El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el 24 de octubre que presentó cargos contra 10 oficiales y funcionarios de inteligencia chinos por su presunta participación en Estados Unidos en campañas de espionaje para promover los intereses estratégicos de la China comunista.
Los cargos, en tres casos distintos, acusan a agentes del Partido Comunista Chino (PCCh) de conspirar para repatriar por la fuerza a los disidentes chinos que viven en Estados Unidos, obstruir el proceso judicial penal contra una empresa china de telecomunicaciones, desarrollar espías prochinos en Estados Unidos y actuar ilegalmente como agentes del aparato de inteligencia y seguridad del PCCh. Un total de 13 individuos fueron acusados.
«Como demuestran estos casos, el gobierno de China intentó interferir en los derechos y libertades de las personas de Estados Unidos e intentó socavar nuestro sistema judicial que protege esos derechos», dijo el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en una declaración, agregando que «ellos no tuvieron éxito».
«El Departamento de Justicia no tolerará los intentos de ninguna potencia extranjera de socavar el Estado de Derecho en el que se basa nuestra democracia. Nosotros seguiremos protegiendo ferozmente los derechos garantizados a todos en nuestro país y defenderemos la integridad de nuestras instituciones».
El 20 de octubre, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció la imputación de siete personas supuestamente implicadas en una trama para espiar, acosar e intimidar a un ciudadano chino y residente permanente en Estados Unidos para que regresara a China. El 24 de octubre, el departamento anunció otros dos casos, uno en Nueva York y otro en Nueva Jersey.
El PCCh supuestamente pagó para obstruir un proceso judicial
El primer caso revelado el 24 de octubre se centró en los presuntos esfuerzos de dos oficiales de inteligencia chinos para obstruir un proceso penal en Estados Unidos contra una importante empresa de telecomunicaciones con sede en China.
Los acusados, He Guochen y Wang Zheng, orquestaron un plan para robar archivos y otra información de la oficina del fiscal estadounidense en Nueva York, según los documentos judiciales (pdf).
La denuncia alega que He y Wang son agentes de inteligencia que realizan operaciones de inteligencia extranjera dirigidas contra Estados Unidos en nombre del PCCh y de la empresa de telecomunicaciones. También alega que su plan se mantuvo desde al menos el año 2019.
He y Wang trataron de interferir con el proceso legal contra la compañía sobornando a un empleado del gobierno estadounidense para robar documentos de altamente secretos, incluyendo listas de testigos, detalles sobre los empleados asociados con el caso y notas de los fiscales que, según los documentos judiciales, «se esperaba que causaran un daño grave a la seguridad nacional de Estados Unidos». Estos documentos fueron entregados a oficiales de inteligencia de alto rango en China, según los fiscales.
A cambio, He y Wang pagaron al empleado del gobierno más de 41,000 dólares en bitcoin, joyas y dinero en efectivo y les aconsejaron un lugar en Las Vegas donde podían convertir los activos en dólares estadounidenses, según la denuncia penal.
Lo que He y Wang no sabían era que los documentos que recibieron eran falsos, según el DOJ. El empleado del gobierno que creían haber comprometido era en realidad un agente doble del FBI.
Tanto He como Wang siguen en libertad.
Infiltración en universidades y control de comunidades chinas
En el segundo caso revelado el 24 de octubre, otros tres oficiales de inteligencia del ministerio de Seguridad del Estado de China, la principal agencia de inteligencia del régimen, fueron acusados por su presunta participación en una campaña centrada en incitar a personas en Estados Unidos a actuar como agentes del PCCh, incluso en universidades estadounidenses y en el Departamento de Seguridad Nacional.
La operación se remonta a 2008 y se supone que forma parte de un esfuerzo sistemático para captar y reclutar a personas en Estados Unidos para que actúen en nombre del PCCh. Haciéndose pasar por académicos del Instituto de Estudios Internacionales, los agentes trataron de sobornar o coaccionar a personas para que proporcionaran información, materiales, equipos y asistencia al PCCh de manera que favorecieran los objetivos de inteligencia de China y socavaran la seguridad nacional de Estados Unidos, según el Departamento de Justicia.
Los agentes, según los fiscales, también tenían como objetivo robar tecnologías y datos de huellas dactilares y acabar con las protestas por los derechos humanos críticas hacia el PCCh.
«Estos casos ponen de manifiesto la amenaza que supone el gobierno de la RPC para nuestras instituciones y los derechos de las personas en Estados Unidos», dijo el fiscal general adjunto, Matthew Olsen, a través de una declaración, utilizando RPC, un acrónimo del nombre oficial de la China comunista.
«Nosotros no toleraremos estas operaciones descaradas: el acoso y el intento de repatriación por la fuerza de personas que viven en Estados Unidos; el esfuerzo por corromper nuestro sistema judicial; y el intento de reclutar agentes para la RPC bajo la cobertura de una organización académica de fachada».
Campaña sistémica contra EE. UU.
Los cargos representan solo el último de los esfuerzos de Estados Unidos por combatir una amplia campaña del PCCh para espiar a los estadounidenses, silenciar la disidencia y promover las opiniones favorables a Beijing en el país.
Los recientes procesos judiciales revelan que el PCCh gastó incontables millones de dólares en el desarrollo de agentes dentro de Estados Unidos en los últimos años, centrándose especialmente en el reclutamiento de informantes y agentes dentro de la diáspora china para espiar y acosar a los disidentes radicados en Estados Unidos.
Este año, el Departamento de Justicia presentó cargos contra presuntos agentes del PCCh en relación con casos que incluyen un complot para atacar a un veterano del ejército estadounidense que se presentó para un cargo en el Congreso, la quema de una estatua contra el PCCh en California y el acoso a una patinadora artística estadounidense.
«Estas imputaciones a oficiales de inteligencia y funcionarios del gobierno de la RPC —por tratar de obstruir un juicio en Estados Unidos de una empresa china, por hacerse pasar por profesores universitarios para robar información sensible y por tratar de forzar a una víctima a regresar a China— exponen una vez más el comportamiento escandaloso de la RPC dentro de nuestras propias fronteras», dijo el director del FBI, Christopher Wray, en una declaración.
«El FBI, trabajando con nuestros socios y aliados, continuará lanzando todo el peso de nuestras autoridades de contrainteligencia y aplicación de la ley para detener los crímenes del gobierno chino contra nuestras empresas, universidades y comunidades chino-estadounidenses».
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