El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, anunció este miércoles en San Diego el lanzamiento de la iniciativa nacional Proyecto Guardián contra el uso delictivo de armas de fuego.
Barr dijo en una conferencia que el proyecto integra experiencias de programas anteriores, como Vecindarios Seguros y Gatillo bloqueado, pero contempla un mayor uso de recursos tecnológicos y una mayor vinculación entre fiscalías federales, estatales y de distrito, así como con agencias del orden.
La información acerca de nuevos casos de detenciones de personas con armas y de sospechosos de emplear armas para cometer delitos o de pertenecer a organizaciones delictivas circulará entre agencias en todos los niveles.
Ese el primero de los cinco pasos del proyecto Guardián.
El segundo es revisar con la administración federal para Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) los antecedentes de quienes soliciten comprar armas e investigar si las adquieren de forma intermediaria para hacerlas llegar a otras personas.
Barr dijo que, mediante el uso del Sistema Nacional de Revisión Instantánea de Antecedentes Criminales, la ATF se ocupará especialmente de impedir que compren armas exconvictos por delitos violentos, violencia doméstica o vínculos con organizaciones delictivas.
Como tercer paso, la ATF también regularizará la información para agencias del orden sobre personas que tienen prohibido adquirir armas.
Aparte, proporcionará a las fiscalías y autoridades información de a quienes se les niega la venta de amas de fuego por motivos de salud mental.
Por su parte, las fiscalías federales evaluarán programas preventivos de salud mental, cuando lo consideren apropiado, para personas con interés por adquirir armas de fuego.
Como último punto, Barr mencionó que todas las agencias del orden deberán coordinarse con el Centro de Inteligencia sobre Delitos Armados (CGIC) de la ATF, lo que permitirá «mejorar la velocidad y eficacia en la identificación de delincuentes armados y encontrar sus armas».
Dijo sin embargo que «el éxito dependerá de que las agencias del orden estatales, locales y tribales compartan evidencia balística y datos de recuperación de armas de fuego con ATF».
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