El Departamento de Justicia (DOJ) presentó el viernes una moción en la que solicita a una corte federal de apelaciones que acelere su apelación en contra del nombramiento del perito especial que está revisando los documentos que el FBI incautó en la propiedad del expresidente Donald Trump de Mar-a-Lago, Palm Beach.
El Departamento de Justicia propuso el viernes que la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, con sede en Atlanta, ordene que todos los escritos se presenten ante la causa antes del 11 de noviembre, y que se celebre cualquier audiencia necesaria de la causa tan pronto como se completen esos escritos. Actualmente, la fecha límite para los escritos está programada para alrededor de un mes después, el 9 de diciembre, y los argumentos orales no han sido programados.
Los abogados de Trump se opusieron a la solicitud, dijo el gobierno.
Si la corte no acelera la apelación del Departamento de Justicia y no resuelve la causa, la revisión del perito especial «podría derivar en un litigio prolongado», argumentó el departamento en la presentación (pdf).
El Departamento de Justicia pretende detener la revisión del perito especial. En su presentación, señaló otra consecuencia que consideraría favorable: Si el tribunal de apelación finalmente dictamina que la revisión del perito especial puede continuar, pero que Trump no puede hacer valer el privilegio ejecutivo sobre cualquiera de los documentos —lo que significa que solo podría hacer valer el privilegio abogado-cliente— tal fallo aún «reduciría sustancialmente los procedimientos del perito especial».
En la presentación, el Departamento de Justicia (DOJ) se quejó de cómo, debido a las órdenes judiciales relacionadas con la revisión del perito especial, actualmente tiene prohibido el acceso a más de 11,000 materiales que no están marcados como clasificados, que el FBI incautó, lo que significa que «no puede examinar los registros que se mezclaron con los materiales que estaban marcados como clasificados».
Pero esos registros no clasificados «pueden arrojar luz, por ejemplo, sobre cómo los materiales que estaban marcados como clasificados fueron transferidos a la residencia [de Trump], cómo fueron almacenados y quién puede haber tenido acceso a ellos», dijo el DOJ. Los registros no clasificados también pueden constituir pruebas de posibles violaciones de los estatutos federales sobre obstrucción y ocultación o eliminación de registros gubernamentales, agregó.
El DOJ argumentó que un calendario acelerado para la presentación de los informes y argumentos permitiría, si su apelación tiene éxito en detener la revisión del perito especial, el «reanudar más rápidamente su investigación sin restricciones en su revisión y uso de las pruebas incautadas en virtud de la orden de allanamiento legal».
Antecedentes
El 8 de agosto, el FBI incautó miles de documentos sin previo aviso en Mar-a-Lago como parte de una investigación del DOJ sobre si Trump manejó mal los registros del gobierno y si trató de obstruir la investigación del DOJ. Christina Bobb, una abogada de Trump, dijo previamente a The Epoch Times que los agentes del FBI estaban «buscando registros presidenciales, lo que ellos consideraban que eran registros presidenciales y cualquier cosa que pudiera ser potencialmente marcada como clasificada».
El juez superior de distrito de Estados Unidos, Raymond Dearie, fue nombrado el 15 de septiembre como perito especial después de que Trump solicitara que un árbitro independiente revise los documentos incautados. Dearie tiene ahora la tarea de revisar todo el material que el FBI incautó en su redada de agosto, así como determinar si algún material no debe ser revisado por el DOJ porque está potencialmente cubierto por reclamos de privilegio abogado-cliente o privilegio ejecutivo. El examen está previsto que finalice el 16 de diciembre.
Al nombrar a Dearie como perito especial, la jueza de distrito Aileen Cannon también bloqueó temporalmente al DOJ para que continúe su revisión de los materiales incautados y utilice los materiales con fines de investigación, «a la espera de la finalización de la revisión del perito especial o de una nueva orden de la Corte».
Sin embargo, un panel de tres jueces del 11º Circuito de Apelaciones anuló por unanimidad el 21 de septiembre parte de la sentencia de la jueza Cannon, lo que permitió al Departamento de Justicia volver a tener acceso a los documentos con marcados como clasificados, que fueron incautados en la redada del FBI a Mar-a-Lago, de los que había un centenar.
El fallo de la corte correspondió a una petición de suspensión parcial del gobierno. El panel determinó que Cannon «probablemente se equivocó» en su orden de bloquear temporalmente al DOJ el uso de registros clasificados en su investigación criminal y exigirle que presente los documentos marcados como clasificados a un perito especial para su revisión. Su fallo significó que el DOJ puede ahora basarse en los materiales marcados como clasificados tomados en la redada del FBI como parte de su investigación, incluso referirse a los materiales para las entrevistas de los testigos, o presentar cargos ante un gran jurado.
El 22 de septiembre, la jueza Cannon impidió que el perito especial viera los documentos marcados como clasificados en Mar-a-Lago.
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