Estados Unidos ha impuesto sanciones a dos funcionarios chinos de nivel medio y a varias entidades consideradas responsables de reprimir a los uigures con «graves abusos contra los derechos humanos en Xinjiang», la región del oeste de China donde, según las autoridades estadounidenses, se está produciendo un genocidio.
Los funcionarios chinos nombrados por las autoridades estadounidenses son Hu Lianhe, vicedirector del Pequeño Grupo de Coordinación del Trabajo en Xinjiang del Comité Central, que ha desempeñado un papel decisivo en la aplicación de las políticas de Beijing en Xinjiang, y Gao Qi, jefe adjunto del vicegobernador de la región de Yili y ex dirigente de la oficina local de seguridad pública.
Ambos están ahora sometidos a sanciones concurrentes de los Departamentos de Estado y del Tesoro, de conformidad con la Ley de Política de Derechos Humanos de los Uigures de 2020, promulgada en mayo.
Las sanciones dadas a conocer el 8 de diciembre formaban parte de una acción coordinada con el Reino Unido y Canadá dirigida contra 37 personas en 13 países para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos.
«Nuestro compromiso con el respeto y la defensa de los derechos humanos es sacrosanto», declaró la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen. «Los abusos contra los derechos humanos y las libertades fundamentales, dondequiera que se produzcan en el mundo, golpean el corazón de nuestra humanidad compartida y nuestra conciencia colectiva».
Y añadió que las sanciones selectivas «subrayan la seriedad de nuestro compromiso de promover la rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos y salvaguardar el sistema financiero estadounidense de quienes cometen estos actos atroces.»
El Secretario de Estado, Antony Blinken, describió de forma similar las medidas como un esfuerzo de Estados Unidos para hacer frente a «las formas más desafiantes y dañinas de abusos contra los derechos humanos en el mundo, incluidas las que implican violencia sexual relacionada con conflictos, trabajo forzoso y represión transnacional».
Conjuntamente con estas medidas, el Grupo de Trabajo para la Aplicación del Trabajo Forzoso del Departamento de Seguridad Nacional puso en la lista de entidades a tres empresas chinas de la región, restringiendo sus importaciones por prácticas de trabajo forzoso que afectan a uigures, kazajos y otros grupos perseguidos en Xinjiang.
La empresa estatal COFCO Sugar Holding, una de las mayores comercializadoras de azúcar de China, ha participado en la campaña de mitigación de la pobreza dirigida por el Estado y ha trabajado con funcionarios chinos locales para conseguir mano de obra de grupos perseguidos, señalaron las autoridades de Seguridad Nacional.
El comunicado de prensa del viernes señalaba que COFCO ha visitado los hogares de minorías perseguidas en pueblos de Xinjiang para reclutar trabajadores en sus fábricas.
La empresa ha celebrado recientemente una conferencia en la que dio una charla un funcionario del Consejo de Estado chino encargado de reforzar la lealtad al Partido. El funcionario, Wu Xinming, felicitó el éxito de la conferencia y elogió a la empresa por «adherirse siempre estrechamente a su responsabilidad política» y cumplir las directrices del Partido.
Sichuan Jingweida Technology Group, fabricante de dispositivos magnéticos como filtros de red, transformadores de potencia y filtros de radiofrecuencia con sede en la provincia de Sichuan, también figuraba en la lista por contratar como trabajadores a minorías étnicas perseguidas del condado local de Awati.
La tercera empresa china nombrada fue Anhui Xinya New Materials, de la provincia de Anhui, en el este de China, especializada en la fabricación de fibras funcionales y materiales textiles a base de cáñamo, algodón, lana y Tencel.
Al igual que las otras dos empresas, ha sido sancionada por utilizar mano de obra forzada uigur, procedente del condado de Pishan, en Xinjiang.
Los funcionarios de fronteras han revisado más de 6000 envíos por valor de más de USD 2000 millones en virtud de la ley sobre trabajo forzado uigur, denegando finalmente unos 2600.
El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, declaró que su departamento mantiene su compromiso de «erradicar el uso del trabajo forzoso», y que «seguirán persiguiendo a las empresas que ignoran la ley y explotan a quienes sufren abusos en la República Popular China».
Pero algunos críticos dicen que las acciones del viernes están lejos de ser suficientes.
«Aunque acogemos con satisfacción esta noticia, la Administración Biden lleva demasiado tiempo dando largas a la aplicación de sanciones en virtud de la Ley de Política de Derechos Humanos de los Uigures (UHRPA)», se lee en una declaración conjunta del representante Mike Gallagher (republicano de Wisconsin), presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino, y el senador Marco Rubio (republicano de Florida).
Pidieron que se sancionara a otro funcionario comunista chino, Ma Xingrui, que es jefe del Partido en Xinjiang y miembro del Politburó, el máximo órgano decisorio de China.
La pertenencia al Politburó no debería proteger a Ma de las sanciones selectivas de Estados Unidos, dijeron los dos legisladores.
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