Varias empresas de transportistas podrían plantearse la posibilidad de rescindir su contrato con el gobierno federal tras la orden de vacunación del presidente Joe Biden para los contratistas federales, según el vicepresidente ejecutivo de promoción de la Asociación Americana de Camioneros (ATA).
En septiembre, el presidente Joe Biden anunció amplias medidas de vacunación centradas en el gobierno federal, el sector sanitario y las empresas privadas. Los trabajadores federales y los contratistas estarán obligados a vacunarse contra COVID-19. Los contratistas tienen hasta el 8 de diciembre para que sus empleados se vacunen y no pueden permitir que sus empleados opten por no hacerlo.
Sin embargo, Bill Sullivan, de la ATA, dijo a Politico que algunas empresas podrían considerar la posibilidad de renunciar a sus contratos federales si no pueden cumplir con el plazo del 8 de diciembre para que sus trabajadores se vacunen, lo que, según él, podría tener consecuencias devastadoras para su fuerza laboral, y potencialmente afectar a los consumidores durante la temporada alta de vacaciones.
«Estoy seguro, pero con el corazón pesado, de que una orden de vacunación significará menos capacidad para el gobierno como cliente de carga», dijo. «Tiene el potencial de impactar seriamente la capacidad militar».
Sullivan dijo que comunicó sus preocupaciones a la Casa Blanca, a la Oficina de Gestión y Presupuesto y a otros funcionarios del poder ejecutivo, y señaló que si las empresas deciden abandonar sus contratos federales, esto podría generar dificultades para hacer llegar alimentos a las tropas, transportar combustible para los vehículos militares e incluso podría repercutir en el despliegue de la Guardia Nacional.
«Siento que el presidente ha tratado de ser bellamente simple como si esto pudiera aplicarse a todo el mundo, y al hacerlo, habrá un impacto», dijo.
El presidente ha defendido enérgicamente sus órdenes de vacunación para tratar de poner fin a la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), mientras que la medida ha sido elogiada por los funcionarios de salud pública y los demócratas como una forma de impulsar la tasa de vacunación en Estados Unidos.
«Sabemos que no hay otra forma de vencer a la pandemia que conseguir que la gran mayoría de los estadounidenses se vacunen», dijo Biden a los periodistas en un centro de datos en el suburbio de Chicago de Elk Grove Village a principios de este mes, informó The Associated Press.
Pero los republicanos, las empresas y varios sindicatos temen que la norma pueda tener efectos económicos perjudiciales generalizados y que pueda crear más escasez de mano de obra al negarse los trabajadores a vacunarse. La fecha límite también llega poco antes de la temporada alta de vacaciones, lo que provoca más preocupaciones para la economía.
La Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dijo a los periodistas en una rueda de prensa en la Casa Blanca el 20 de octubre que el gobierno de Biden no quiere «castigar» a los trabajadores que no se vacunen antes de la fecha límite de diciembre y que, en su lugar, les ofrecerá educación y asesoramiento en un esfuerzo por persuadirles de que se vacunen.
«Para el pequeño número de personas que no cumplen el plazo, el primer paso es un periodo de educación y asesoramiento«, dijo Walensky.
«Es importante recordar que se trata de un proceso, y que el objetivo es conseguir que la gente se vacune, no castigarla. Así que las agencias no retirarán a los empleados del servicio federal hasta que hayan pasado por un proceso de educación y asesoramiento», dijo Walensky.
«Y al igual que las agencias federales, los contratistas seguirán procesos estándar de adaptación y aplicación entre sus empleados», añadió.
Sin embargo, solo el 50 por ciento de los conductores de la industria de camioneros estaban vacunados en septiembre, según una encuesta realizada por la ATA, mientras que el 62 por ciento de los que no se habían vacunado dijeron que no se vacunarían «bajo ninguna circunstancia».
El director general de la Asociación Americana de Camioneros, Chris Spear, dijo que el grupo estaba ahora «examinando todas las opciones» y que podría considerar emprender acciones legales contra la orden de vacunación de la administración, así como rescindir sus contratos con el gobierno, según Politico.
La semana pasada, los legisladores republicanos expresaron su preocupación por las posibles repercusiones de la próxima orden de vacunación contra COVID-19 de Biden para los empleados federales y decenas de millones de trabajadores del sector público.
En una carta dirigida a los directores de tres agencias federales directamente implicadas, los representantes James Comer (R-Ky.) y Jody Hice (R-Ga.) solicitaron más información sobre las órdenes de vacunación, incluyendo el número actual de trabajadores federales vacunados, la documentación de seguimiento de los despidos de los empleados federales, y la información sobre el cumplimiento de la orden.
La carta cuestiona las afirmaciones de la Casa Blanca de que los requisitos de vacunación solo ocasionarán un mínimo de renuncias de trabajadores. También califica las órdenes de «autoritarias y extremas» y sugiere que podrían no sostenerse en los tribunales.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó una demanda similar el mes pasado.
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