El Departamento de Justicia informó que han sido enviados más de 500 funcionarios a 28 estados este día de elecciones para vigilar las urnas, una reducción del 35 por ciento del personal en comparación con las elecciones de hace cuatro años.
Los funcionarios han sido concentrados en 67 jurisdicciones para vigilar posibles violaciones de derechos civiles, tales como discriminación por raza. Esto se determinó por las crecientes preocupaciones sobre la intimidación de los votantes, especialmente dirigidas a las minorías.
El Departamento de Justicia detalló que su presencia de observadores electorales ha sido restringida, la mayoría del personal que será enviado no tiene autoridad estatutaria para acceder a los sitios de votación como resultado de una resolución de la Corte Suprema de 2013 que anuló partes de la Ley de Derechos Electorales. Esa decisión conllevó a una reducción de los observadores capacitados, que disfrutan de acceso sin restricciones a las urnas y no pueden ser removidos de los sitios.
“La disputada elección de este año es la primera en décadas, en la que el Departamento de Justicia sólo puede enviar observadores de pleno acceso a los estados donde una decisión judicial federal lo ha autorizado”.
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El número de personal es menor que los aproximadamente 780 monitores y observadores que fueron enviados durante la elección presidencial de hace cuatro años. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha dicho que sigue enviando personal a cinco estados más que durante las elecciones de 2012.
Los tribunales han concedido permiso al Departamento de Justicia, para desplegar observadores de acceso completo en cinco estados: Alaska, California, Luisiana, Nueva York y Alabama. Pero la orden judicial para Alabama sólo se refiere a las elecciones municipales y no está en la lista de estados donde el Departamento de Justicia está desplegando observadores electorales este año.
El personal del Departamento de Justicia que se desplegará a los otros 24 estados serán «monitores» de las elecciones, quienes deberán apoyarse en las autoridades locales y estatales para otorgarles acceso a los lugares de votación.
«En la mayoría de los casos, los votantes en las urnas verán muy poca diferencia práctica entre monitores y observadores» dijo en un comunicado Vanita Gupta, jefe de la división de derechos civiles del departamento.
Por otra parte, las autoridades también han rebatido las declaraciones hechas por el Sr. Trump durante su campaña, advirtiendo a la población que las elecciones pueden ser manipuladas y pidió a los simpatizantes que mantengan un ojo en la actividad electoral, para detectar posibles señales de fraude en las grandes ciudades.
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No obstante, numerosos estudios han encontrado que el fraude de los votantes estadounidenses es extremadamente raro.
«El departamento está profundamente comprometido con la aplicación justa e imparcial de nuestras leyes de derechos de voto y trabajaremos incansablemente para asegurar que toda persona elegible que quiera hacerlo pueda votar», expresó en un comunicado la Procuradora General Loretta Lynch.
«Trabajamos estrecha y cooperativamente con jurisdicciones de todo el país, para asegurar que el personal capacitado pueda vigilar los procedimientos desde un punto de vista inmediato» afirmó.
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