El gobierno del presidente Joe Biden está gastando aproximadamente 60 millones de dólares a la semana para albergar a los inmigrantes ilegales menores de edad que cruzan al país desde México.
Conocidos como los menores no acompañados, el cuidado de estos niños y adolescentes ha hecho que el costo de los gastos relacionados con la inmigración aumente considerablemente. A medida que las autoridades estadounidenses lidian con este incremento, algunos expertos y republicanos dicen que el hecho se deriva de la reversión de Biden de las políticas clave de la era Trump.
Más de 18,600 menores no acompañados fueron detenidos después de cruzar la frontera en marzo, más del doble de la cifra del mes anterior, desatando el temor de un resurgimiento de la MS-13. Casi 18,800 están alojados en instalaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) mientras los funcionarios tratan de localizar a un familiar u otro adulto responsable al que puedan enviar a cada niño.
La duración media del cuidado de los niños era de 37 días a finales de febrero.
El coste medio diario del cuidado de un niño en un centro permanente es de 290 dólares al día, según informó el HHS a The Epoch Times por correo electrónico. Ese coste se dispara a aproximadamente 775 dólares por día para los niños en instalaciones temporales de emergencia «debido a la necesidad de desarrollar las instalaciones rápidamente y contratar a un personal significativo en un corto período de tiempo”.
El aumento en el número de menores no acompañados que llegan a Estados Unidos, y la decisión de Biden de dejar de expulsar a los niños bajo los poderes de emergencia del Título 42, ha puesto una presión aplastante sobre el sistema de inmigración del país.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados del HHS gestiona una red de instalaciones permanentes, pero se vio obligada a abrir más de una docena de instalaciones temporales para tener suficientes camas para el creciente número de niños que debe vestir, alimentar y albergar.
Centros de convenciones fueron convertidos en instalaciones temporales en Dallas, San Antonio y San Diego, así como bases militares en estados fronterizos y estructuras en estados del interior como Pensilvania y Michigan. Hasta ahora, se lograron más de 18,300 camas temporales, que tienen un coste más elevado.
Con solo unas 7000 camas permanentes, Estados Unidos está pagando un elevado precio por la mayoría de los niños inmigrantes a su cargo.
«Dado que no sabemos cuándo y si se necesitarán [sitios temporales y de emergencia] adicionales y no sabemos cuántos niños pueden utilizarlos, es difícil predecir los costes finales», dijo el HHS.
Las cifras suman aproximadamente 60 millones de dólares por semana, según los miembros republicanos de la Cámara. Esta cifra fue reportada por primera vez por The Washington Post.
Para hacer frente a los niños se utilizan fondos adicionales de Aduanas y Protección Fronteriza, la agencia que primero encuentran los inmigrantes, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, y otras agencias, dijo esta semana el representante Brian Babin (R-Texas) en One America News.
«Así que va a ser una cifra enorme y asombrosa la que va a tener que aportar el contribuyente estadounidense», añadió.
«El gobierno de Biden está gastando 60 millones de dólares por semana para albergar a los migrantes ilegales. ¿Pero no pueden permitirse seguir construyendo el muro?», escribió en un posteo el representante Jim Jordan (R-Ohio).
Un portavoz de la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Funcionarios de la Casa Blanca rechazaron la idea de volver a utilizar el Título 42 para expulsar a los inmigrantes menores de edad, de los cuales aproximadamente la mitad son de nacionalidad guatemalteca.
«Estamos en una circunstancia en la que no vamos a expulsar a los menores no acompañados en la frontera. Eso sería inhumano. Eso no es lo que vamos a hacer aquí, como administración», dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a los periodistas en febrero, después de que la administración reabrió una instalación que, según la vicepresidenta Kamala Harris se utilizó durante la administración Trump para mantener a los niños «en jaulas».
«Necesitamos encontrar lugares que sean seguros bajo los protocolos del COVID para que los niños estén allí, donde puedan tener acceso a la educación, la salud y los servicios mentales consistentes con su mejor interés. Nuestro objetivo es que luego sean transferidos a familias o patrocinadores», añadió Psaki.
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