El Departamento de Justicia respondió a una solicitud de los abogados del expresidente Donald Trump para que un perito especial revise los materiales que los agentes federales incautaron de su casa en Mar-a-Lago, Florida, a principios de agosto.
En una presentación judicial (pdf) del 30 de agosto, el Departamento de Justicia instó a un juez a rechazar la solicitud, argumentando que Trump carece de capacidad legal para solicitar un perito especial y que «incluso si sus reclamos se presentaran correctamente, el demandante no tendría el derecho a la reparación que busca”.
“Como cuestión inicial, el expresidente carece de legitimación para buscar una reparación o supervisión judicial de los registros presidenciales porque esos registros no le pertenecen”, escribió el Departamento de Justicia, citando la Ley de registros presidenciales, que según ellos “deja en claro que ‘Estados Unidos’ tiene ‘total propiedad, posesión y control’ de ellos”.
El Departamento de Justicia (DOJ) también declaró que la corte “carece de jurisdicción” para emitir un juicio formal sobre los desafíos de la Cuarta Enmienda de Trump en relación a la validez de la orden de allanamiento y “sus argumentos para devolver o suprimir los materiales incautados”, y que “por esas razones y otras, el demandante no ha demostrado ninguna base para que la corte le otorgue medidas cautelares”.
La Cuarta Enmienda brinda a las personas protección contra los allanamientos e incautaciones irrazonables.
El Departamento de Justicia afirmó que Trump “no es probable que tenga éxito por los méritos; él no sufrirá ningún daño sin una medida cautelar judicial, y mucho menos un daño irreparable”, y que “los daños al gobierno y al público superarían con creces cualquier beneficio” para él.
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Perito especial “innecesario”
El DOJ afirmó que «incluso si la Corte tuviera jurisdicción para considerar» las afirmaciones de Trump, el nombramiento de un perito especial es «innecesario y dañaría significativamente importantes intereses gubernamentales, incluidos los intereses de seguridad nacional».
Además agregó que cualquier material que pudiera estar sujeto a la confidencialidad abogado-cliente ya ha sido separado por el equipo de filtrado del gobierno.
“El equipo de investigación del gobierno ya revisó todos los materiales restantes, incluidos los que están potencialmente sujetos a reclamos de privilegio ejecutivo”, escribió el Departamento de Justicia.
“La designación de un perito especial para revisar materiales potencialmente sujetos a reclamos de privilegio ejecutivo sería particularmente inapropiado porque el precedente vinculante de la Corte Suprema excluye el argumento del Demandante de que la revisión de estos materiales por parte del personal dentro del Poder Ejecutivo plantea cualquiera de las preocupaciones de privilegio”, escribió el Departamento de Justicia.
“Además, el nombramiento de un perito especial impediría la investigación criminal en curso del gobierno e —si el perito especial tuviera la tarea de revisar documentos clasificados— impediría que la comunidad de inteligencia lleve a cabo su revisión en curso del riesgo de seguridad nacional que el almacenamiento inadecuado de estos materiales altamente sensibles pueda haber causado y de identificar medidas para rectificar o mitigar cualquier daño que haya causado el almacenamiento inadecuado”, agregó el DOJ.
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Cajas devueltas en enero
Por ley, los registros presidenciales deben entregarse a la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) cuando un presidente deja el cargo y, en enero, Trump devolvió 15 cajas de registros gubernamentales.
La presentación afirma que en junio, cuando los funcionarios intentaron recuperar unos registros, los abogados de Trump “prohibieron explícitamente al personal del gobierno abrir o mirar dentro de cualquiera de las cajas” dentro de una sala de almacenamiento en la casa de Trump en Mar-a-Lago.
Sin embargo, el Departamento de Justicia dijo que el allanamiento del FBI había «descubierto múltiples fuentes de evidencia que indican (…) que quedaron documentos clasificados» en Mar-a-Lago, en violación a una citación del gran jurado.
“El gobierno también logró evidencia de que los registros del gobierno probablemente se ocultaron y se retiraron de la sala de almacenamiento y que probablemente se tomaron medidas para obstruir la investigación del gobierno”, escribió el Departamento de Justicia en la presentación del martes.
El expediente judicial establece que los agentes del FBI dijeron que la agencia revisó e identificó 184 documentos únicos «con marcas de clasificados», incluidos 67 documentos marcados como «Confidencial», 92 documentos marcados como «Secreto» y 25 documentos marcados como «Altamente secreto», de su casa después de que Trump devolviera las cajas en enero.
Durante el allanamiento, “también fueron incautados tres documentos clasificados que no estaban en cajas, sino en los escritorios de la Oficina ’45’”, agrega el DOJ.
Páginas “arrancadas”
El DOJ también declaró que NARA había remitido el problema al FBI porque también había “evidencia de que ciertas páginas de los registros presidenciales habían sido arrancadas”.
La jueza federal de distrito Aileen Cannon, quien fue nombrada por Trump, fijó una audiencia para el jueves en un juzgado en West Palm Beach, según documentos judiciales presentados el sábado.
Trump pidió que se nombrara un perito especial para garantizar que el DOJ devuelva cualquiera de sus documentos privados que fueron incautados durante el allanamiento de su casa e identifique cualquiera de los documentos que podrían estar protegidos por el privilegio ejecutivo.
Sus abogados acusan a los investigadores de no revelarles suficiente información sobre qué documentos específicos fueron sustraídos de su casa. Ellos también señalaron que el expresidente desclasificó una serie de materiales durante su mandato.
Los funcionarios de la administración Trump han dicho que creen que su casa fue allanada debido a sus posibles ambiciones presidenciales para 2024.
Los abogados de Trump tendrán hasta el miércoles por la noche para responder a la última presentación judicial del Departamento de Justicia.
Con información de Reuters.
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