El equipo legal del expresidente Donald Trump y el Departamento de Justicia de Estados Unidos propusieron el viernes, cada uno dos candidatos para servir como una tercera parte neutral —un perito especial— que revisará los documentos que el FBI incautó cuando realizó una redada a la residencia Mar-a-lago de Trump en Florida el mes pasado.
Además de proponer diferentes personas para el puesto, las dos partes discreparon sobre el alcance de los deberes que debería tener el perito especial. En particular, ellos no están de acuerdo sobre si los registros clasificados debían excluirse de la revisión.
Los candidatos propuestos por el equipo legal de Trump son Raymond Dearie y Paul Huck Jr. El Sr. Dearie, ahora jubilado, fue juez principal de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York y también fue fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York. Además previamente se desempeñó en la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Huck es un destacado abogado de Florida que fue asesor general del gobernador y exfiscal general adjunto de Florida.
Los dos candidatos propuestos por el Departamento de Justicia son los jueces jubilados Barbara Jones y Thomas Griffith. El Sr. Jones se desempeñó anteriormente en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y anteriormente fue perito especial en dos investigaciones previas de alto perfil que involucraron a dos de los exabogados de Trump. Griffith fue juez de circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el circuito del Distrito de Columbia.
Disputa del alcance del perito especial
En una presentación conjunta el viernes por la noche (pdf), el Departamento de Justicia dijo a la jueza federal de distrito, Aileen Cannon, que el equipo de Trump quiere que se le permita al perito especial revisar “todos los materiales incautados, incluidos los documentos con marcas de clasificación” que el FBI incautó Mar-a- Lago. El equipo de Trump también quiere que el perito especial filtre cualquier documento que pueda estar protegido por «reclamos potenciales de privilegios ejecutivos».
El Departamento de Justicia indicó que no cree que se deba permitir que el perito especial revise ningún registro clasificado o considere posibles reclamos de privilegio ejecutivo.
“La posición del Gobierno es que el Perito Especial no debe revisar documentos con marcas de clasificación; no debería adjudicar reclamos de Privilegio Ejecutivo (pero debería presentar a la [Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA)] cualquier documento sobre el cual se hagan tales reclamos) y debería consultar con NARA sobre la resolución de los registros presidenciales”, se lee en la presentación.
Según la presentación, el equipo de Trump “no cree que el Perito Especial deba o necesite consultar con [NARA]” e indica que “en la medida en que el Perito Especial determine tal necesidad, el Demandante sugeriría que las partes sean escuchadas por el Perito Especial, y posiblemente por esta Corte, antes de que se de ese paso”.
Concesión a la solicitud de Trump
Esta última presentación ante la corte se produjo después de que la jueza federal de distrito Aileen Cannon concediera el 5 de septiembre la moción de Trump de incluir un perito especial en el proceso de revisión de los registros que el FBI confiscó sin previo aviso a Mar-a-Lago el 8 de agosto.
Ella ordenó al Departamento de Justicia que detuviera temporalmente su revisión de registros con fines de investigación y les dio a las dos partes hasta el 9 de septiembre para presentar un candidato potencial para el puesto de perito especial, así como sus propuestas para los deberes y el cronograma de su trabajo.
Cannon, quien fue nominada por Trump en 2020, dijo el 5 de septiembre que se puso del lado de Trump a pesar de las objeciones del Departamento de Justicia en parte porque el equipo de filtrado de documentos del gobierno de Estados Unidos, que se suponía que identificaría todos los elementos potencialmente privilegiados, no lo hizo. La jueza citó al menos dos casos en los que los miembros del equipo de investigación del Departamento de Justicia estuvieron «expuestos» a material potencialmente privilegiado del equipo de filtro, algo que, según ella, plantea dudas sobre la idoneidad del proceso.
Cannon indicó que el perito especial sería responsable de revisar los registros que el FBI tomó de Mar-a-Lago el 8 de agosto y filtraría cualquier documento potencialmente cubierto por reclamos de privilegio de abogado-cliente o ejecutivo.
El Departamento de Justicia (DOJ) está investigando si Trump retuvo en Mar-a-Lago después de que dejó el cargo en enero de 2021 registros gubernamentales, algunos de los cuales fueron marcados como altamente clasificados. El DOJ también está investigando si trató de obstruir su investigación. Una abogada de Trump, Christina Bobb, le dijo previamente a The Epoch Times que los agentes del FBI estaban “buscando registros presidenciales, lo que consideraban registros presidenciales y cualquier cosa que posiblemente sería clasificada”.
Trump ha dicho que la redada del FBI fue una continuación de los ataques en su contra y acusó a Biden de haber tenido conocimiento previo de la redada, pero Biden y la Casa Blanca negaron saber sobre la redada de antemano.
Según un inventario publicado el 2 de septiembre, los agentes del FBI en Mar-a-Lago incautaron 11,179 materiales que no estaban marcados como clasificados y también se llevaron 103 documentos marcados como clasificados, incluidos algunos marcados como ultrasecretos.
Objetivos del Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia (DOJ) se había opuesto a la solicitud de Trump de un perito especial diciendo que su propia revisión ya había identificado un subconjunto limitado de registros que posiblemente involucran el privilegio abogado-cliente. El DOJ argumentó que el privilegio ejecutivo no se aplica a la investigación y que Trump ya no es presidente y no tiene derecho a reclamar los documentos como suyos.
El jueves, el DOJ presentó un aviso de apelación indicando que impugnará la orden de la jueza Cannon ante la Corte de Apelaciones del 11° Circuito de Estados Unidos en Atlanta. Los funcionarios del gobierno le pidieron a la jueza que levantara la medida de restricción que ordenó sobre su trabajo de investigación mientras está pendiente la apelación, así como el requisito de que el Departamento de Justicia debe compartir con el perito especial los registros clasificados que el FBI tomó el 8 de agosto.
Después de que el Departamento de Justicia advirtiera el jueves por la noche que nombrar a un perito especial podría retrasar los esfuerzos del gobierno para determinar si aún faltaban documentos clasificados, Cannon dijo en un expediente judicial que estaba dispuesta a considerar limitar el papel del perito especial para que la persona no sea capaz de revisar documentos clasificados.
Con la colaboración de Zachary Stieber e información de The Associated Press y Reuters
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