Opinión
Ha llegado el momento de que Estados Unidos ayude a Venezuela a detener la tiranía de Nicolás Maduro y su red criminal. El brote pandémico y los bajos precios del petróleo ofrecen una oportunidad para forzar al usurpador a salir y dejar que los venezolanos elijan a un nuevo presidente.
El 31 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una hoja de ruta para levantar las sanciones al gobierno venezolano. Primero, el régimen de Maduro debe transferir el poder a la Asamblea Nacional. Segundo, los legisladores elegidos democráticamente pueden elegir una autoridad ejecutiva interina, llamada Consejo de Estado, que convoque a elecciones justas y libres. El plan termina con la restauración del Estado de derecho y la separación de poderes después de más de 20 años de socialismo.
Ni Maduro ni el líder de la oposición Juan Guaidó pueden formar parte del Consejo de Estado, una conciliación aceptable. Sin embargo, el régimen debe permitir el regreso de los miembros de la Asamblea Nacional que se encuentran perseguidos o exiliados y liberar a todos los prisioneros políticos. Los agentes de los servicios de inteligencia rusos y cubanos que apuntalan al régimen también deben regresar a sus países.
El punto de partida requiere la cooperación tanto del Partido Socialista en el poder como el de la oposición. Por su parte, Guaidó dijo al Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que apoyaría el plan. No es de extrañar que el ministro de relaciones exteriores de Maduro, Jorge Arreaza, lo haya rechazado.
Pero la lucha no ha terminado.
A diferencia de los planes anteriores, la buena noticia es que los principales actores regionales apoyan este esfuerzo de la Casa Blanca. Colombia y Brasil han expresado su apoyo y han prometido ayudar durante la transición de Venezuela. Otro patrocinador es Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). El renombrado líder latinoamericano pro-democracia ha pedido a otras naciones que sigan su ejemplo.
En el mejor de los casos, una coalición internacional podría presionar a Maduro y a sus partidarios para que acepten el acuerdo. Si eso no es suficiente, Estados Unidos tiene otras herramientas a su disposición.
El 10 de abril, el enviado especial del gobierno de Trump para Venezuela, Elliott Abrams, advirtió a Maduro que Estados Unidos tomaría medidas de todas formas. La diferencia es que la Casa Blanca está dispuesta a ser más agresiva en caso de no cooperación.
El régimen chavista tuvo una muestra de lo que podría suceder a continuación. El 26 de marzo, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a Maduro y a Diosdado Cabello por cargos de narcotráfico. Ahora hay un precio por sus cabezas: hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su captura y condena.
Del plan a la acción
Un elemento clave de cualquier transición exitosa es conseguir el apoyo de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela (FANB). La propuesta de la Casa Blanca levanta las sanciones a los oficiales de las FANB, nombra a uno como asesor del Consejo de Estado, y mantiene el alto mando militar durante la transición –excepto un hombre.
Vladimir Padrino López, ministro de defensa y general en jefe de Venezuela, también está acusado por el Departamento de Justicia de «narcoterrorismo». En 2016, Maduro puso a Padrino a cargo de la distribución de alimentos, medicinas y programas sociales, convirtiéndolo en una de las figuras más poderosas del régimen. No es de extrañar que Padrino y su familia se hayan enriquecido: ahora son dueños de varias compañías de bienes raíces en Venezuela y Estados Unidos, que valen millones de dólares.
Perder el apoyo de las fuerzas armadas venezolanas es una de las únicas maneras en que Maduro aceptará seguir el plan de la Casa Blanca. Una coalición militar entre Colombia, Brasil y Estados Unidos puede reunir suficiente poder para persuadir a las FANB.
El hecho de que la oposición controle 108 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional da más credibilidad al resto del plan. Los legisladores nombrarían nuevas autoridades para el Consejo Nacional Electoral y la Corte Suprema de Justicia, para que presten servicios durante la transición. También aprobarán las leyes para crear el Consejo de Estado y elegirán a cuatro de sus miembros.
El tercer factor es el establecimiento de una comisión de verdad y reconciliación, una característica común de los gobiernos latinoamericanos de transición durante las últimas cuatro décadas. Sin embargo, varias comisiones no han cumplido sus promesas debido a la debilidad de las instituciones y al nepotismo.
El nuevo régimen de Venezuela debe asegurarse de que la comisión sea independiente y tenga las herramientas para cumplir su mandato. La comisión se encargará de identificar las violaciones de derechos durante el régimen chavista y de procesar a los responsables. Amnistía Internacional ha recomendado que dichas comisiones también examinen el sistema judicial y propongan reformas.
Una nueva oportunidad para negociar
Venezuela, sumida en una crisis de salud durante años debido a la escasez de suministros y personal, no está preparada para manejar la emergencia del virus del PCCh. El 11 de abril, los médicos venezolanos dieron a conocer que solo hay 84 camas de cuidados intensivos con respiradores disponibles en todo el país, contradiciendo la afirmación del gobierno de que hay 25,000 camas.
Esta no es la única mentira del régimen que los grupos de la sociedad civil y la oposición han refutado. Fiel a su hábito de ocultar información, el régimen parece estar manipulando el número de pacientes y muertes por el virus del PCCh.
Hasta el 14 de abril, el régimen reportó 193 infecciones y nueve muertes. Sin embargo, los médicos de la Universidad de los Andes, en Mérida, identificaron 378 casos sospechosos solo en esa ciudad. Los migrantes que no están obteniendo trabajo ni ingresos en el extranjero están regresando a Venezuela, lo que aumenta el riesgo de un brote.
El régimen también ha afirmado que Venezuela está haciendo pruebas de detección del virus del PCCh a 25,000 personas diariamente, más de las 20,000 que el Reino Unido está tratando de conseguir. José Manuel Olivares, miembro de la Asamblea Nacional, desmintió al régimen y respondió que Venezuela tiene el índice de pruebas más bajo del mundo.
A pesar de su descarado optimismo, Maduro ha decidido extender el cierre nacional hasta mayo. Si la dictadura esconde los números reales y no puede controlar la pandemia, la verdad saldrá en algún momento a la luz. El régimen difícilmente podrá afrontar otra crisis bajo el actual aislamiento internacional, y el levantamiento de las sanciones estadounidenses será más atractivo.
El aislamiento significa detener las transacciones financieras a Venezuela si el régimen no acepta la transición. Durante demasiado tiempo la dictadura ha sido un parásito tras las remesas de los ciudadanos y otras entradas de dinero. Con los precios del petróleo en mínimos históricos, de alrededor de 30 dólares por barril, diezmando los ingresos del gobierno y los programas sociales en los que el régimen ha dependido para el apoyo público, algo tiene que suceder.
Los venezolanos deberían presionar al régimen y poner en marcha un gobierno de transición. Maduro debe entender que es su última oportunidad de evitar un camino que lleve a la intervención. Una coalición militar de Estados Unidos con Colombia y Brasil debería estar lista para actuar si Maduro no deja el cargo.
Con la colaboración de Paz Gómez.
Fergus Hodgson es el fundador y editor ejecutivo de la publicación de inteligencia latinoamericana Econ Americas. También es editor itinerante de Gold Newsletter y un investigador asociado del Frontier Centre for Public Policy.
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