El fiscal general William Barr dijo que la administración de Trump puede agregar legalmente la pregunta sobre la ciudadanía al censo de 2020.
La Corte Suprema dictaminó que la justificación que proporcionó la administración para agregar la pregunta —que haría cumplir la Ley de Derecho al Voto— fue “inventada”, lo cual pareció bloquear, al menos temporalmente, la adición de la pregunta.
«Se nos presenta, en otras palabras, con una explicación de la acción de la agencia que es incongruente con lo que el registro revela sobre las prioridades y el proceso de toma de decisiones de la agencia», escribió el Presidente de la Corte Suprema, John Roberts.
Al redactar la opinión disidente, el juez Clarence Thomas dijo que «el único papel de la Corte Suprema en este caso es decidir si el Secretario cumplió con la ley y dio una explicación razonada de su decisión».
«Al no poder identificar ningún problema legal con el razonamiento del Secretario, la Corte lo imputa al concluir que no debe estar diciendo la verdad», agregó.
Barr dijo el 8 de julio que la administración tomará medidas pronto, lo que probablemente permitirá que la pregunta se agregue legalmente.
«Estoy de acuerdo con [el presidente Trump] en que la decisión de la Corte Suprema fue incorrecta», dijo el fiscal general a The Associated Press después de visitar una prisión federal en Carolina del Sur. Dijo que cree que hay «una oportunidad potencial para curar la falta de claridad que fue el problema y que también podríamos intentarlo».
El presidente Donald Trump dijo a los periodistas el 5 de julio que tenía «cuatro o cinco opciones» para que la pregunta se agregue al censo, incluida una orden ejecutiva. Los abogados del Departamento de Justicia informaron a un juez federal el 3 de julio que posiblemente habían identificado «un camino legalmente disponible bajo la decisión de la Corte Suprema».
El departamento reemplazó al equipo legal que trabajaba en el caso el 7 de julio.
La portavoz Kerri Kupec no dio una razón para el cambio. Un funcionario del departamento le dijo a La Gran Época que el nuevo equipo sería una combinación de designados políticos y de carrera, incluidos los abogados que trabajan en la rama de protección al consumidor.
El nuevo equipo incluye al Vice Fiscal General Adjunto David Morrell, al exabogado de Trump en la Casa Blanca y asistente legal de la Corte Suprema Clarence Thomas, y Glenn Girdharry, un abogado de carrera del departamento.
James Burnham, un destacado abogado de la división civil del departamento que fue el líder del equipo que trabajaba en el tema, le dijo a Barr que algunas de las personas que trabajan en el caso preferían «no continuar durante esta nueva fase», dijo el fiscal general a The Associated Press.
Barr dijo que no tenía detalles sobre por qué los abogados no querían continuar, pero «por lo que sé, no creen que estemos legalmente equivocados».
Burnham se acercó a él e «indicó que era un punto de quiebre lógico, ya que se tomaría una nueva decisión y se espera que los problemas en el futuro estén separados de los debates históricos».
«Si prefieren no embarcarse en esta próxima fase, entonces pensé que podría tener sentido cambiar», dijo Barr.
Los opositores a la pregunta, incluidos los demócratas prominentes, han argumentado que la pregunta causaría temor en los inmigrantes, haciendo que sea menos probable que completen el censo.
Los trabajadores de la Oficina del Censo escribieron en una nota de 2017 (pdf) que los encuestados estaban preocupados por la confidencialidad de los datos con respecto a la aplicación de la ley de inmigración. La pregunta de la ciudadanía, que estuvo incluida en el censo durante siglos hasta la década de 1950, no distingue entre inmigrantes legales e ilegales.
El secretario de Comercio, Wilbur Ross, quien supervisa la Oficina del Censo, dijo (pdf) que “si bien existe una creencia generalizada entre muchas partes de que agregar una pregunta de ciudadanía podría reducir las tasas de respuesta, el análisis de la Oficina del Censo no brindó un apoyo empírico y definitivo para creer eso”.
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