El mito de que los Estados no pueden defenderse de la inmigración ilegal

Opinión

Las autoridades de Texas que intentan defender su estado contra la inmigración ilegal son recibidas con aullidos de indignación.

Los medios de propaganda izquierdistas los difaman. Profesores de derecho, haciéndose pasar por expertos en un tema que la mayoría nunca ha investigado, afirman que el caso legal de las autoridades de Texas es un «disparate constitucional». La Constitución, dicen, prohíbe «claramente» que un estado responda al flujo de inmigrantes indocumentados.

Lo más insultante es que estos críticos acusan a las autoridades de Texas de intentar «anular» la ley federal, comparando implícitamente su conducta con la de los estados esclavistas anteriores a la Guerra Civil.

Nunca faltan promotores del poder ilimitado. Actualmente, actúan como cómplices de la administración Biden. Es posible que reconozca su táctica: afirmar la verdad de su «línea de partido» —ya sea sobre el cambio climático, las vacunas o la Constitución— es simplemente indiscutible. Si alguien no está de acuerdo, entonces lo marginan como un chiflado o incluso como un extremista peligroso.

Hace unos años, vimos cómo los defensores de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible (Obamacare) ponían en práctica esta táctica en otra disputa constitucional. Obamacare obligaba a todos los estadounidenses a obtener un seguro médico aprobado por el gobierno federal. Cuando algunos dudaron de la constitucionalidad del mandato, los comentaristas de izquierda afirmaron que era «claramente constitucional dentro de los poderes de la Cláusula de Comercio de la Constitución» (Artículo I, Sección 8, Cláusula 3). Tacharon a los escépticos de fomentar el caos y de «claramente equivocados».

Pero resultó que los promotores del poder centralizado eran los que estaban equivocados.

Aunque la Corte Suprema confirmó que el mandato era un impuesto, también dictaminó que el poder del Congreso para «regular el comercio» no incluía obligar a la gente a comprar cosas que no querían.

El Congreso respondió derogando el mandato.

También en este caso son los promotores del poder —no las autoridades del estado de Texas— quienes están «claramente equivocados».

Las afirmaciones de los defensores del poder federal

Algunos de sus argumentos «jurídicos» se basan realmente en la política y no en la Constitución. Un ejemplo es su afirmación de que permitir que un estado se defienda de la inmigración ilegal complicaría las relaciones exteriores.

Las cuestiones de política deben ser competencia de los políticos y los ciudadanos, no de los tribunales. Además, como señaló en una ocasión el difunto juez Antonin Scalia:
«Incluso en sus relaciones internacionales, el Gobierno Federal debe vivir con el inconveniente hecho de que es una Unión de Estados independientes, que tienen sus propios poderes soberanos [aunque sea] una molestia y un incordio en la conducción de la política exterior».

Los promotores del poder federal también tienen otros argumentos constitucionales. Pueden agruparse en tres proposiciones generales:

• 1. Texas intenta «anular» inconstitucionalmente la ley federal.
• 2. La Constitución otorga al gobierno federal el poder exclusivo en materia de inmigración, por lo que los estados no pueden abordar el tema. (Así lo argumentó la juez Sonia Sotomayor al disentir de una orden intermedia en el caso Estados Unidos contra Texas).
• 3. Aunque la Constitución reconoce que los estados pueden responder a una «invasión», ese término solo se refiere al ataque de una fuerza militar extranjera. No incluye el movimiento a través de la frontera de inmigrantes no autorizados, ni siquiera de 10 millones de ellos.

Pero al examinarlos, cada uno de estos argumentos se derrite como un cubito de hielo bajo el sol de Texas en julio.

Argumento: «¡Texas está ‘anulando’ la ley federal!»

Esta es la más ridícula de las acusaciones contra Texas. De hecho, los «anuladores» no son las autoridades de Texas, sino muchos de sus oponentes.

Tal como se entiende generalmente, la «anulación» es la doctrina según la cual un estado puede proclamar formalmente la inoperancia de una ley federal dentro de sus fronteras. La doctrina presupone que la ley federal es inconstitucional e interfiere con los poderes reservados a los estados, reconocidos por las Enmiendas Novena y Décima. En realidad, la doctrina es extraconstitucional y no constitucional.

Pero las autoridades de Texas no están intentando anular una ley federal. Intentan hacer cumplir la ley federal. Y tienen perfecto derecho a hacerlo. Esto es lo que dice el Artículo VI de la Constitución al respecto:

«Esta Constitución, y las Leyes de los Estados Unidos que se dicten en cumplimiento de la misma… serán la Ley suprema del País; y los Jueces de cada Estado estarán obligados por ella ….». (énfasis añadido).

Una vez más, los auténticos anuladores no son las autoridades de Texas. Los auténticos anuladores son (1) las ciudades y estados «santuario» que están subvirtiendo deliberadamente la ley federal y (2) la administración Biden, debido a su imperfecto cumplimiento del mandato de la Constitución de que el presidente «velará por el fiel cumplimiento de las leyes» (Artículo II, Sección 3).

No solo son los verdaderos anuladores, sino que su anulación es particularmente atroz. Esto se debe a que, a diferencia de los anuladores anteriores, no tienen ninguna base para concluir que la ley que están ignorando es inconstitucional. La Constitución autoriza las restricciones del Congreso a la inmigración (en el Artículo I, Sección 8, Cláusula 10) y las reconoce (en el Artículo I, Sección 9, Cláusula 1, que se analiza más adelante).

Es posible que haya oído el comentario irónico de que cuando los izquierdistas acusan a sus oponentes de algo —en este caso, de anulación— probablemente lo estén haciendo ellos mismos.

Q.E.D.

Argumento: «La regulación federal de la inmigración es exclusiva; los estados no tienen ningún papel»

La siguiente alegación constitucional de los partidarios de la inmigración ilegal es que la jurisdicción federal sobre la inmigración es «exclusiva». Esto significa que los estados no tienen ningún poder sobre el tema.

Pero esta afirmación se contradice tanto con la redacción de la Constitución como con la historia que rodeó su adopción.

Antes de que la Constitución creara el gobierno federal, cada estado era plenamente soberano. Los estados habían cedido cierta autoridad al Congreso a través de los Artículos de la Confederación, pero eso no creaba un gobierno. Los Artículos eran un tratado, muy parecido a la OTAN actual. El Congreso de la Confederación era un órgano de coordinación comparable al Consejo del Atlántico Norte de la OTAN.

La ratificación de la Constitución transfirió algunos poderes soberanos («enumerados») al nuevo gobierno federal. Según el Artículo VI, las leyes federales adoptadas en virtud de esos poderes (pero no las leyes adoptadas fuera de ellos) son la «Ley suprema del país».

La Constitución otorga al gobierno federal autoridad exclusiva sobre algunas materias, utilizando la palabra «exclusiva», bien prohibiendo la actuación de los estados en esa materia.

Pero en todas las demás áreas en las que el gobierno federal puede actuar, los estados también pueden hacerlo de forma subordinada. Como escribió Alexander Hamilton en el «Federalista» nº 32, tienen «autoridad concurrente». La inmigración es una de esas áreas.

De hecho, la Constitución reconoce específicamente la jurisdicción concurrente de los estados sobre la ley de inmigración. La parte del Artículo I, Sección 9, Cláusula 1 que aborda la inmigración voluntaria incluye las siguientes palabras:

«La Migración… de las Personas que cualquiera de los Estados ahora existentes considere apropiado admitir, no será prohibida por el Congreso antes del Año mil ochocientos ocho ….».

Para entenderlo mejor, pasemos del negativo al positivo y traduzcámoslo al español moderno. Esto es lo que tenemos:

«Los Estados pueden decidir a quién admiten o excluyen, y el Congreso puede anular sus decisiones solo después de 1808».

La conclusión de que los estados gozan de una autoridad concurrente subordinada sobre los pasos fronterizos tiene mucho sentido. Como señaló el juez Scalia, los estados conservan una soberanía parcial y el control de las fronteras es un aspecto fundamental de la soberanía.

Más sobre el mito del «poder federal exclusivo»

La inmigración no es el único ámbito en el que la gente impaciente por las limitaciones al poder central ha afirmado que el gobierno federal tiene jurisdicción «exclusiva». Algunos dicen que los federales tienen autoridad exclusiva sobre asuntos exteriores y comercio exterior. Ignoran el hecho de que la Constitución solo contiene un lenguaje limitado de «exclusividad» sobre esos temas. (Está en el Artículo I, Sección 10). También ignoran la decisión deliberada de la Convención Constitucional de 1787 de dejar a los estados la autoridad para imponer (en ausencia de acción del Congreso) embargos contra gobiernos extranjeros.

Otros han afirmado que solo el gobierno federal puede regular el comercio interestatal. Y otros sostienen que solo los federales pueden ocuparse de los asuntos indios, a pesar de la abundancia de pruebas históricas y jurídicas de que los estados también tienen un papel en los asuntos indios.

Quienes siguen la carrera de los promotores del poder centralizado saben que a menudo no se ven limitados por hechos inconvenientes.

Afirmación: «¡La inmigración ilegal no es una invasión!»

La Constitución (Artículo I, Sección 10, Cláusula 3) limita los poderes militares estatales, pero reconoce la autoridad reservada de los estados para usar la fuerza militar contra los invasores:

«Ningún Estado podrá, sin el Consentimiento del Congreso… mantener Tropas, o Buques de Guerra en tiempo de Paz… o entrar en Guerra, a menos que sea realmente invadido, o se encuentre en un Peligro tan inminente que no admita demora».

Los promotores del poder federal replican que se trata de un límite a los estados, no de una concesión. Y es cierto. Pero un límite supone que hay algo que limitar. En este caso, ese «algo» es la autoridad reservada a los estados para proteger sus propias fronteras. Varios Fundadores reforzaron este punto, entre ellos James Madison y John Marshall (el futuro Presidente de la Corte Suprema), ambos en la convención de ratificación de Virginia.

Para entenderlo mejor, convirtamos también esta cláusula en su sentido positivo:

«Cualquier Estado puede mantener tropas y buques de guerra en tiempo de guerra, … y entrar en guerra … si es realmente invadido o se encuentra en un peligro tan inminente que no admita demora».

Ante esta formulación, los promotores del poder federal responden que «claramente» la palabra «invadido» de la Constitución solo significa ataque militar por parte de una potencia extranjera. Algunos tribunales federales de apelación (aunque sin mucha investigación) han suscrito este punto de vista.

Pero como diríamos en Montana, «ese perro no caza».

Cuando investigas la cuestión durante un rato, descubres que no está nada «claro» que la palabra constitucional «invadido» incluya solo los ataques armados de potencias extranjeras. Cuando se investiga un poco más, se aprende que ni siquiera es pausible.

Supongamos que una turba de inmigrantes civiles marcha hasta la frontera y se abre paso por la fuerza de los músculos y el peso del cuerpo. ¿Puede alguien decir con cara seria que esto no es una «invasión»? ¿O que las autoridades estatales no pueden hacer nada al respecto?

Esa hipótesis no es descabellada: Ocurrió realmente en El Paso, Texas, el 21 de marzo de 2024.

Luego está el hecho de que cuando se redactó la Constitución, los términos «invadir» e «invasión» incluían incursiones fronterizas no militares y no autorizadas. No se trataba de un uso meramente «metafórico», como afirman algunos comentaristas. Formaba parte del significado básico de estas palabras.

El académico de Massachusetts Andrew Hyman y yo investigamos recientemente y fuimos coautores de un artículo en una revista jurídica sobre los poderes de guerra reservados a los Estados. Como parte de nuestra investigación, examinamos 13 diccionarios ingleses de la época de la Fundación para ver cómo definían «invadir», «invasor» e «invasión». Doce de las trece definiciones incluían incursiones no militares no autorizadas.

Hace unos días descubrí un decimocuarto diccionario de la época de los Fundadores. Se trata del «New Royal English Dictionary» de Charles Marriott, publicado en 1780, justo siete años antes de que se redactara la Constitución.

Una de las definiciones de «invasor» del diccionario era «alguien que invade o se entromete». Una de sus definiciones de «invasión» era «una usurpación».

¿Qué ocurre con el uso común fuera de los diccionarios? Por lo general, cuando los oradores y escritores del siglo XVIII se referían a invasiones, se referían a acciones militares. Pero eso se debe simplemente a que la mayoría de las invasiones se apoyan militarmente. Hubo muchas incursiones no militares que los hablantes del siglo XVIII consideraron invasiones.

Por ejemplo, los ataques a través de una frontera por bandas criminales se llamaban «invasiones». La inmigración ilegal en pateras era una «invasión». Tanto Benjamin Franklin como la legislatura de Pensilvania calificaron de «invasión» la inmigración pacífica, pero no autorizada, a su estado.

La respuesta a esta evidencia por parte de los defensores de la inmigración ilegal ha sido mayoritariamente ignorarla.

Conclusión

El juez Scalia escribió: «Aunque pueda molestar a las potencias extranjeras —e incluso cuando el Gobierno Federal quiere evitar desesperadamente molestar a las potencias extranjeras— los Estados tienen derecho a proteger sus fronteras contra los extranjeros, del mismo modo que tienen derecho a ejecutar a extranjeros por asesinato».

Así pues, las autoridades del Estado de Texas se mueven en un sólido terreno constitucional.

También tienen una sólida base moral.

Defienden su Estado y su país frente a quienes los violan. Defienden la justicia frente a los anárquicos que intentan abrirse camino hasta la primera fila por delante de quienes (como mi madre y mis abuelos) siguieron las normas al inmigrar aquí.

Solo cabe preguntarse por la mentalidad de las criaturas que atacan a funcionarios del Estado por cumplir con su deber y defender a su país y la causa de la justicia.

Robert G. Natelson, antiguo catedrático de Derecho Constitucional e investigador principal de jurisprudencia constitucional en el Independence Institute de Denver, es autor de «The Original Constitution: What It Actually Said and Meant» (3ª ed., 2015). Es coautor de «The Constitution, Immigration, Invasion, and the War Powers of States», publicado por el British Journal of American Legal Studies (2024).

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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times