DEL RIO, Texas. El primero de una lista de proyectos de ley relacionados con la seguridad fronteriza que los republicanos esperan presentar este año es en gran parte una acción al estilo del Título 42.
El proyecto de ley forma parte de los compromisos que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (R-Calif.), les dio a varios republicanos que se resistían cuando competían por el puesto de presidente hace varias semanas. McCarthy ganó el mazo en la 15° votación.
“Hicimos una de nuestras solicitudes para que avancemos efectivamente en el plan fronterizo de Texas este año. Y que obtengamos votos sobre el plan fronterizo de Texas”, dijo el representante Chip Roy a The Epoch Times, con respecto a las negociaciones del presidente de la Cámara.
Roy es el patrocinador de H.R. 29, también conocida como “Ley de Seguridad y Protección Fronteriza de 2023”. Ha asegurado 58 copatrocinadores a partir del 25 de enero y es optimista de que se sumarán más miembros, especialmente aquellos que apoyan la orden de salud pública del Título 42 que permite que la Patrulla Fronteriza expulse rápidamente a algunos extranjeros ilegales.
Es un proyecto de ley simple, que Roy dijo que tenía un propósito: “O estás a favor o estás en contra”.
La esencia del proyecto de ley establece: “Este proyecto de ley requiere que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspenda la entrada de cualquier ciudadano no estadounidense (extranjero según la ley federal) sin documentos de entrada válidos durante cualquier período en el que el DHS no pueda detener a dicha persona o devolver al individuo a un país extranjero contiguo a Estados Unidos. Un estado puede demandar al DHS para hacer cumplir este requisito”.
Ya está consagrado en la ley de inmigración de décadas de antigüedad que los extranjeros ilegales e inadmisibles sean detenidos mientras su caso esté pendiente. Sin embargo, la administración de Biden se alejó de eso al disminuir el espacio de detención disponible y desmantelar el programa Permanecer en México, que requería que los extranjeros permanecieran en México hasta que sus casos fueran adjudicados. El resultado es un sistema de “atrapar y liberar” en el que a los extranjeros ilegales se les da un teléfono rastreable y una fecha de corte y luego se los libera en Estados Unidos con una fecha de corte que a menudo es para años después.
Cuando el programa Permanecer en México estaba operando durante la era de Trump, la inmigración ilegal se redujo en un 75 por ciento, ya que detuvo el proceso de captura y liberación. La administración Biden tiene la intención de eliminar el programa Permanecer en México, a pesar de que la Corte Suprema le ordenó reanudarlo. No se han incluido extranjeros ilegales en el programa desde agosto de 2022, según las estadísticas de la CBP.
“Nuestras leyes, la posición predeterminada, es que tienes que tener el control operativo de la frontera, y aseguras la frontera, y la gente no puede entrar sin papeles”, dijo Roy.
Oposición
El proyecto de ley fronterizo de Roy se ha encontrado con una feroz oposición de una plétora de grupos de defensa de la inmigración.
Un grupo de 253 organizaciones no gubernamentales escribió una carta conjunta a los miembros del Congreso, instando a los miembros a votar en contra de HR29, diciendo que, “como cuestión práctica, cerraría nuestra frontera a todos los solicitantes de asilo, sin importar cuán fuertes puedan ser sus casos”.
La carta continúa diciendo que el proyecto de ley “devolvería a los refugiados de todas las nacionalidades y edades, incluidos los niños, directamente al daño y la muerte”.
Las organizaciones afirman que las condiciones del proyecto de ley son “operacionalmente imposibles” y “una receta para una catástrofe de derechos humanos”.
Roy cuestiona la interpretación. “Absolutamente no prohíbe el asilo. Eso es una mentira. Es una mentira deliberada de la gente tergiversar lo que hace el proyecto de ley”.
Dijo que el argumento de la carta de que él y el proyecto de ley son “anticristianos” carece de fundamento.
“Es realmente ofensivo. No sé cómo es anticristiano tratar de evitar que los cárteles violen a más niñas en escondites y maten a estadounidenses con fentanilo porque nos negamos a hacer lo que tenemos que hacer para controlar nuestra frontera”, dijo Roy.
El Congreso definió el “control operativo” de las fronteras de EE.UU. en la Ley de cercas seguras de 2006 como “la prevención de todas las entradas ilegales a Estados Unidos, incluidas las entradas de terroristas, otros extranjeros ilegales, instrumentos de terrorismo, narcóticos y otro contrabando”.
La carta de la ONG dice que el “control operativo” en la frontera de Estados Unidos es “incompatible con la democracia liberal”.
Cita un informe del Instituto de Política Migratoria de 2011 que afirma: “Por supuesto, lograr un control fronterizo absoluto, mediante el cual ningún individuo cruce a un estado sin la autorización de ese estado, es imposible y las únicas naciones que han estado cerca de tal control fueron totalitarias, con líderes que no tuvieron reparos en imponer el control fronterizo con órdenes de disparar a matar”.
El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, ha sostenido que la frontera es segura y su agencia tiene el control operativo.
Desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo hace dos años, los agentes de la Patrulla Fronteriza han detenido a más de 4,2 millones de personas que cruzan la frontera ilegalmente, según datos de Aduanas y Protección Fronteriza.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) dicen que la HR29 es una herramienta de “miedo y odio”.
No tiene “nada que ver con la seguridad ni ningún tipo de esfuerzo para abordar los desafíos reales y complicados que plantea el aumento mundial de la migración, y todo que ver con un aumento alarmante en la retórica de odio y la violencia contra los solicitantes de asilo y los inmigrantes en Estados Unidos”, dice la carta.
Sistema de Asilo
Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas en el Centro de Estudios de Inmigración, dijo que el proyecto de ley claramente no termina ni restringe el acceso al asilo.
“En todo caso, este proyecto de ley mejoraría el acceso al asilo, porque contribuiría en gran medida a prevenir el abuso actual del proceso de asilo por parte de inmigrantes ilegales oportunistas”, dijo Vaughan a The Epoch Times el 24 de enero.
“Los críticos de este proyecto de ley equiparan cruzar ilegalmente para pedir asilo con realmente calificar para el asilo. Esas son dos cosas muy diferentes”.
Según la legislación estadounidense, para poder solicitar asilo, el solicitante debe demostrar que ha sido perseguido, o teme serlo, por motivos de raza, religión, nacionalidad y/o pertenencia a un determinado grupo social u opinión política.
Los datos muestran que alrededor del 90 por ciento de las solicitudes de asilo de los centroamericanos finalmente son declaradas no calificadas por los jueces de inmigración. La mayoría de los que cruzan la frontera ilegalmente y son liberados en Estados Unidos no terminan solicitando asilo, aunque tienen un año para hacerlo al ingresar. Muchos se fugan de sus audiencias judiciales y no se les puede rastrear.
“Y ese es uno de los mayores problemas en este momento y la razón por la que tenemos esta crisis en la frontera es porque la administración Biden ha estado permitiendo que cualquiera que cruce la frontera ingrese con el pretexto de querer solicitar asilo”.
Vaughan dijo que, aunque la ley actual estipula que los extranjeros ilegales deben ser detenidos hasta que se resuelva su caso, “la ley no brinda muchos remedios para cuando un presidente simplemente se niega a asegurar la frontera”.
El proyecto de ley de Roy, dijo, “aclararía lo que el Congreso espera que haga una administración. Es esencialmente un referéndum sobre captura y liberación”.
Si el proyecto de ley se aprobara, crearía “un gran incentivo” para que el poder ejecutivo establezca un mejor sistema para adjudicar las solicitudes de asilo con mayor rapidez, dijo Vaughan.
Roy dijo que se volvió menos optimista sobre la aprobación del proyecto de ley después de que los republicanos del Senado votaron para permitir que el proyecto de ley de gastos generales se aprobara a fines del año pasado, esencialmente renunciando a la principal herramienta de influencia política de los legisladores republicanos.
El presidente McCarthy no respondió a una solicitud de comentarios de The Epoch Times sobre cuándo se podría colocar HR29 en el calendario, o si apoya la medida.
“Uno pensaría que el presidente McCarthy reconocería la importancia de este proyecto de ley, para demostrar que cumplirá con la agenda que los miembros de su grupo quieren impulsar”, dijo Vaughan.
The Epoch Times se acercó a los cinco miembros de la Cámara de Representantes de Texas cuyos distritos incluyen una parte de la frontera sur: Rep. Tony Gonzales (R-Texas), Rep. Monica De La Cruz (R-Texas), Rep. Henry Cuellar (D-Texas), Rep. Vicente Gonzales (D-Texas) y Rep. Veronica Escobar (D-Texas).
Ninguno de los representantes respondió a una solicitud de comentarios sobre la HR29. Ninguno figura actualmente como copatrocinador del proyecto de ley.
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