EN DETALLE: Estados Unidos comienza a desmantelar organización de la «mafia» del PCCh en el extranjero

Yu Jing, que escapó de China tras ser perseguida por su fe, no esperaba que ella sentiría que su libertad estaba amenazada en su nuevo hogar.

Ella era una funcionaria de la Oficina de Oleoductos de China, perdió su trabajo y fue objeto de tres detenciones y dos allanamientos por su fe en Falun Gong, también conocido como Falun Dafa.

La práctica espiritual consiste en una serie de enseñanzas morales cuyos principios básicos son la verdad, la benevolencia y la tolerancia, así como cinco ejercicios de meditación. En 1999, se estimaba que entre 70 y 100 millones de personas practicaban Falun Gong en China. Al considerar la popularidad de esta práctica una amenaza para el poder del Partido Comunista Chino (PCCh), el entonces líder Jiang Zemin ordenó una brutal campaña de represión, que sigue en la actualidad.

En 2001, Yu estuvo a punto de morir. Tras 11 días de huelga de hambre en protesta por la persecución, sin dormir y con amenazas incesantes de los guardias armados a golpe de bastones, su cuerpo quedó cubierto de sudor y empezó a temblar de forma incontrolable. Si hubieran llegado 10 minutos más tarde al hospital, dijo el médico a los guardias, habría muerto.

Yu logró escapar a mediados de 2015 hacia un mundo libre. Meses después, en Estados Unidos, viajó a la capital para unirse a una protesta cerca del Washington Marriott Wardman Park, donde se alojaba Xi Jinping en su primera visita a Estados Unidos como líder supremo del Partido Comunista.

Ella sostuvo una gran pancarta blanca con la leyenda «Bring Jiang Zemin to Justice» («Lleven a Jiang Zemin ante la justicia») escrita en gruesos caracteres chinos, queriendo que se imponga el fin de la persecución y que el predecesor de Xi, Jiang Xemin, principal artífice de la campaña de persecución, rindiera cuentas de sus actos.

A última hora de la tarde, cuando pasó la comitiva de Xi, Yu se vio de pronto rodeada por un gran número de hombres con camisetas rojas. Ellos levantaron banderas rojas para tapar la cara de Yu y la pancarta. La rodearon incluso después de que la policía estadunidense les advirtiera que se alejaran.

«Nunca hubiera imaginado que en una sociedad libre como Estados Unidos, estos agentes pro-Partido Comunista Chino pudieran estar tan fuera de control», dijo la mujer a The Epoch Times, recordando su conmoción en aquel momento.

Muchos miembros de la comunidad disidente china en el extranjero saben desde hace tiempo que estos manifestantes pro-Beijing están organizados por grupos locales estrechamente vinculados al PCCh.

El mes pasado, una acusación federal confirmó esta conexión.

Dos neoyorquinos fueron detenidos por presuntamente dirigir una comisaría china secreta en la ciudad de Nueva York a nombre de Beijing. Esas detenciones formaban parte de varios casos en los que se acusaba a más de 40 agentes chinos por su presunta implicación en diversos planes de ayuda a los esfuerzos transnacionales de intimidación y propaganda del régimen comunista.

Los dos hombres arrestados, según los documentos judiciales, operaban una asociación china local que organizó viajes en autobús de partidarios de Beijing a Washington, para servir como contra-manifestantes durante el viaje de Xi en 2015.

Tácticas mafiosas

Aproximadamente 60 millones de personas de origen chino viven fuera de China, de los cuales 1 de cada 12 se encuentra en Estados Unidos, según las estadísticas del año 2020, recopilada por la Universidad estatal china de Huaqiao. La academia opera bajo la supervisión del Departamento de Trabajo del Frente Unido, una agencia estatal clave que encabeza las campañas de influencia de Beijing para reprimir a los disidentes y cooptar a grupos occidentales para que se alineen con el Partido.

El espionaje, el acoso, las amenazas en Internet, las agresiones físicas y las presiones a las personas que residen en China, que son familiares de los que se encuentran en el exterior, son solo algunas de las tácticas que despliega el PCCh para mantener alineada a esta creciente población.

Es un esfuerzo expansivo que suele llamarse represión transnacional. Tanto en escala como en sofisticación, la campaña de Beijing no tiene parangón en el resto del mundo, según han constatado múltiples análisis de expertos.

Beijing tampoco se avergüenza de su historial. Entre abril de 2021 y julio de 2022, las autoridades estadounidenses obligaron a regresar a China a 230,000 ciudadanos chinos a los que consideraban sospechosos de fraude, según han informado los medios de comunicación estatales chinos.

Mientras tanto, las protestas han ido en aumento.

Laura Harth, directora de campañas de la organización de derechos humanos sin ánimo de lucro, Safeguard Defenders, que fue la primera en dar a conocer la red mundial de vigilancia policial china, describió la actuación del Departamento de Justicia (DOJ) del 17 de abril como parte de un «cambio radical» de las autoridades estadounidenses para disuadir de las operaciones encubiertas chinas en el extranjero.

«Para muchos de nosotros, en la comunidad de derechos humanos, que estamos acostumbrados a que amigos, disidentes, activistas y defensores de los derechos humanos sean encarcelados, desaparecidos y torturados por acusaciones infundadas, es agradable estar en el otro extremo, para variar», declaró Harth a The Epoch Times, expresando su esperanza de que la nueva atención prestada a este asunto dé voz a las víctimas.

Sarah Cook, analista principal de Freedom House, con sede en Washington, describió de forma similar los cargos del DOJ como «sin precedentes».

En cuanto a la represión transnacional de Beijing, dijo, los procesamientos estadounidenses representan los primeros que se dirigen en contra de las comisarías secretas, los primeros de tal envergadura y los primeros que apuntan a los autores de una de las mayores campañas del régimen contra la fe: la Persecución a Falun Gong.

Aunque la mayoría de las personas acusadas viven en China, sigue habiendo repercusiones en el mundo real, dijo Cook a The Epoch Times.

«Por un lado, no pueden venir a Estados Unidos sin ser detenidos y, potencialmente, tienen que tener cuidado al viajar a otros países que tienen tratados de extradición con Estados Unidos», dijo la analista.

Aunque aplauden las acusaciones, Harth como Cook, así como otros observadores de China, legisladores y víctimas de las campañas de persecución, sostienen que los casos solo tocan «la punta del iceberg».

«La detención de los agentes del Partido Comunista Chino implicados en la creación de la comisaría ilegal del PCCh en Nueva York es una pequeña, pero importante victoria para la soberanía estadounidense y para los disidentes que huyen de la opresión y que han hecho de Estados Unidos su hogar», declaró a The Epoch Times el representante Michael Gallagher (R-Wis.).

«Las tácticas mafiosas del PCCh —vigilancia, acoso, chantaje, agresión y persecución de padres ancianos, cónyuges e hijos en China— no pueden tolerarse en Estados Unidos», añadió Gallagher.

«Estados Unidos debe seguir siendo un refugio contra la persecución, no un terreno de caza para dictadores».

Manifestantes a sueldo

Los dos neoyorquinos que el FBI detuvo el 17 de abril son Lu Jianwang y Chen Jinping, asesor general y secretario general de la Asociación Estadounidense ChangLe, un importante centro de reunión social para personas procedentes de la provincia de Fujian, en el sureste de China.

El centro que dirigían estaba situado en la oficina de la asociación, ahora clausurada, en Chinatown, en el bajo Manhattan, y representaba uno de los cuatro comisarías secretas chinas, ilegales en Estados Unidos, según Safeguard Defenders. Existen al menos otros dos puestos en Nueva York y Los Ángeles. Se desconoce la ubicación de un cuarto enclave.

Lu, expresidente de la asociación, gozaba desde hacía tiempo de la confianza de las autoridades chinas, según consta en los archivos judiciales.

Durante la visita de Xi a Estados Unidos en 2015, Lu y otros líderes locales de la asociación china ayudaron a llevar en autobús a cientos de personas a Washington —cada uno recibiendo 60 dólares del consulado chino de Nueva York— para contrarrestar las manifestaciones de practicantes de Falun Gong.

Las manifestaciones pretendían crear conciencia sobre la persecución que sufren los practicantes en la China comunista.

Lu, que ha admitido su afiliación con un antiguo director de la Oficina 610 del PCCh —una agencia policial extralegal creada en 1999 expresamente para perseguir a los practicantes de Falun Gong— también participó en la contraprotesta, según los fiscales.

Aparentemente, satisfechos con el resultado de la contramanifestación, los funcionarios chinos celebraron una ceremonia en la que Lu recibió una placa por su trabajo.

Este tipo de escenas no fueron exclusivas de Washington. Durante la escala de tres días de Xi en Nueva York después de Washington, Xu Dong, chino-estadunidense y practicante de Falun Gong, recordó que varias personas que hablaban un dialecto de Fujian intentaron ponerse delante de él mientras estaba de pie cerca del hotel de Xi. Esas personas, con las banderas rojas en mano, intentaron impedir que Xi viera su pancarta de protesta.

No queriendo montar una escena, otros seguidores de Falun Gong se alejaron. Pero Xu, que acababa de adquirir la nacionalidad estadounidense, se mantuvo firme.

«Este es nuestro país, no un lugar para que el PCCh actúe a su antojo», recordó que pensó entonces.

Cajas de alimentos y «un viaje gratis»

Zhang Huidong, que sujetaba el otro extremo de la pancarta junto a Yu, recordó haber contado entre seis y siete autobuses, algunos procedentes de Connecticut, Virginia, Carolina del Norte y Filadelfia.

Ellos llegaron a distintas horas del día, dependiendo de cuál de los tres turnos les correspondiera. Durante el almuerzo, personas con pancartas que identificaban a sus respectivas asociaciones chinas vinieron a repartir almuerzos, recordó Zhang.

Un hombre, que parecía un dirigente, llegó a burlarse de Zhang, que, como otros practicantes, llevaba su propia comida.

«¿Por qué hacen esto?», preguntó Zhang.

Otro, un estudiante de Connecticut, le dijo a Zhang: «Tenemos un viaje gratis» en los autobuses.

Los hombres se pusieron nerviosos con las cámaras a su alrededor.

Zhang cojea ligeramente debido a las heridas que sufrió al intentar escapar de una cárcel china hace dos décadas. Cuando levantó su teléfono para registrar el comportamiento, los seguidores de Beijing lo esquivaron y profirieron insultos. Un reportero de un medio de comunicación occidental se encontró rápidamente en el centro de la hostilidad, con algunos del grupo tirándole del brazo y exigiéndole que borrara las fotos.

Yu se enteró un año después que los contra manifestantes estaban pagados, cuando empezó a trabajar para un centro chino de atención a la tercera edad que mantiene una estrecha relación con la embajada china. Varios ancianos le contaron que les habían prometido entre 20 y 50 dólares por acudir a dar la bienvenida a Xi. Muchos aceptaron la oferta.

Lu, uno de los participantes en la contraprotesta, admitió su relación con un antiguo director de la Oficina 610, exdirector de la Oficina 610, una fuerza policial ilegal creada en China para perseguir a Falun Gong. Él y un exdirector de la Oficina 610 se habían hecho una foto juntos delante de su casa en China, según consta en el expediente judicial.

Zhang dijo que el comportamiento del bando pro-Beijing le dejó sin palabras.

«Por un poco de dinero, parecían dispuestos a traicionarlo todo», declaró Zhang a The Epoch Times. «Es sencillamente repugnante».

Mientras Zhang apartaba las banderas de la pancarta, los hombres empezaron a pincharle en la cintura y, en el tumulto, un asta de bandera metálica pinchó a una agente de seguridad.

Según Yu, la agente agarró la bandera y dijo airadamente a los partidarios de Beijing que podían ser detenidos si no se mantenían a dos metros de los practicantes.

Aquellas palabras siguieron conmoviendo a Yu. «Gracias», recuerda haberle dicho a la agente. «En China, era la policía china la que me perseguía». La policía la abrazó al conocer su historia.

Dos amigos de Yu fueron torturados hasta la muerte por el PCCh desde que Yu salió de China.

«Esta es mi zona»

Esas interacciones en 2015 marcaron uno de los muchos encontronazos que los seguidores de Falun Gong y otros disidentes han tenido con presuntos grupos de avanzada y agentes chinos a lo largo de los años. Frente al consulado chino en Manhattan, los practicantes de Falun Gong que portaban pancartas para protestar contra la persecución han sido escupidos con frecuencia, y a un practicante le arrancaron el teléfono de las manos con una patada, relataron varios testigos.

En febrero, un hombre, que durante años había acosado a los practicantes que protestan, mostrando pancartas rojas con lemas difamatorios contra su fe, empujó un cartel con las palabras «Verdad, Benevolencia y Tolerancia» desde la acera de la calle y exigió a los practicantes que estaban en las inmediaciones haciendo sus ejercicios de meditación, a que abandonaran la zona.

«Aquí no se pueden practicar ejercicios. Esta es mi zona», dijo el hombre a Liu Guofang, uno de los dos practicantes que se encontraban en el lugar de los hechos, de acuerdo a lo relatado a The Epoch Times. El hombre intentó escupir repetidamente a Liu y a otro de los presentes, haciendo que ambos corrieran a la calle.

Un trabajador de la construcción que presenció la interacción alertó a la policía. Liu vio entonces al hombre huir por la calle hasta la puerta principal del consulado chino, donde permaneció merodeando. El hombre volvió al día siguiente y acosó a otros practicantes, según Liu.

Menos de dos semanas después del incidente, un hombre que hablaba fujianés agredió a un practicante de Falun Gong en el barrio de Flushing, dejándole rasguños en el cuello, la mano y la rodilla.

Liu, de 70 años, sospecha que la coincidencia de estos sucesos no fue casual. «Puede que recibieran alguna directriz», dijo refiriéndose a los hombres.

Levi Browde, director ejecutivo del Centro de Información de Falun Dafa, con sede en Nueva York, ha documentado una larga lista de ataques similares de agentes del PCCh durante sus dos últimas décadas de trabajo como abogado.

«No es algo nuevo para nosotros», declaró Browde a NTD, medio de comunicación asaciado a The Epoch Times, tras leer los documentos del Departamento de Justicia. «Llevamos más de 20 años enfrentándonos a esto —amenazas de muerte, agresiones físicas, allanamientos de morada, acoso en Internet, interferencias en nuestros medios de vida, amenazas a familiares en China».

Además de los temores por la seguridad física de los practicantes, agentes comunistas «matones», también fomentan el odio en Internet, difunden propaganda en los periódicos o encuentran otras formas de influir en el discurso público.

«Ellos están destrozando la forma en que interactuamos unos con otros en este país», afirmó.

«Se esconden en la oscuridad»

En opinión del abogado de San Francisco Arthur Liu (sin parentesco con Liu Guofang), Estados Unidos lleva décadas de retraso a la hora de hacer frente a estas amenazas.

«Las actividades de represión transnacional del PCCh nunca han cesado», declaró a The Epoch Times. «Llevan décadas en marcha».

Liu fue líder estudiantil durante las protestas prodemocráticas de Tiananmen en 1989. Después de que el régimen ordenara el uso de tanques y armas para sofocar el movimiento aquel junio, Liu escapó a Estados Unidos, donde crió a su hija, Alysa, dos veces campeona estadounidense de patinaje artístico.

Pero el régimen no le dejó escapar. Poco después de que Liu llegó a Estados Unidos, el PCCh envió a un agente a vigilarle y recabar información sobre él. Liu, que confiaba en el hombre, lo llevó una vez a la casa de un amigo local para una estancia temporal. Solo dos o tres años después, el hombre reveló que había «venido por encargo».

«No tendríamos ni idea de ello si él no me lo hubiera dicho. Entonces, ¿podría haber espías por ahí de los que no se sabe nada? La respuesta es probablemente sí», dijo Liu.

Eso fue en la década de 1990. Según él, el Partido se ha vuelto más «temerario» a medida que afina su mecanismo de represión.

En noviembre de 2021, un hombre que se hizo pasar por funcionario del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos llamó y exigió los números de pasaporte de Liu y su hija, que Liu se negó a dar. Ese hombre era supuestamente Matthew Ziburis, un ciudadano estadounidense que, según los fiscales, Beijing había contratado para llevar a cabo la vigilancia de la familia Liu. Ziburis fue detenido el pasado mes de marzo acusado de conspiración para cometer acoso interestatal y uso delictivo de un medio de identificación. Quedó en libertad bajo fianza por 500,000 dólares a la espera de juicio.

Tras la prueba de patinaje libre celebrada en Beijing el pasado febrero, Alysa fue abordada por un desconocido que la siguió y le pidió que fuera a su apartamento, recordó Liu.

«El PCCh nunca deja escapar ninguna oportunidad para vigilar y espiar», añadió, indicando que aprendió a no preocuparse demasiado por ello.

«No puedes llevar una vida normal si dejas que te consuma», dijo Liu. «Ellos se esconden en la oscuridad mientras nosotros estamos a la intemperie».

«No hay tiempo que perder»

Harth, de Safeguard Defenders, desconfía del largo camino por recorrer para proteger a los más vulnerables del alcance del régimen.

“Todos sabemos que esta es, de hecho, una operación global masiva. Todos sabemos que también se requerirá una acción coordinada entre las naciones democráticas porque, a veces, la víctima puede estar en EE. UU., pero el perpetrador puede estar en algún lugar de Europa”, dijo Harth. “Siendo muy realistas, sabemos (…) que el PCCh está reteniendo efectivamente a miembros de la familia como rehenes”.

Tardío o no, un contragolpe efectivo de Estados Unidos sigue siendo crucial y “totalmente posible”, dijo Zhou Fengsuo, una vez uno de los cinco “más buscados” por parte de Beijing ante su participación en las protestas de Tiananmen de 1989.

Para Harth, eso implica en parte cerrar “algunos vacíos legales en los códigos penales actuales” para permitir que el Departamento de Justicia procese más fácilmente. Para Zhou, significaría un mayor escrutinio de los potenciales miembros que ofrecen servicios: los diversos grupos de la comunidad de inmigrantes chinos que se registran como organizaciones sin fines de lucro, pero que aún reciben beneficios del estado chino. Dichos grupos, dijo, han sofocado a los activistas a favor de la democracia y “como un sindicato del crimen, ejercen control sobre toda la sociedad étnica china”.

Zhou, en 2020, vio que la aplicación de videoconferencia Zoom, que se desarrolló en China, suspendió temporalmente su cuenta a instancias de Beijing, un incidente que citó como un ejemplo más de la omnipresencia de la influencia del Partido. El Departamento de Justicia acusó a un ejecutivo de Zoom con sede en China, Julien Jin, por censurar una serie de reuniones que Zhou y otros activistas con sede en Estados Unidos celebraron para conmemorar el aniversario de la masacre de la Plaza de Tiananmen.

“No hay tiempo que perder”, dijo Zhou a The Epoch Times. Él fundó el grupo de defensa de los Derechos Humanos en China, e indicó que está lista para ayudar a cualquier estudiante chino que haya sido víctima de las amenazas del régimen.

Se espera que la reciente acción del Departamento de Justicia sea una de muchas más por venir, dijo Browde.

“Esto envía un mensaje críticamente claro al PCCh de que no puede traer su tiranía de matones aquí a Estados Unidos y hacer todas estas cosas con las que se han salido con la suya, en gran medida, durante los últimos 20 años”, declaró el director del centro de información de Falun Dafa, añadiendo, “ustedes ya no pueden hacer esto. Serán arrestados. Se hará justicia e incluso si están en China, hay cosas que se pueden hacer: sanciones y cosas por el estilo. Así que necesitamos más de este tipo de investigaciones y más de estas acusaciones”.

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