planned Parenthood, a quien se ve en los videos diciendo: “Hemos sido muy buenos en conseguir el corazón, el pulmón, el hígado, porque sabemos, así que no voy a aplastar esa parte; básicamente voy a aplastar por debajo, voy a aplastar por encima, y voy a ver si puedo conseguirlo todo intacto”.

Nucatola se refería a preservar los principales órganos del torso del bebé no nacido, para poder venderlos a empresas de investigación médica y a sus laboratorios.

El alto tribunal aceptó escuchar el caso Dobbs en mayo, después de que la ley de Misisipi fuera adoptada y luego impugnada por la única clínica abortista del estado.

En un escrito presentado en oposición a la petición del estado para que el alto tribunal escuche su apelación a las sentencias de los tribunales inferiores, los abogados de Jackson Women’s Health Organization argumentaron que la ley de Misisipi que prohíbe los abortos después de las 15 semanas viola el principio fundamental en el que se basa el caso Roe contra Wade y los casos posteriores basados en él.

El más alto tribunal de la nación sostuvo en Roe contra Wade que antes de que el bebé no nacido alcance la “viabilidad” —el punto antes del cual no podría sobrevivir fuera del útero— solo la madre puede decidir si continúa el embarazo.

“Roe” y “Casey”, y los casos posteriores del Tribunal, son claros: antes de la viabilidad, es la persona embarazada, y no el Estado, quien debe tomar la decisión final de continuar un embarazo. Una prohibición del aborto antes de la viabilidad contraviene incuestionablemente este principio fundamental de la jurisprudencia del Tribunal sobre el aborto”, argumentaba el escrito de la clínica.

“Antes de la viabilidad, los intereses del Estado, sean los que sean, no pueden anular los intereses de una persona embarazada en cuanto a su libertad y autonomía sobre su propio cuerpo”.

“Planned Parenthood of SE. Pa. contra Casey” fue una decisión de la Corte Suprema de 1992 que confirmó a Roe.

La Sociedad Thomas More presentó por separado un amicus curiae en el caso Dobbs en nombre del Dr. Steve Jacobs y de Illinois Right to Life. En su escrito, la sociedad argumentó: “Este caso presenta al Tribunal una oportunidad única para corregir un error judicial de proporciones históricas, un error que ha provocado la muerte de más de 60 millones de niños no nacidos. Roe contra Wade debe y tiene que ser anulado”.

El escrito argumentó que Roe debe ser anulado porque el tribunal en la decisión afirmó incorrectamente que la mayoría de los estados mantuvieron hasta después de la Guerra Civil la norma de la Common Law inglesa del “quickening” —el primer momento en que una futura madre siente que su bebé no nacido se mueve— como el momento a partir del cual el aborto era ilegal.

El escrito de More señalaba que “a finales de 1849, 18 de los 30 estados habían promulgado leyes que prohibían el aborto, y a finales de la Guerra Civil, 27 de los 36 estados lo habían hecho”.

“A finales de 1868, el año en que se ratificó la 14ª Enmienda, 30 de los 37 estados habían promulgado tales estatutos, incluyendo 25 de los 30 estados ratificantes, junto con seis de los 10 territorios federales.

“La adopción generalizada de estas leyes antes de la ratificación de la 14ª Enmienda en 1868 socava la conclusión del Tribunal en Roe de que ‘el derecho a la intimidad (…) fundado en el concepto de libertad personal de la 14ª Enmienda abarca la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo'”.

Dado que, entre otros argumentos, la conclusión del tribunal en Roe de un derecho a obtener un aborto bajo la protección de la privacidad de la 14ª Enmienda se basó en una lectura errónea de los precedentes legales, la decisión de 1973 debe ser anulada, según el escrito.

Puede contactar con el corresponsal del Congreso Mark Tapscott en: [email protected]. Sígalo en Twitter en @mtapscott y en Parler en @Mtapscott.


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