El Departamento de Justicia (DOJ) ha entregado una versión sin editar del informe del exabogado especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa a un juez federal que ordenó revisarlo a principios de este mes.
Los abogados del DOJ notificaron al juez en una presentación a la Corte del Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia sobre la entrega de los documentos. Los documentos se presentaron a la Corte en virtud de dos órdenes del juez Reggie Walton del 16 de marzo.
«De conformidad con esas órdenes e instrucciones de las cámaras, el 30 de marzo de 2020, el abogado suscrito entregó personalmente dos copias en papel y una copia electrónica de los dos documentos en cuestión a las cámaras», decía el expediente de la Corte.
Walton había ordenado al departamento que presentara la versión no editada del informe Mueller a la corte para una «revisión a puerta cerrada», lo que significa que el juez tendrá la oportunidad de revisar el documento en privado. También ordenó que se presentaran «copias sin editar de las dos últimas páginas de su elaboración del 10 de octubre de 2019» para que la Corte las revisara en privado.
Las órdenes surgieron de una querella por libertad de información presentada por Buzzfeed, su periodista de investigación Jason Leopold, y el Centro de Información de Privacidad Electrónica (EPIC), un centro de investigación sin fines de lucro. EPIC dijo en una presentación judicial del 24 de junio (pdf) que el manejo del DOJ de la publicación del informe proporciona «evidencia tangible de la mala fe de la agencia».
Una abogada principal del Departamento de Justicia, Vanessa Brinkmann, señaló en la carta de presentación de los documentos, con fecha del 25 de marzo, que en el informe se destacan las partes previamente redactadas y que en el margen derecho o izquierdo del informe se indica la correspondiente exención de la Ley de libertad de información. Algunas de las exenciones previstas en la ley incluyen las redacciones para proteger la información de identificación personal de los individuos, la información del gran jurado federal y las fuentes y métodos de inteligencia.
Aunque se ha entregado el informe, Walton señaló que la Corte no podría revisar el documento inmediatamente debido a la pandemia del virus del PCCh.
«De acuerdo con la notificación del demandado de la presentación de documentos para su revisión a puerta cerrada, la Corte ha recibido la versión no editada del informe relativo a la investigación del abogado especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016», escribió Walton en una orden de acta el 30 de marzo.
«Sin embargo, a la luz de la Orden del 16 de marzo de 2020 del Juez Principal Howell relativa a las operaciones de la Corte en circunstancias exentas creadas por la pandemia de COVID-19, Orden Permanente No. 20-9 (BAH), la revisión de la Corte a la versión no editada del Informe Mueller no puede ocurrir hasta que la Corte reanude sus operaciones normales el 20 de abril de 2020, a menos que las operaciones normales de la Corte se suspendan aún más debido a la pandemia de COVID-19», agregó.
Walton, nombrado por Bush, tuvo varias quejas sobre el manejo del Fiscal General William Barr de la publicación del informe Mueller. Señaló que había inconsistencias entre el informe y el resumen de Barr de los resultados de la investigación que proporcionó antes de la publicación del informe.
«La rapidez con la que el Fiscal General Barr hizo público el resumen de las principales conclusiones del Asesor Especial Mueller, junto con el hecho de que el Fiscal General Barr no proporcionó una representación exhaustiva de las conclusiones expuestas en el Informe Mueller, hace que la Corte se cuestione si la intención del Fiscal General Barr era crear una narrativa unilateral sobre el Informe Mueller —una narrativa que, en algunos aspectos, claramente se contradice de forma sustancial con la versión redactada del Informe Mueller», dijo Walton (pdf).
También planteó la preocupación de que las declaraciones de Barr antes de la publicación de los informes se hicieron en un intento de «influir en el discurso público sobre el informe Mueller a favor del presidente Trump».
«Las contradicciones entre las declaraciones del Fiscal General Barr, hechas en un momento en que el público no tenía acceso a la versión redactada del Informe Mueller para evaluar la veracidad de sus declaraciones, y las partes de la versión redactada del Informe Mueller que contradicen esas declaraciones hacen que la Corte se cuestione seriamente si el Fiscal General Barr hizo un intento calculado de influir en el discurso público sobre el Informe Mueller a favor del presidente Trump a pesar de ciertas conclusiones en la versión redactada del Informe Mueller en sentido contrario», escribió Walton.
La portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, rechazó la opinión de Walton un día después diciendo que las afirmaciones de la Corte eran «contrarias a los hechos».
«Las redacciones originales del informe público fueron hechas por los abogados del Departamento, en consulta con miembros de alto nivel del equipo del Asesor Especial Mueller, fiscales de las Oficinas del Fiscal de Estados Unidos y miembros de la Comunidad de Inteligencia», dijo Kupec en un comunicado.
«En respuesta a las solicitudes de la FOIA, todo el informe fue revisado por abogados de carrera, incluidos diferentes abogados de carrera con experiencia en casos de la FOIA —un proceso en el que el fiscal general no desempeñó ningún papel. No hay ninguna base para cuestionar el trabajo o la buena fe de ninguno de estos abogados de carrera del Departamento», señaló.
Añadió que el Departamento de Justicia respalda su trabajo, así como a las declaraciones y esfuerzos de Barr para proporcionar transparencia en relación con el informe.
El informe Mueller, publicado el pasado mes de abril, «no estableció» que la campaña de Trump y Rusia hayan conspirado o coordinado para influir en las elecciones presidenciales de 2016. Además, Mueller no determinó si el presidente obstruía la justicia, diciendo más tarde que se debía a una política del Departamento de Justicia que prohíbe acusar a un presidente en ejercicio de un delito federal.
Petr Svab contribuyó a este informe.
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