El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos presentó una apelación ante una corte federal para detener el empleo del perito especial que está revisando los documentos que se llevaron los agentes del FBI de la casa de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, en agosto.
El DOJ alegó que la decisión de la jueza federal de distrito, Aileen Cannon, de nombrar a un perito especial fue errónea, aduciendo que la decisión interfiere en su investigación. Los abogados del gobierno pidieron entonces a la Corte de Apelaciones del 11º Circuito que invalide la orden de Cannon, que fue dictada en septiembre.
«Las cortes de distrito no tienen autoridad equitativa general para supervisar las investigaciones penales federales», afirmó el DOJ (pdf) de acuerdo a los documentos judiciales presentados el viernes. «En su lugar, las impugnaciones al uso de las evidencias recuperadas en un allanamiento por parte del gobierno se resuelven a través de la práctica ordinaria de mociones penales, siempre y cuando se presenten cargos. En este caso, sin embargo, la corte de distrito concedió el recurso extraordinario interpuesto por el demandante».
Raymond Dearie, un juez con sede en Nueva York, fue designado el mes pasado para inspeccionar los miles de documentos incautados durante el allanamiento del 8 de agosto a Mar-a-Lago y para eliminar de la investigación los que puedan estar protegidos por reclamaciones de privilegio legal. El mes pasado, el 11º Circuito levantó una prohibición temporal que impedía al Departamento de Justicia utilizar los documentos incautados marcados como clasificados como parte de su investigación penal.
Si se permite que la revisión continúe, el perito especial tiene hasta el 16 de diciembre para completar su inspección de documentos, según la orden de la jueza Cannon.
Los abogados del Departamento de Justicia volvieron a la corte este viernes para pedir que se cierre toda la revisión del perito especial, diciendo que el juez que hizo el nombramiento no tenía ninguna base para hacerlo y que Trump no tiene derecho a una revisión independiente de los documentos incautados o a reclamar el privilegio sobre ellos.
Ellos escribieron que la jueza Cannon emitió «una orden sin precedentes (…) que restringe una investigación criminal en curso al prohibir al Poder Ejecutivo revisar y utilizar las pruebas» que se obtuvieron durante el allanamiento del FBI.
Un día antes, la Corte Suprema rechazó una solicitud de Trump para pedir al alto tribunal que intervenga en la disputa por el perito especial.
El Departamento de Justicia argumentó ante la Corte Suprema que la Corte del 11º Circuito consideró que la jueza Cannon causó «una intrusión grave e injustificada en la autoridad del Poder Ejecutivo para controlar el uso y la distribución de documentos gubernamentales extraordinariamente sensibles».
Funcionarios federales dijeron en la corte que están investigando si Trump violó la ley al llevar los documentos presidenciales, incluyendo unos 100 documentos supuestamente marcados como clasificados, a su propiedad de Florida después de que dejó la Casa Blanca el año pasado. Trump dijo en repetidas ocasiones que él desclasificó esos materiales mientras era presidente y argumentó que los demócratas han convertido al Departamento de Justicia en un arma para atacar a sus oponentes políticos.
Con información de The Associated Press
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