Denunciante revela cómo fue silenciada tras exponer la influencia de China en la ONU

Por Alex Newman
01 de Febrero de 2020
Actualizado: 01 de Febrero de 2020

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está bajo fuego después de ser expuesta por dar nombres de disidentes y activistas de derechos humanos al régimen comunista chino, y luego por perseguir al denunciante que expuso el escándalo.

Entre aquellos que el régimen persiguió con ayuda de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se encontraban musulmanes uigures, activistas pro-Tíbet y otros que planeaban exponer los abusos de Beijing en un testimonio ante los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra.

En algunos casos, las autoridades chinas impidieron que las personas cuyos nombres fueron dados al régimen testificaran.

Los familiares de los implicados que todavía estaban en China también fueron secuestrados, torturados y, en algunos casos, asesinados durante la detención, según la denunciante y otras fuentes.

En al menos un caso, el disidente identificado por las Naciones Unidas fue detenido antes de salir de China y murió bajo custodia.

El escándalo se produce en medio de la creciente preocupación mundial por la cada vez mayor influencia de la China comunista en la ONU.

Ahora, después de negarse a proteger a la denunciante en el caso, el sistema de justicia interno de la ONU, que se supone debe proteger a los denunciantes de las represalias, también está bajo escrutinio.

Los críticos y analistas incluso dicen que es hora de una intervención externa.

Un juez de la ONU que debía fallar en el caso, probablemente a favor de la denunciante, fue misteriosamente removido de su cargo con 24 horas de anticipación.

En entrevistas con The Epoch Times, la denunciante involucrada y expertos en el sistema de justicia interna de la ONU, dijeron que el caso plantea serias preocupaciones sobre la corrupción sistémica dentro de la organización.

“La ONU no debería facilitar la identificación de las víctimas de genocidio, y eso no debería ser una declaración controvertida”, dijo Emma Reilly, la denunciante involucrada. “Todo lo que la ONU tenía que hacer era dejar de entregar nombres a China”.

En cambio, la ONU gastó millones de dólares defendiendo esa política y demonizando a la persona que expuso todo mientras la desmentía públicamente, dijo.

“Y ninguno de los gestores responsables de esto se enfrentará a la más mínima consecuencia”, añadió Reilly.

Entre otras cuestiones, Reilly y otros que hablaron con The Epoch Times, sugirieron que la corrupción que llevó a esta última serie de escándalos explosivos se ha vuelto omnipresente en el sistema de la ONU.

Solo una intervención externa podrá limpiar el desastre, dijeron.

Emma Reilly descubre el escándalo

A principios de 2013, Reilly, una joven irlandesa apasionada por los derechos humanos, asumió la responsabilidad de ser el enlace con las organizaciones no gubernamentales (ONG) dentro de la Subdivisión del Consejo de Derechos Humanos del ACNUDH.

Su jefe, el líder de la sección, le dio instrucciones para que se asegure que los nombres de los disidentes chinos fueran entregados al régimen de Beijing.

Naturalmente, Reilly se sorprendió.

“Lo reporté inmediatamente”, dijo Reilly a The Epoch Times, confirmando un largo rastro de documentos y correspondencia que comenzó alrededor de esa época.

Primero, Reilly lo reportó al superior del jefe de la sección. Cuando eso falló, lo reportó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en ese momento, así como a la Oficina de Ética de las Naciones Unidas.

Según Reilly, la respuesta del jefe de Ética fue “ambos sabemos cómo funciona la ONU”, y que ella “debería usar la información para sobornar al jefe de la Oficina para asegurar un ascenso”.

“Así de profunda es la putrefacción”, dijo Reilly en una entrevista.

Finalmente, después de hacer todo lo posible para evitar que Beijing se apoderara de esos nombres, Reilly también informó a los funcionarios de la delegación de la Unión Europea.

“El jefe de sección simplemente les mintió y fingió que esto no estaba sucediendo”, recordó Reilly.

Las reacciones

Después de intentar detener el abuso y exponerlo, la vida de Reilly cambiaría para siempre.

Siguiendo un patrón que se ha desarrollado en la ONU, se enfrentó a represalias extremas.

“He sido aislada, privada de funciones, trasladada por la fuerza a puestos inexistentes sin funciones, difamada por periodistas y ONG, y más”, declaró Reilly.

En un momento dado, a sabiendas de que Reilly padece una enfermedad autoinmune que puede requerir atención médica de urgencia, los funcionarios de las Naciones Unidas incluso intentaron trasladarla por la fuerza a Mauritania, que no tiene un sistema de atención sanitaria que funcione.

Y todas estas represalias fueron dirigidas desde arriba, dijo.

Entre los responsables, Reilly nombró al entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas Zeid Ra’ad Al Hussein, un príncipe islámico que ha puesto al mismo nivel las tácticas del presidente de Estados Unidos Donald Trump y otros líderes políticos occidentales, con las utilizadas por el Estado Islámico (ISIS).

También estaba implicada la ayudante del príncipe Zeid, Kate Gilmore.

“Tuve una carrera brillante y fui muy respetada en la ONU hasta el momento en que di el aviso”, continuó Reilly. “Sabía las probables consecuencias, pero no podía quedarme sin hacer nada”.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se dirige a la 37ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 26 de febrero de 2018 en Ginebra (Jean-Guy Python/AFP a través de Getty Images)

¿Por qué hacerlo?

En cuanto a por qué Reilly decidió actuar a pesar de conocer los riesgos, para ella era obvio.

“Era tan claramente lo contrario de lo que la oficina de derechos humanos de la ONU debería estar haciendo”, dijo.

La denuncia de Reilly sobre el escándalo llevó a intercambios de correos electrónicos entre otros en la oficina de la ONU discutiendo si era o no apropiado dar los nombres a Beijing.

Alrededor de 20 personas — la mayoría altos directivos— fueron copiados en los correos electrónicos debatiendo la entrega de los nombres de los disidentes chinos a sus perseguidores.

Reilly era en realidad la persona más joven de la lista, y la única que finalmente habló de ello.

Sin embargo, mientras esos correos electrónicos se intercambiaban, Reilly descubrió que el plan se había estado llevando a cabo hace tiempo, “probablemente desde el establecimiento del Consejo”, dijo.

“Era, y creo que aún es, política”, continuó Reilly, señalando que, en los documentos del tribunal, la ONU argumentó que era “irrazonable” que ella se opusiera a esto.

Los documentos muestran que el Oficial de Ética de la ONU asignado al caso reconoció por escrito que Reilly creía que la política era contraria a las normas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al principio fundamental de “no hacer daño” en el trabajo de derechos humanos y una violación de las obligaciones de confidencialidad de la ONU.

Pero para la ONU, era “irrazonable” creer que esos elevados principios podían “superar” la posibilidad de mejorar las relaciones entre la China comunista y la ONU.

Los altos directivos de la ONU sabían todo sobre la transferencia de nombres a Beijing, según la Oficina de Ética. Como tal, no debía ser un asunto tan importante, por lo que Reilly no tendría derecho a la protección de denunciantes.

“Sigo sin ver la lógica de por qué está bien la corrupción sistémica y la sumisión a la interferencia china”, dijo Reilly, que trabajó con Amnistía Internacional en Hong Kong y por lo tanto está muy familiarizada con los peligros a los que se enfrentan los disidentes chinos.

Si tuviera que volver a hacerlo, Reilly volvería para romper las reglas y hacer públicos de inmediato esos intercambios de correos electrónicos sobre el tema, dijo a The Epoch Times.

Proceso falso

Después de casi 7 años de sufrir represalias y abusos por sus denuncias, el caso de Reilly fue finalmente escuchado en junio de 2019.

“El enfoque de las Naciones Unidas respecto de los denunciantes de irregularidades consiste en hacer caso omiso de todas sus normas internas, y de todos los plazos, y prolongar las represalias el mayor tiempo posible con la esperanza que el funcionario dimita o sea declarado culpable en una investigación falsa”, dijo, haciéndose eco de las experiencias de otros denunciantes de las Naciones Unidas que han tratado de hacer lo correcto.

Debido a la inmunidad diplomática, no es posible que las víctimas demanden a la ONU. Eso significa que Reilly y las víctimas chinas estaban a merced de un tribunal de la ONU en el que la propia ONU establece las reglas y las cambia a voluntad.

Para ganar en lo que los críticos se han referido como el tribunal canguro de la ONU, tendría que probar un incumplimiento de contrato—no que la ONU estaba entregando nombres de disidentes chinos y luego castigando a la persona que hizo la denuncia.

“El juez estaba claramente sorprendido por lo que estaba escuchando”, dijo Reilly.

Pero todo el proceso fue una gran farsa, sugirió.

“La ONU retuvo importantes pruebas e intentó convertir todo el caso en un debate sobre mi personalidad, como si de alguna manera fuera aceptable que la ONU se dedicara a una práctica secreta de facilitar la identificación de las víctimas del genocidio en curso de Xinjiang, si yo, como se alega, una vez cogí un documento de la mano de alguien demasiado rápido”, continuó Reilly.

Increíblemente para los observadores externos, cuando parecía que el “juez” de la ONU podría fallar a favor de Reilly, el juez fue retirado del caso y de su puesto con menos de 24 horas de antelación, por lo que no tendría tiempo de emitir un fallo.

Este mismo mes, el nuevo juez de la ONU asignado al caso emitió una orden pidiendo escuchar a una lista de “testigos casi exclusivamente hostiles”, explicó Reilly.

“Cuando las Naciones Unidas se dieron cuenta que podían correr el riesgo de que una sentencia embarazosa revelara el encubrimiento, destituyeron al juez y le asignaron uno que les diera efectivamente una segunda oportunidad de volver a juzgar el caso, llamando a testigos en su favor y cambiaron el enfoque de poner activamente en peligro la vida y la seguridad de personas al hecho de que a las personas que lo hicieron no les gusté una vez que se enteraron de mis denuncias”, dijo Reilly al resumir los acontecimientos kafkianos.

“Esto es una completa parodia de la justicia”, añadió.

Permeada por la corrupción

Por supuesto, Reilly no es la primera denunciante que se enfrenta a tal tratamiento de la ONU.

De hecho, otro denunciante de alto perfil, el funcionario de derechos humanos de la ONU Anders Kompass, se enfrentó a una persecución similar después de denunciar la violación generalizada de niños africanos por parte de las tropas de “mantenimiento de la paz” de la ONU.

Los correos electrónicos filtrados revelaron más tarde que los más altos niveles de la administración de la ONU se juntaron en una reunión secreta en Turín, Italia, para planear su destrucción.

En una explosiva carta de dimisión, Kompass hizo estallar la corrupción sistémica y los mecanismos de supervisión interna de la ONU. También expresó dudas de que la ética pudiera o debería volver a la ONU.

Incluso la exjefa de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU, la Secretaria General Adjunta Inga-Britt Ahlenius, habló sobre el caso, diciendo que mostraba una “decadencia de la cultura en la ONU”.

“Esta gente estaba conspirando contra Kompass, y estas son las autoridades supremas de la ONU”, explicó en una entrevista en 2015.

“El asunto de la República Centroafricana es una señal que muestra cómo se tendrá que exigir realmente la rendición de cuentas a las Naciones Unidas”, continuó Ahlenius. “No vendrá por sí sola”.

Otra tragedia que se remonta a los inicios de la ONU involucró al denunciante Povel Bang-Jensen de Dinamarca.

El mismo denunció un encubrimiento de la ONU de las atrocidades soviéticas en Hungría, un escándalo que también involucró a la organzación dando nombres de testigos a sus perseguidores comunistas, antes de ser perseguido despiadadamente por la ONU.

Eventualmente, Bang-Jensen terminó muerto en un altamente sospechoso “suicidio”.

Reilly dijo que su caso no era una anomalía.

“Es sistémico”, dijo. “El sistema de ‘protección’ está diseñado para fallar. No es un caso de incompetencia, sino de malicia”.

Señaló el caso del Kompass como otro ejemplo.

“La investigación independiente sobre el tratamiento de Kompass determinó que el príncipe Zeid lo había perseguido con una determinación resuelta”, dijo. “Su persecución hacia mí fue igualmente determinada, pero nunca enfrentó ninguna consecuencia en absoluto y así continuó tomando represalias”.

Anders Kompass, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, pronuncia un discurso durante la presentación del informe de Yakin Erturk, “Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias”, en Guatemala City, el 17 de abril de 2007. (Orlando Sierra / AFP a través de Getty Images)

Reilly sostuvo que se necesitaba una responsabilidad personal y genuina para los responsables.

“Y la ONU no puede seguir vigilándose a sí misma”, dijo, pidiendo al Congreso de Estados Unidos y a la administración que desempeñen un papel para garantizar la protección efectiva de los denunciantes. “Tiene que haber una auténtica supervisión externa”.

Otros estados miembros también deben desempeñar un papel.

“En ausencia de una supervisión externa, los denunciantes son la única manera en que los estados miembros pueden averiguar si se están produciendo abusos”, dijo Reilly. “Los estados miembros deben actuar en base a la información que los denunciantes de irregularidades les dan”.

Los expertos externos están de acuerdo

El abogado internacional con sede en Ginebra, Edward Flaherty, que tiene conocimiento del caso en cuestión, pero no representa a Reilly, dijo que su caso pone de relieve los problemas sistemáticos dentro de las Naciones Unidas que deben abordarse.

“El inquietante caso de Emma Reilly muestra lo ineficaz que es hoy la protección de los denunciantes en la ONU”, dijo Flaherty a The Epoch Times.

Reilly informó que el aparato de derechos humanos de la ONU estaba entregando secretamente información sobre activistas de derechos humanos al régimen chino, “resultando en la detención arbitraria e incluso la tortura de ellos o sus familiares”, relató.

Sin embargo, “todos los órganos internos de supervisión de la ONU simplemente dijeron que estaba bien y la dejaron enfrentarse a repetidas represalias de manos de altos funcionarios de la ONU que han durado años”.

Flaherty, quien ha seguido los acontecimientos en este caso y ha trabajado en otras denuncias de denunciantes relacionadas con la ONU, expresó su sorpresa por la decisión de la ONU de destituir al juez.

“Este fue un acto claramente diseñado para asegurar que no tendría tiempo de emitir su fallo que, basado en una sentencia anterior que involucraba a Reilly, presumiblemente iba a ir de nuevo en contra de la ONU”, dijo Flaherty de la firma Schwab, Flaherty et Associes en Suiza.

“Esta acción violó todos los principios de independencia del poder judicial”, continuó. “Pero el tribunal de apelación de la ONU la semana pasada dio el visto bueno a la destitución del juez, alegando que era simplemente el final de su mandato, sin preguntar por qué nadie de la ONU se había molestado en avisar al juez con antelación de su inminente destitución”.

Independientemente de cuáles sean las políticas de la ONU sobre el papel, Flaherty dijo que está claro que los “llamados procedimientos internos de protección de denunciantes” de la ONU están “diseñados y operados únicamente para proteger a los altos funcionarios de la ONU, no para determinar la verdad o detener los abusos de poder”.

Como tal, existe una “necesidad desesperada” de supervisión externa de las Naciones Unidas.

Este mecanismo de supervisión externa, concluyó, debe tener el poder de ordenar la rendición de cuentas de los administradores de la ONU que entregan los nombres de los disidentes a Beijing, que ignoran la violación de niños por parte de las tropas de “mantenimiento de la paz” de la ONU, que supervisan la introducción por parte de las fuerzas de la ONU de enfermedades mortales como el cólera en lugares como Haití, que malversan el dinero de los contribuyentes o que toman represalias “despiadadas” contra denunciantes como Reilly.

Después de trabajar estrechamente con los denunciantes que exponen crímenes atroces, otro experto, el abogado y exinvestigador interno de la ONU Peter Gallo, hizo eco de esas preocupaciones.

“La ONU ha hecho todo lo posible para tergiversar los hechos, suprimir esta historia y tomar represalias contra la Sra. Reilly por haber informado que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estaba en realidad —en lugar de defender a las personas que luchan por defender los derechos humanos— cooperando con los gobiernos que abusan de ellos”, dijo a The Epoch Times.

La ONU, señaló, quería ignorar el riesgo de que la gente en China fuera torturada o muriera de malos tratos en un esfuerzo por asegurar que China fuera elegida para el Consejo de Derechos Humanos.

“Esta es una perversión total que muestra lo inútil que es el Consejo de Derechos Humanos”, dijo Gallo, quien lidera el grupo de defensa “Escucha sus lamentos” que apoya a las víctimas de los abusos de la ONU.

El caso de Reilly, como el de muchos otros denunciantes antes que ella, muestra “la absoluta hipocresía de cada faceta de lo que la ONU elige llamar su ‘sistema de justicia'”, continuó Gallo, diciendo que debería ser un “caso de estudio obligatorio” para cualquiera que considere que la ONU es una fuerza para el bien en el mundo.

Señalando la destitución del juez de la ONU, Gallo lo calificó de “escandaloso”, añadiendo que va en contra de todo principio de justicia.

“Es difícil tomar estas cosas en serio”, añadió.

“Es importante darse cuenta de que no se trata de una irrelevancia administrativa menor en un cuarto trasero de una burocracia cada vez más disfuncional”, concluyó Gallo. “Por eso el personal de la ONU en todo el mundo no informará sobre el número de mujeres y niños violados por el personal de la ONU. Por eso no informarán sobre la corrupción o el alcance total de los abusos de los derechos humanos en zonas de conflicto, y así es como el resto del mundo se mantiene en la oscuridad sobre la situación de la seguridad en muchos de estos países”.

Cuando The Epoch Times pidió respuestas a las acusaciones de Reilly, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declinó la oportunidad de hacer comentarios.

“Dado el actual litigio sobre las reclamaciones asociadas con la Sra. Reilly, no sería apropiado que la Oficina hiciera más comentarios en este momento”, dijo un portavoz de la sección de medios de comunicación de la OACDH.

No está claro cuándo, o si alguna vez, el caso puede ser resuelto, o si alguien aparte de Reilly puede ser considerado responsable.

Alex Newman es un galardonado periodista internacional, educador, autor y consultor. Se desempeña como CEO de Liberty Sentinel Media y escribe para diversas publicaciones en los Estados Unidos y en el extranjero.

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