El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó el viernes una demanda contra Georgia por una ley electoral recientemente aprobada en el estado, anunció el fiscal general Merrick Garland, quien alegó que es una violación de las protecciones de la Ley de Derecho al Voto para los votantes minoritarios.
«Donde veamos violaciones de la ley federal, actuaremos», dijo Garland en una conferencia de prensa el viernes, describiendo la nueva demanda como «el primero de muchos pasos que estamos dando para asegurar que todos los votantes elegibles puedan emitir un voto».
La medida del Departamento de Justicia es la primera respuesta federal a la presión ejercida por las legislaturas estatales lideradas por los republicanos para que haya más regulaciones en torno a las elecciones, incluyendo la obligatoriedad de las populares leyes de identificación de votantes, cambios en las reglas en torno al voto por correo, procesos mejorados de verificación de firmas, auditorías y más. Los demócratas, por su parte, han impulsado una amplia legislación que intentaría ampliar el acceso al voto, al mismo tiempo que rechazan los controles en torno a la identificación de los votantes, al voto por correo y otras leyes propuestas.
Durante el anuncio del viernes, Garland pareció repetir la retórica de los demócratas que argumentan que la ley electoral de Georgia violaría los derechos de los negros y otros grupos minoritarios.
«Estamos sometiendo a escrutinio las nuevas leyes que pretenden frenar el acceso de los votantes, y cuando veamos violaciones de la ley federal, no dudaremos en actuar», dijo Garland. «También estamos examinando las leyes y prácticas actuales, para determinar si discriminan a los votantes negros y a otros votantes de color».
El fiscal general no dio más detalles sobre la afirmación de que la ley viola los derechos de los grupos minoritarios durante la conferencia de prensa. El gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, ya había negado categóricamente que la ley pusiera en peligro el derecho al voto de las minorías.
El viernes, en una declaración a The Epoch Times, Kemp criticó la demanda del DOJ por ser producto «de las mentiras y la desinformación que la Administración Biden ha impulsado contra la Ley de Integridad Electoral de Georgia desde el principio».
«Ahora», agregó su declaración, «están convirtiendo en un arma al Departamento de Justicia de EE. UU. para llevar a cabo su agenda de extrema izquierda que socava la integridad de las elecciones y fortalece la extralimitación del gobierno federal en nuestra democracia».
La demanda se produce unos tres meses después de que Kemp promulgara la ley, que había sido aprobada por la legislatura controlada por el Partido Republicano.
En términos generales, la ley obliga a presentar una licencia de conducir de Georgia o una identificación emitida o aprobada por el estado para poder votar en ausencia por correo, sustituyendo el anterior proceso de coincidencia de firmas que estaba en vigor y que fue ridiculizado por Kemp y los legisladores del GOP. Entre otras medidas, también limita el uso de los buzones de votación.
En los últimos meses, Kemp ha defendido repetidamente la ley, afirmando que los demócratas, incluido el presidente Joe Biden, la han caracterizado incorrectamente de forma deliberada. Biden y otros demócratas han dicho que la ley invoca las leyes de la era de Jim Crow que impusieron la segregación.
“Es obvio que ni el presidente Biden ni sus colaboradores han leído realmente la ley SB 202, que firmé ayer”, dijo Kemp en un comunicado enviado por correo electrónico a The Epoch Times. “Este proyecto de ley amplía el acceso al voto, agiliza los procedimientos de recuento de votos y garantiza la integridad electoral”.
La demanda y el anuncio de Garland también se produjeron después de que el Senado no consiguiera hacer avanzar un amplio proyecto de ley electoral respaldado por los demócratas después de que los republicanos invocaran el filibusterismo. También en este mes, Garland pronunció un importante discurso político y se comprometió a hacer de las leyes electorales una de las principales prioridades de su departamento.
Georgia no es la única que ha promulgado una ley sobre la integridad de las votaciones. En mayo, el gobernador de Florida Ron DeSantis, un republicano, firmó una ley similar, mientras que otras legislaturas estatales en todo el país están considerandolas.
La nueva demanda del Departamento de Justicia está a cargo de Kristen Clarke, la jefa de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, la fiscal general asociada Vanita Gupta y la fiscal general adjunta principal Pamela Karlan.
«Las disposiciones que estamos impugnando reducen el acceso al voto en ausencia en cada paso del proceso, empujando a más votantes negros a votar en persona, donde tendrán más probabilidades que los votantes blancos de hacer largas filas», dijo Clarke el viernes al criticar la ley, añadiendo que se prohíbe a los grupos de ciudadanos repartir comida y agua a las personas que esperan en la fila. Kemp y los republicanos han negado la afirmación sobre las filas.
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