Al menos 34 personas resultaron heridas, 16 hospitalizadas (13 policías, dos civiles y un bombero), según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, como consecuencia de la manifestación feminista en la Ciudad de México que destrozó locales y vandalizó monumentos históricos, en «protesta» frente a la «violencia de género».
PanAm Post habló con Carlos Arturo Baños Lemoine, licenciado en sociología, con formación en derecho y máster en políticas públicas, quien reprocha no solo la pasividad del gobierno, sino que denuncia su complicidad en cuanto a la impunidad sobre los daños causados por agrupaciones feministas.
“Sirvieron los vidrios rotos», anuncian páginas feministas, frente a la apertura al diálogo de Claudia Sheinbaum que anunció que no criminalizará ninguna manifestación. ¿Ese mensaje valida la violencia como forma de protesta con impunidad?
En términos estrictos, tanto legales como políticos, la violencia nunca debería de ser validada como forma de protesta social. En democracia, la legitimidad de los fines siempre debe ir acompañada de la legitimidad de los métodos. Por infortunio, de forma irresponsable el gobierno capitalino valida la violencia como forma de acción política: premia al violento. Con esa medida absurda, el gobierno de la Ciudad de México ahora da patentes de corso para que se pueda delinquir en pandilla en nombre de la “causa feminista”.
Y, como siempre, se recurre a una narrativa tramposa: “No vamos a criminalizar la protesta social”, dice el gobierno. La protesta social nunca ha estado criminalizada porque, finalmente, forma parte del derecho a la libre manifestación de las ideas, del derecho a la libre asociación con fines lícitos y del derecho de petición.
Pero cuidado: si durante una manifestación se cometen delitos, como el daño a la propiedad federal, a la propiedad privada y a los monumentos históricos, como las agresiones, como el cierre de vías de comunicación, como el robo o como el motín, estos delitos claro que deben ser investigados, perseguidos y sancionados.
La manifestación feminista del pasado viernes 16 de agosto dejó una estela de varios delitos, como los recién mencionados. Por ello, cuando el gobierno baja las manos para no cumplir con sus obligaciones legales, no sólo está permitiendo la impunidad de las sectas feministas: el gobierno mismo incurre en delitos de comisión por omisión, esto al dejar de actuar en la protección y la defensa de bienes jurídicos tutelados por nuestro Derecho.
Paralelamente AMLO cuestionó la violencia y pidió respetar el patrimonio. ¿Muestra discrepancias en el partido de gobierno o lo dicho no concuerda con lo hecho?
El gobierno de López Obrador es una contradicción permanente, que siempre está enviando señales contradictorias. Si fuera consistente, ya hubiera interpuesto la correspondiente denuncia en contra de quienes dañaron el Monumento a la Independencia, mejor conocido como “El Ángel”, en términos de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Finalmente, recordemos que López Obrador terminó respaldando al gobierno de Claudia Sheinbaum (Jefe de Gobierno de la Ciudad de México). Ambos gobiernos son de MORENA y ambos gobiernos, más allá de la palabrería, están protegiendo a las delincuentes del pasado viernes 16.
Desde su área de pericia, ¿qué acciones correspondería contra estos grupos por su accionar?
Las sectas feministas incurrieron en delitos claros: daño a la propiedad federal, daño a la propiedad privada, daño a monumentos históricos, agresión, obstrucción de vías de comunicación y motín. Algunos son locales y otros federales, y se cometieron en pandilla, que es un agravante.
Si los gobiernos federales y locales fueran responsables, ya habrían interpuesto las denuncias correspondientes para que se deslindaran responsabilidades y se castigara a las culpables.
Y más todavía: todos esos delitos se cometieron frente a las propias fuerzas del orden, frente a la Policía de la Ciudad de México. Esto significa que hubo flagrancia y la policía simplemente dejó que todo ocurriera. ¿Qué podemos esperar de autoridades que son testigos pasivos de la comisión de delitos? Es el sello de los gobiernos de MORENA: de López Obrador y de Claudia Sheinbaum.
¿De qué forma se reduciría realmente la violencia hacia la mujer? ¿Existe esa violencia como tal o hay un problema de violencia (e impunidad) generalizada?
Excelente pregunta. De entrada hay que decir, tajantemente, con toda seguridad, que los actos vandálicos llevados a cabo por las sectas feministas no reducirán la violencia hacia las mujeres. Se trata de dos variables independientes.
Además, hay que insistir en que la violencia hacia las mujeres es sólo un capítulo más de la violencia y de la inseguridad generalizada que hay en México, sólo que cada grupo social la padece de acuerdo con sus propios factores de riesgo. Asimismo, debemos insistir en que buena parte de la violencia contra las mujeres la cometen las propias mujeres.
Con base en la ciencia criminológica, que debe ser el eje de las políticas públicas en materia de inseguridad, para bajar la inseguridad y la violencia hacia las mujeres, debemos atacar de fondo los factores de riesgo que elevan la probabilidad de que una mujer sea víctima de un delito. Claro está, se debe invertir en infraestructura urbana para la seguridad pública: iluminación, caminos seguros, transporte público eficaz, cámaras públicas de vigilancia en calles, detectores biométricos en instalaciones y espacios públicos, botones de pánico en el transporte, línea de emergencia (911) con reacción policial inmediata, etc.
Este artículo fue publicado originalmente en PanAm Post.
Los puntos de vista expresados en este artículo son las opiniones del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de La Gran Época.
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