DOJ se centrará en garantizar el acceso al voto y en examinar auditorías: Fiscal General

Por Zachary Stieber
11 de junio de 2021 7:11 PM Actualizado: 11 de junio de 2021 7:12 PM

El Departamento de Justicia está duplicando el número de abogados en su División de Derechos Civiles con el objetivo de garantizar la protección del derecho al voto de los estadounidenses, según anunció el viernes el fiscal general Merrick Garland.

Los abogados utilizarán las disposiciones de la Ley de Derecho al Voto, la Ley Nacional de Registro de Votantes, la Ley de Ayude a América a Votar y la Ley de Votación en Ausencia para Ciudadanos Uniformados y en el Extranjero «para garantizar que protegemos a todos los estadounidenses cualificados que quieren participar en nuestra democracia», dijo Garland durante un discurso político en Washington.

«Estamos examinando las nuevas leyes que pretenden frenar el acceso de los votantes y cuando veamos violaciones no dudaremos en actuar», dijo. «También estamos examinando las leyes y prácticas actuales para determinar si desacreditan a los votantes negros y a otros votantes de color. En este sentido, son especialmente preocupantes varios estudios que demuestran que en algunas jurisdicciones los votantes no blancos deben esperar en la fila mucho más tiempo que los votantes blancos para emitir su voto».

El Departamento de Justicia aplicará el mismo escrutinio a las auditorías postelectorales, según Garland, para asegurarse de que las revisiones electorales se ajustan a las leyes federales destinadas a proteger los registros y a evitar la intimidación de los votantes.

Garland se refirió a la auditoría que se está llevando a cabo en el condado de Maricopa, Arizona, por orden del Senado del estado, controlado por los republicanos, y señaló que el Departamento de Justicia había enviado previamente una carta a la presidenta del Senado de Arizona, Karen Fann, expresando su preocupación por la revisión. Fann dijo en una carta de respuesta que la auditoría era segura y que un plan anterior de sondear a algunos votantes estaba en suspenso indefinidamente. El intento de intervención carecía de autoridad constitucional, dijeron los expertos a The Epoch Times.

Fann dijo a The Epoch Times en un correo electrónico que los comentarios de Garland no la sorprendieron.

«Los demócratas han estado intentando todas las vías posibles para detener o desacreditar esta auditoría. Estoy segura de que ésta será una de las muchas vías que seguirán después de la auditoría. Lo que más me perturba es el hecho de que, según las últimas encuestas, entre el 40 y el 50 por ciento de los votantes creen que hay graves problemas o ‘graves fraudes’ en nuestro sistema electoral y ninguna de estas entidades cree que sea lo suficientemente importante como para hacer una auditoría que responda a todas las preocupaciones o preguntas de nuestros ciudadanos», escribió.

El Departamento de Justicia tiene previsto publicar en los próximos días una guía en la que se detallan las leyes que se aplican a las auditorías, junto con orientaciones sobre el voto anticipado y el voto por correo. También promoverá el acceso al voto ayudando a otros organismos a ampliar las oportunidades de registro de votantes, presionará al Congreso para que apruebe la Ley de Derecho al Voto John Lewis y se asociará con otros organismos para «combatir la desinformación electoral que intenta intencionadamente suprimir el voto», dijo Garland, advirtiendo sobre las personas que están considerando emitir amenazas contra los trabajadores electorales.

Garland no aceptó preguntas tras su intervención.

Este año, los republicanos de más de una docena de estados, entre ellos Georgia y Arizona, han aprobado leyes destinadas a reforzar la integridad electoral, con medidas como la exigencia de identificación de los votantes y la imposición de normas más estrictas para los registros de votantes.

Los legisladores y gobernadores del Partido Republicano afirman que las leyes evitarán el fraude y ayudarán a garantizar que solo voten los votantes cualificados.

Los demócratas dicen que las leyes reducirán el acceso al voto y que los casos de fraude electoral son raros.

Los demócratas no tardaron en opinar sobre el anuncio de Garland.

«En abril, mis colegas y yo pedimos al FG Garland que investigara los recientes ataques al derecho al voto. Duplicar la división de @CivilRights nos muestra que él ve lo que está sucediendo en todo el país y se toma en serio la protección de los derechos de voto», dijo la representante Bonnie Watson Coleman (D-N.J.) en un tuit.

«Esta es una gran noticia que viene del fiscal general Garland. En un momento en el que el derecho al voto está siendo atacado por los republicanos, promulgamos protecciones más fuertes en Virginia y es genial ver que esas protecciones se amplían a nivel federal», añadió el fiscal general de Virginia, Mark Herring.

La Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color y el Centro Brennan también dijeron que apoyaban los planes de Garland.

El anuncio se produjo cuando los miembros del Subcomité de Elecciones de la Cámara de Representantes se reunieron para discutir la calidad y las restricciones de los centros de votación.

El representante Bryan Steil (R-Wis.), el principal republicano en el panel, señaló que en 2020 votaron más personas que nunca.

Dijo que las elecciones están protegidas por la identificación de los votantes y el mantenimiento de las listas de votantes, entre otros esfuerzos.

Hans von Spakovsky, de la Fundación Heritage, un think tank conservador, añadió a The Epoch Times por correo electrónico que las afirmaciones de Garland sobre la discriminación en el voto «son manifiestamente falsas».

«Hoy en día hay menos discriminación en el voto que en cualquier otro momento de nuestra historia; se ha convertido en un acontecimiento muy raro que puede remediarse fácilmente en virtud de la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto. De hecho, en las últimas elecciones se han registrado niveles récord de inscripción y participación. Garland demostró que no tiene ni idea de lo que habla cuando criticó las recientes reformas electorales aprobadas por las legislaturas estatales para solucionar las vulnerabilidades que existen en nuestro sistema electoral. No son discriminatorias y, en contra de sus tergiversaciones, protegen la equidad y la integridad del proceso electoral para todos los votantes», añadió Spakovsky.

«Su promesa de duplicar el personal de la Sección de Votaciones de la División de Derechos Civiles cuando hay tan poca discriminación real es un absurdo despilfarro del dinero de los contribuyentes, una estratagema de relaciones públicas partidista que no tiene justificación».

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