El Departamento de Justicia de Estados Unidos planteó el 5 de mayo su preocupación por la auditoría de las elecciones de 2020 que se está llevando a cabo en el condado de Maricopa, Arizona.
En una carta (pdf) dirigida a la presidenta del Senado de Arizona, Karen Fann, la fiscal general adjunta principal del Departamento de Justicia (DOJ), Pamela Karlan, citó informes periodísticos para preguntar sobre la custodia de las papeletas de votos que actualmente están siendo revisadas por un grupo de contratistas privados. Karlan también se quejó de que una parte del trabajo de auditoría, que implica el escrutinio de las direcciones de las papeletas, puede equivaler a una «intimidación de los votantes».
«La primera cuestión se refiere a una serie de informes que sugieren que las papeletas de votos, los sistemas electorales y el material electoral que son objeto de la auditoría del condado de Maricopa ya no están bajo el control final de los funcionarios electorales estatales y locales, no están siendo adecuadamente protegidos por los contratistas en una instalación insegura, y corren el riesgo de ser perdidos, robados, alterados, comprometidos o destruidos», escribió Karlan, citando un par de artículos de prensa como fuente de sus alegaciones.
Uno de los artículos citados por Karlan afirma que había fallas de seguridad en el proceso de auditoría. La única prueba que el artículo ofrecía para esta afirmación eran las opiniones de un político demócrata local y de un experto en seguridad, que se basaron en un vídeo preparado por un canal de noticias local. El segundo y el tercer artículo citados por Karlan se publicaron en enero y febrero, antes de que se seleccionara la sede y los contratistas para la auditoría.
Karlan también planteó su preocupación por el plan de uno de los contratistas de la auditoría, Cyber Ninjas, de verificar la validez de ciertos registros de votantes con direcciones dudosas enviando a personas para verificar si el votante vivía en la dirección que figuraba en los registros.
«Esta descripción del trabajo propuesto para la auditoría suscita preocupación en cuanto a la posible intimidación de los votantes. El Departamento aplica una serie de estatutos federales que prohíben la intimidación de personas por votar o intentar votar», escribió Karlan, citando una sección de la Ley de Derechos de Voto que prohíbe la intimidación de los votantes.
«La experiencia pasada con iniciativas de investigación similares en el país suscitó la preocupación de que puedan dirigirse a los votantes de las minorías, lo que potencialmente puede implicar las prohibiciones contra la intimidación de la Ley de Derechos de Voto», añadió Karlan. «Tales esfuerzos de investigación pueden tener un efecto intimidatorio significativo en los votantes calificados que puede disuadirlos de tratar de votar en el futuro».
La oficina de Fann no respondió a una solicitud de comentarios.
La secretaria de Estado de Arizona, Katie Hobbs, una demócrata que se opone a la auditoría, escribió en Twitter que está «contenta de ver finalmente una agencia de aplicación de la ley dispuesta a proteger a los votantes de Arizona».
«Tras mi carta en la que destaco las deficiencias de seguridad en la ‘auditoría’ y el potencial de intimidación de los votantes, el DOJ está planteando esas mismas preocupaciones, incluyendo que las papeletas no están debidamente protegidas», dijo Hobbs.
La senadora estatal de Arizona Wendy Rogers, republicana, publicó en Twitter a última hora del 5 de mayo lo que parecía ser una advertencia en respuesta a la carta del DOJ. «Departamento de Justicia: deben permanecer en su carril. No toquen las papeletas o las máquinas de Arizona a menos que quieran pasar tiempo en una prisión de Arizona», escribió.
El centro de estudios Brennan Center for Justice y otros dos grupos pidieron al DOJ la semana pasada que enviara monitores para observar la auditoría, transmitiendo la preocupación de que los auditores estaban violando la ley federal.
«En concreto, creemos que el Senado y sus agentes, incluidos los Cyber Ninjas, están 1) violando su deber, según la ley federal, de retener y preservar las papeletas de votos emitidas en unas elecciones federales que están y han estado en peligro de ser robadas, desfiguradas o dañadas irremediablemente, y 2) preparándose para llevar a cabo una conducta que constituirá una intimidación ilegal de los votantes en violación de la Ley de Derecho al Voto y otras leyes federales», dijeron Wendy Weiser, Elizabeth Howard y Hannah Klain, del centro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
Pero el exsecretario de Estado de Arizona, Ken Bennett, un republicano designado por Fann como enlace de la auditoría, dijo a The Epoch Times que las afirmaciones fundamentales de la carta eran «completamente infundadas».
«Enviaremos una carta de refutación, supongo que a falta de una palabra mejor, a las mismas personas a las que la enviaron. Damos la bienvenida al DOJ o a cualquier otra persona para que venga a ver lo que realmente está ocurriendo, porque las papeletas de voto son seguras y no hay riesgos ni ninguna de las cosas que afirman que hay», dijo Bennett.
La auditoría tiene lugar en el Arizona Veterans Memorial Coliseum de Phoenix.
Con información de Mimi Nguyen Ly y Zachary Stieber.
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