El tribunal federal de apelaciones del Distrito de Columbia le dio al juez de distrito, Emmet Sullivan, 10 días para responder después de que el exasesor de Trump, el teniente general Michael Flynn, apelara ante el tribunal superior para una intervención, alegando que Sullivan está infringiendo las reglas y el precedente en el caso de Flynn.
En su orden del 21 de mayo, el tribunal superior también invitó al gobierno «a responder a su discreción dentro del mismo período de diez días».
El caso está a cargo de un panel de tres jueces: Karen Henderson, nombrada por G. W. Bush; Robert Wilkins, nombrado por Obama; y Neomi Rao, nombrada por Trump.
Flynn, exjefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa y exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, se declaró culpable en 2017 de un cargo de mentira durante una entrevista con el FBI. En enero, el general retirado de tres estrellas del Ejército rechazó la declaración y le pidió a la corte que le permitiera retirarla.
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) decidió abandonar el caso de Flynn el 7 de mayo, diciendo que la entrevista del FBI no se basó en una investigación propiamente dicha y que «parece que se realizó sólo para obtener declaraciones falsas y, por lo tanto, criminalizar al Sr. Flynn».
Sullivan, sin embargo, hasta ahora se ha negado a ratificar la desestimación del DOJ y, en cambio, ha establecido un cronograma que prolongaría el caso durante los próximos meses. Ha designado al exjuez federal John Gleeson como un amicus curiae (amigo de la corte) «para presentar argumentos en oposición a la moción de desestimación del gobierno», así como para «abordar» si la corte debe hacer que la defensa explique por qué «Flynn no debe ser detenido a causa de desacato criminal por perjurio».
También ha señalado que puede permitir que más amici (amigos) se unan al caso.
Los abogados de Flynn, liderados por la exfiscal de Texas, Sidney Powell, solicitaron a la corte superior el 19 de mayo que ordene a Sullivan que acepte la desestimación del caso, cancele la cita de Gleeson y asigne el caso a otro juez.
Ella ha argumentado que, basándose en el precedente, los jueces solo tienen un papel «ministerial» de confirmar la moción de los fiscales para desestimar, ya que es únicamente el poder de la rama ejecutiva, no el poder judicial, quien se encarga de procesar o no procesar.
Powell argumenta además que a Sullivan se le prohíbe nombrar amici porque las reglas del proceso solo aceptan esa opción en casos civiles y no hacen mención de ella en los casos penales.
La referencia de Sullivan al desacato por perjurio probablemente se refiera a que Flynn reiteró su declaración de culpabilidad ante el juez en 2018. Flynn dijo que solo lo hizo porque sus abogados lo instaron y porque fue coaccionado a hacer la declaración por la amenaza de los fiscales de acusar a su hijo.
«El juez de distrito en este caso ha abandonado cualquier pretensión de ser un árbitro objetivo, yendo tan lejos como para sugerir que un acusado criminal que sucumbe a un acuerdo de culpabilidad forzado e injusto debe ser procesado por desacato», dijo Powell en la apelación de Flynn.
Sullivan debería ser retirado del caso, debido a su «manifiesta confusión sobre los hechos de este caso», dijo, señalando su error durante la audiencia de sentencia del 18 de diciembre de 2018, cuando preguntó a los fiscales si consideraban acusar a Flynn de traición.
«Podría decirse que vendiste tu país», le dijo a Flynn, antes de disculparse por haber entendido mal los hechos del caso.
También criticó a Sullivan por «nombrar a un amicus [Gleeson] parcializado y altamente político, que ha expresado hostilidad y desdén hacia la decisión del Departamento de Justicia de desestimar el enjuiciamiento».
Gleeson fue coautor de un artículo de opinión del 11 de mayo en el Washington Post en el que se acusaba al Departamento de Justicia de «indecente», «corrupto» e «influenciado por una política inadecuada» debido a la desestimación que hizo del caso Flynn.
Gleeson fue nombrado por el presidente Bill Clinton y se fue en 2016 para unirse al bufete de abogados Debevoise & Plimpton. Otro abogado de la firma y coautor del artículo de opinión, David O’Neil, representó a Sally Yates (pdf), la exfiscal general adjunta que fue despedida por negarse a hacer cumplir la orden ejecutiva de Trump que bloquea la inmigración de países propensos al terrorismo.
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