Esfuerzos de EE.UU. para reprimir el tráfico de fentanilo enfrentan la resistencia del PCCh

Por Anne Zhang
09 de Mayo de 2023 3:00 PM Actualizado: 09 de Mayo de 2023 3:00 PM

La actual crisis del fentanilo está teniendo efectos perjudiciales en la sociedad estadounidense. Recientemente, las fuerzas del orden federales tomaron medidas enérgicas contra las redes de narcotraficantes y han estado persiguiendo a varios cárteles de la droga mexicanos, mostrando su determinación de desmantelar la cadena de tráfico de fentanilo. Sin embargo, el desmantelamiento de la fuente inicial de la crisis del fentanilo en Estados Unidos, es decir, el suministro de compuestos precursores de fabricación china, sigue encontrando una importante resistencia por parte del Partido Comunista Chino (PCCh).

El fentanilo, un opioide sintético más de 50 veces más potente que la heroína, ha sido una de las principales causas de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años en los últimos años.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) trabajó con las fuerzas del orden a todos los niveles para incautar en 2022 más de 50.6 millones de píldoras de prescripción falsas que contenían fentanilo, más del doble de la cantidad incautada en 2021. Además, las fuerzas del orden incautaron más de 5000 kilos de fentanilo en polvo. La cantidad total de fentanilo incautada es suficiente para matar a 379 millones de personas, es decir, más que la población total de Estados Unidos, que es de casi 335 millones.

Según los datos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), 107,735 personas murieron por sobredosis de drogas en Estados Unidos entre agosto de 2021 y agosto de 2022, y dos tercios de esas muertes involucraron opioides sintéticos, principalmente fentanilo. Entre 2019 y 2021, 196 estadounidenses fallecieron cada día por intoxicación de fentanilo.

La gravedad de la situación ha convertido la lucha contra el tráfico de fentanilo en una de las principales prioridades de las fuerzas de seguridad estadounidenses. El 2 de mayo, el DOJ y su equipo Joint Criminal Opioid Darknet Enforcement (JCODE) junto a socios internacionales anunciaron que un operativo de control de la multiagencia SpecTor en Estados Unidos, Europa y América del Sur dio como resultado 288 arrestos, la incautación de 117 armas de fuego y 850 kilogramos de drogas, incluidos 64 kilogramos de productos de fentanilo, y la confiscación de 53,4 millones de dólares en efectivo y criptomoneda. La operación resultó en el mayor número de arrestos en la historia de JCODE.

Anne Milgram, funcionaria de la DEA, dijo que los cárteles de la droga de Sinaloa y Jalisco en México y las redes globales que operan están matando a los estadounidenses al entregar fentanilo a las comunidades de Estados Unidos de diversas maneras. Milgram subrayó que la DEA perseguirá sin descanso a estas redes de narcotraficantes dondequiera que se escondan.

El 14 de abril, el DOJ anunció la presentación de cargos penales contra varios cabecillas de una red transnacional de narcotráfico con sede en Sinaloa y sus asociados en todo el mundo. Los fiscales alegaron que el grupo utilizaba aviones de carga, jets privados, submarinos, buques portacontenedores, buques de suministro, lanchas rápidas, barcos de pesca, autobuses, vagones de ferrocarril, remolques, coches y transportistas interestatales o extranjeros para entregar la droga. Se cree que el grupo mantiene una red de distribución de correos, túneles y escondites por todo México y Estados Unidos para dedicarse al tráfico de drogas.

Empresas farmacéuticas chinas, un eslabón en la cadena

Según la fiscalía, las organizaciones de narcotraficantes de Sinaloa compran compuestos precursores a China y fabrican drogas como el fentanilo en México antes de enviarlas a Estados Unidos para su distribución. Antes de revenderlas, los narcotraficantes suelen mezclar el polvo de fentanilo con otras drogas, como cocaína y heroína, o vender pastillas de fentanilo como falsos analgésicos de venta con receta, lo que provoca que muchos estadounidenses ingieran el opioide sin saberlo.

El 29 de marzo, el fiscal general Merrick Garland declaró en una audiencia presupuestaria del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes que los compuestos precursores de fabricación china son la fuente primaria de la crisis del fentanilo en Estados Unidos, y que el Departamento de Justicia está haciendo frente al problema en múltiples frentes.

Además, el 14 de abril, el DOJ anunció procedimientos penales contra dos proveedores chinos de precursores de fentanilo que entregaban a los cárteles de la droga mexicanos, así como contra cuatro personas relacionadas con ellos. Ese mismo día, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también incluyó a dos entidades chinas y a cinco personas relacionadas con ellas en su lista de sanciones.

En respuesta, el 17 de abril, el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, afirmó que las repetidas sanciones estadounidenses han socavado gravemente la cooperación bilateral entre Estados Unidos y China en la lucha contra el narcotráfico.

En realidad, el PCCh había anunciado una moratoria en la cooperación con Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas después de que la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitara Taiwán en agosto de 2022.

El doble estándar chino

Vanda Felbab-Brown, del centro de expertos estadounidenses Strobe Talbott Center for Security, Strategy, and Technology, habló en una audiencia celebrada el 23 de marzo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre “El modelo de negocio del PCCh que alimenta la crisis del fentanilo”.

Felbab-Brown dijo que las administraciones de Obama, Trump y Biden han “dedicado su atención diplomática a inducir e impulsar a China a endurecer sus regulaciones con respecto a las drogas de la clase fentanilo y sus precursores químicos y a hacer cumplir más diligentemente estas regulaciones”.

Sin embargo, señaló que el PCCh siempre ha considerado la cooperación en materia de control de drogas como una palanca política por lo que a medida que aumentan las tensiones entre Estados Unidos y China, disminuyen las probabilidades de que se refuerce la cooperación entre ambos países.

Felbab-Brown explicó que, en la práctica, la cooperación internacional del PCCh en materia de aplicación de la ley ha sido a menudo “muy selectiva, interesada, limitada y subordinada a sus intereses geopolíticos”. Al mismo tiempo, el PCCh rara vez toma medidas contra los altos mandos de las organizaciones delictivas chinas y el entorno sistémicamente corrupto del PCCh incluso proporciona un paraguas partidista a las organizaciones delictivas.

También en la audiencia del 23 de marzo (pdf), el exagente de inteligencia de la CIA y agente del DOT, John A. Cassara, declaró ante el Congreso que el PCCh es una dictadura que controla Internet en China y elimina sistemáticamente los sitios web que no cumplen sus estrictas normas de censura. Por lo tanto, el hecho de que el régimen chino haya permitido el funcionamiento de cientos de sitios web que promocionan el fentanilo y sus precursores, permitiendo el crecimiento de la red ilegal de fentanilo, es profundamente preocupante.

Por ejemplo, Yuancheng Group, una empresa química de Wuhan, China, se ha registrado en al menos 112 sitios web y publica anuncios de fentanilo. Sus registros muestran que el grupo ha enviado productos de fentanilo a 43 países.

Además, a pesar de sus estrictas penas por el tráfico de drogas dentro de China, el PCCh solo suele imponer sanciones civiles y pequeñas multas a las empresas chinas que etiquetan falsamente precursores químicos de drogas para su exportación. Esto constituye una doble estándar entre el control de las ventas de drogas dentro de China y las que tienen un impacto externo, declaró Cassara.

“¿Está el PCCh Inc. utilizando o permitiendo el tráfico de narcóticos a Occidente como una forma de guerra asimétrica para avanzar en sus objetivos estratégicos a largo plazo?”. preguntó Cassara. El tráfico de fentanilo de PCCh mata cada año a decenas de miles de personas y destruye innumerables familias y comunidades en Estados Unidos y en todo el mundo. Cuesta a Estados Unidos cientos de miles de millones de dólares anuales en pérdida de productividad, asistencia sanitaria y procesos penales. Si el PCCh ve esto como una guerra silenciosa contra Estados Unidos, el impacto es indudablemente claro.


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