La orden de Maine que requiere que los residentes de otro estado se pongan en cuarentena antes de ingresar a zonas de camping, un requisito que no se aplica a los residentes del estado, es discriminatorio y viola los derechos constitucionales, dijo el Departamento de Justicia (DOJ).
El Departamento de Justicia dio los argumentos en un comunicado de interés (pdf) presentado el viernes en una demanda pendiente de una corte federal presentada por propietarios de zonas de camping y restaurantes, así como por individuos en Maine, que están pidiendo al juez que levante la orden ejecutiva de la gobernadora de Maine, Janet Mills.
Mills emitió una orden ejecutiva el 3 de abril que requería el cierre de todas las operaciones de alojamiento dentro del estado, incluidos las zonas de camping y parques de casas rodantes (RV). También requería que los residentes y no residentes que viajaban a Maine «se pusieran en auto-cuarentena inmediatamente durante 14 días». Las violaciones de la orden podrían resultar en hasta seis meses de cárcel y una multa de USD 1000.
Mills emitió una orden ejecutiva posterior el 29 de abril, aliviando algunas de las medidas implementadas para mitigar la propagación de la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino). Esa orden contenía el plan de reinicio del estado, el cual permite que las zonas de camping del estado y los parques de casas rodantes se abran a los residentes de Maine el 22 de mayo. Sin embargo, la orden estipulaba que esas locaciones solo se abrirán a los residentes de fuera del estado el 1 de junio luego de que hayan completado la cuarentena de 14 días.
«Maine probablemente ha transgredido los límites de la Constitución al discriminar entre los residentes de Maine y los residentes de otros estados con respecto a la capacidad de patrocinar zonas de camping y parques de casas rodantes dentro del estado», escribió el Departamento de Justicia en su informe judicial. «Los residentes de fuera de Maine deben someterse a cuarentena durante 14 días antes de poder disfrutar de estas instalaciones, mientras que los habitantes de Maine que no se han aventurado fuera del estado pueden frecuentarlos en cualquier momento».
«Eso es cierto independientemente de que el residente de Maine haya entrado recientemente en contacto con otras personas que sufren de COVID-19 o de que el residente fuera del estado provenga de un área relativamente ilesa por la pandemia (como el estado cercano de Vermont) o un punto crítico (como la ciudad de Nueva York). Y este requisito de auto-cuarentena ha causado un daño real a las empresas de zonas de camping de Maine, en un momento en que los estadounidenses más necesitan que sus estados apoyen los esfuerzos para reabrir las empresas de una manera consistente con la salud pública», agregó el DOJ.
El departamento agregó que el requisito de auto-cuarentena había «contribuido al daño económico significativo» para los negocios de zonas de camping que «dependen de los clientes de otros estados cada verano para sus ingresos». El departamento dijo que uno de los demandantes, Bayley’s Campground, recibió más de 700 cancelaciones de reservas, reembolso más de USD 150,000 en tarifas de reserva y perdió más de USD 260,000 en ingresos.
La Constitución no permite ese trato discriminatorio, argumentó el Departamento de Justicia, diciendo que si bien el estado puede adoptar medidas razonables para proteger a sus residentes, no puede discriminar entre los habitantes de Maine y otros ciudadanos estadounidenses «a menos que esa distinción esté sustancialmente relacionada con garantizar la seguridad pública».
«La Constitución de Estados Unidos requiere que el gobierno proteja los privilegios e inmunidades de todos los ciudadanos de nuestra nación», dijo el fiscal general adjunto Eric Dreiband de la División de Derechos Civiles en un comunicado.
«Estos privilegios e inmunidades incluyen el derecho de los estadounidenses a viajar libremente a cualquier parte de nuestro país, y los gobiernos estatales no pueden limitar el derecho de los estadounidenses fuera del estado a viajar a su estado a menos que hacerlo esté sustancialmente relacionado con la protección de la seguridad pública».
El comunicado de reclamo se presentó como parte de los esfuerzos para garantizar que las medidas estatales y locales no entren en conflicto con los derechos constitucionales y las libertades civiles de los ciudadanos individuales.
El fiscal general William Barr ordenó a los fiscales federales el 27 de abril que estén atentos a las medidas de cierre encaminadas a controlar la propagación del virus del PCCh que podrían estar infringiendo la Constitución.
Barr dijo durante una entrevista al programa de radio de Hugh Hewitt el 21 de abril que el Departamento de Justicia podría involucrarse en demandas contra las medidas de cierre de los gobernadores si los estados continúan extendiéndolas a medida que los casos de COVID-19 disminuyen.
Durante la entrevista, él dijo que el Departamento de Justicia ha estado monitoreando los tipos de restricciones que los gobernadores están imponiendo durante la pandemia. Si el Departamento de Justicia cree que las restricciones van «demasiado lejos», dijo, el departamento puede primero intentar negociar con los estados para revertir o ajustar las órdenes.
Si los gobernadores no cooperan y las personas presentan demandas contra ellos, entonces el Departamento de Justicia puede presentar una declaración de interés en apoyo de las personas que presentan los casos, dijo Barr.
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