Es posible que se hayan cometido varias «violaciones graves a los derechos humanos» contra los musulmanes uigures en Xinjiang, China, según un nuevo informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
El informe de 48 páginas (pdf) fue publicado el 31 de agosto por la comisionada saliente de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, poco antes del final de su mandato. Bachelet ha enfrentado críticas por su postura “suave” sobre China y por minimizar los abusos contra los derechos humanos del Partido Comunista Chino (PCCh).
China se había opuesto a la publicación del informe, que se produjo después de que en 2017 se pusiera en conocimiento de la ONU una serie de graves denuncias de violaciones a los derechos humanos contra los uigures y otras comunidades predominantemente musulmanas.
Esas acusaciones se encontraban principalmente en el contexto de la «aplicación de estrategias contra el terrorismo y el extremismo» del régimen chino, según el informe.
Los investigadores de la ONU examinaron el material documental relacionado con las denuncias, prestando especial atención a las propias leyes, políticas, datos y declaraciones del régimen chino. La OACDH también «solicitó información y entabló un diálogo e intercambios técnicos con China a lo largo del proceso», según el informe.
Descubrieron “evidencia creíble” de tortura que posiblemente equivalía a “crímenes de lesa humanidad” en los llamados Centros de Educación y Capacitación Vocacional (VETC) en China, entre 2017 y 2019. Beijing ha defendido los centros, afirmando que las personas en ellos aprenden idiomas y habilidades laborales.
Según el informe de la ONU, “dos tercios de los veintiséis exdetenidos entrevistados” por los investigadores de la ONU “informaron haber sido sometidos a un trato que equivaldría a tortura y/u otras formas de malos tratos”, ya sea en los VETC o “en el marco de procesos de derivación a establecimientos VETC”.
“Tortura o malos tratos” en los llamados centros de formación
Entre los incidentes registrados por las personas detenidas en los centros de formación profesional figuran «torturas o malos tratos, incluidos tratamientos médicos forzados y condiciones de detención adversas», así como «denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género», afirma el informe.
El informe también acusó a China de utilizar un “sistema de leyes antiterroristas” que incluye leyes vagas de seguridad nacional y antiterroristas que discriminan a los uigures y a otras minorías predominantemente musulmanas, lo que luego condujo a “graves violaciones a los derechos humanos”.
«El alcance de la detención arbitraria y discriminatoria a miembros de los uigures y de otros grupos predominantemente musulmanes, de acuerdo con la ley y la política, en el contexto de las restricciones y la privación más general a los derechos fundamentales de los que se disfruta individual y colectivamente, puede constituir crímenes internacionales, en particular crímenes de lesa humanidad», afirma el informe.
La ONU recomendó que el régimen chino tome medidas inmediatas para liberar a “todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad” e informar a las familias de las personas desaparecidas en Xinjiang sobre su paradero para que puedan establecer “canales seguros de comunicación y viaje que permitan a las familias reunirse»
Naciones Unidas también sugirió que el PCCh “realice una revisión completa del marco legal que rige la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo y los derechos de las minorías” en Xinjiang para “garantizar su cumplimiento con el derecho internacional vinculante a los derechos humanos, y derogar urgentemente todas las leyes, políticas y normas discriminatorias contra los uigures y otras minorías predominantemente musulmanas”.
Reacciones al informe
El informe del miércoles, que había estado en proceso durante tres años, fue inmediatamente catalogado como una campaña de desprestigio por parte de China, que negó todas las acusaciones de abuso y argumentó que los campamentos estaban siendo utilizados para combatir el terrorismo.
“Esta supuesta ‘evaluación’ es un documento politizado que ignora los hechos y expone completamente la intención de Estados Unidos, los países occidentales y las fuerzas anti-China de utilizar los derechos humanos como una herramienta política”, dijo China en un extenso comunicado, mientras agregó que “todos los grupos étnicos, incluidos los uigures, son miembros iguales de la nación china”.
El Congreso Mundial Uigur, un grupo que representa a unas 60 organizaciones, acogió con satisfacción el informe al tiempo que pidió una «respuesta inmediata para poner fin a las atrocidades contra los uigures».
“Este es un cambio de juego para la respuesta internacional a la crisis uigur”, dijo el director ejecutivo del Proyecto de Derechos Humanos Uigur, Omer Kanat, en un comunicado. “A pesar de las enérgicas negativas del gobierno chino, la ONU ahora ha reconocido oficialmente que están ocurriendo crímenes horribles”.
Sophie Richardson, directora para China de Human Rights Watch, le dijo a The Associated Press que los hallazgos del informe muestran “por qué el gobierno chino luchó con uñas y dientes para evitar la publicación” del informe.
“El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debería usar el informe para iniciar una investigación exhaustiva sobre los crímenes de lesa humanidad del gobierno chino contra los uigures y otros, y hacer que los responsables rindan cuentas”, agregó.
Los musulmanes uigures representan alrededor de 10 millones de personas en la región occidental de Xinjiang. Grupos de derechos humanos estiman que más de un millón de personas han sido detenidas en campamentos en la región; por su parte, Estados Unidos ha acusado al PCCh de genocidio.
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