El abogado especial John Durham reveló que cinco testigos con conexiones a la campaña de Clinton están invocando su derecho a la Quinta Enmienda y no cooperarán con su investigación, según una reciente presentación judicial.
En una moción presentada (pdf) el 15 de abril, Durham reveló que una persona no identificada, «Investigador-2», recibió inmunidad a cambio de su testimonio, mientras que «al menos otros cinco testigos que realizaron trabajos relacionados con las acusaciones del Banco Ruso-1 invocaron (o indicaron su intención de invocar) su derecho contra la autoincriminación», en referencia a la Quinta Enmienda de la Constitución.
Los nombres de esas cinco personas no fueron proporcionados en la presentación, aunque pertenecen al exabogado de la campaña de Clinton, Michael Sussmann, quien es acusado por Durham de mentir al FBI en 2016 cuando se reunió con el entonces consejero general de la oficina, James Baker, y le dijo que el entonces candidato Donald Trump tenía un canal secreto de respaldo con un banco ruso. Sussmann se ha declarado inocente y sus abogados han dicho que la investigación de Durman está motivada políticamente.
El «Investigador-2» recibió la inmunidad del gobierno el 28 de julio de 2021, aproximadamente un mes antes de que Sussmann fuera acusado, según la presentación de Durham.
«Por lo tanto, el Gobierno solicitó la inmunidad del Investigador-2 con el fin de descubrir los hechos, de otro modo no disponibles, que subyacen en el proyecto de investigación de la oposición que el Ejecutivo Técnico-1 y otros llevaron a cabo antes de la reunión del acusado con el FBI», dice la presentación. Un portavoz de Rodney Joffe dijo a los medios de comunicación en febrero que él es el «Ejecutivo Técnico-1» mencionado en los archivos de Durham. Joffe estuvo anteriormente a cargo de una empresa de tecnología conocida como Neustar.
A principios de este mes, Durham trató de obligar al Comité Nacional Demócrata, a la campaña de Clinton, a Fusion GPS, a la empresa electoral demócrata Perkins Coie y a otros a aportar pruebas en el caso de Sussmann. Sin embargo, se han negado a entregar los documentos y han dicho que están protegidos por el privilegio abogado-cliente, según Durham, que acusó a esas entidades de retener indebidamente esos documentos.
Durham dijo además que de los 1455 documentos retenidos por Fusion GPS, la firma que estuvo muy involucrada en la creación del polémico y desacreditado «dossier Steele» sobre Trump, solo 18 correos electrónicos involucran realmente a un abogado. Esto significa, según el fiscal, que el privilegio abogado-cliente no puede aplicarse en el tramo restante de documentos.
Días antes, Durham dijo que Sussmann, Joffe y los demócratas se involucraron en una «empresa conjunta» para reunir y difundir afirmaciones de que Trump tenía una conexión con el gobierno ruso, afirmaciones que dominaron la primera parte de la administración Trump.
«Contrariamente a las alegaciones de esta reciente presentación, el Sr. Joffe es un experto en seguridad de Internet apolítico con décadas de servicio al Gobierno de los Estados Unidos que nunca ha trabajado para un partido político, y que legalmente proporcionó acceso a los datos de DNS obtenidos de un cliente privado que proporcionaba por separado servicios de DNS a la Oficina Ejecutiva del Presidente (EOP)», dijo un portavoz de Joffe a principios de este año.
En esa presentación de principios de abril, Durham afirmó que el trabajo de Fusion GPS «[no] parece haber sido una parte necesaria de, o incluso relacionada con, el asesoramiento legal [de Perkins Coie] a [la campaña de Clinton] y el DNC».
«Por el contrario, las comunicaciones contemporáneas y otras pruebas dejan claro que el propósito principal del trabajo [de Fusion GPS] relacionado con el dossier [de Steele], las acusaciones [del banco ruso] y los otros asuntos era reunir y publicar acusaciones que ayudaran a los objetivos de relaciones públicas de la campaña», se lee.
Mientras tanto, en la misma presentación que se subió el viernes, Durham dijo que Sussmann se reunió con una segunda agencia gubernamental, además del FBI, en febrero de 2017 y entregó presuntas pruebas que afirmaban vincular a Trump con Rusia. Durham no nombró la agencia, pero los informes indicaron que se trataba de la CIA.
La CIA concluyó posteriormente que la alegación sobre el canal secreto y otra alegación sobre los teléfonos de fabricación rusa no era «técnicamente plausible», no «resistía el escrutinio técnico», «contenía brecha», «entraba en conflicto con [ella misma]» y era «creada por el usuario y no generada por una máquina/herramienta», según la presentación de Durham.
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