Está dispuesta a usar 45.000 presos para defender la dictadura de Maduro, afirma ministra penitenciaria

Iris Varela además hizo declaraciones sobre una suficientes cantidad de armas
Por Anastasia Gubin - La Gran Época
10 de Julio de 2019 Actualizado: 10 de Julio de 2019

La ministra de Prisiones del régimen de Nicolás Maduro, Iris Varela, fue entrevistada por Insight Crime después que el ex jefe chavista del Servicio de Inteligencia Sebin, Manuel Ricardo Cristopher Figuera, la responsabilizara de guiar un ejército privado de convictos.

Varela además de confirmar las preocupaciones de Cristopher Figuera, advirtió que su ejército podría componerse de 45.000 privados de libertad, justificando su uso -ampliamente denunciado en los últimos meses de represión- por una hipotética amenaza del exterior.

“Si ellos nos amenazan con 5000 marines, nosotros tenemos a 45.000 privados de libertad. No 30.000, y ahí corrijo a este [Christopher Figuera]”, dijo la ministro utilizando palabras de bajo nivel a InSight Crime.

“Independientemente de la situación jurídica que tenga cualquier venezolano, eso no es óbice para que salga a defender la patria a la hora de una agresión extranjera”, justificó Varela a InSight Crime.

La ministra venezolana de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, actualmente del régimen d Nicolás Maduro, muestra una pistola durante una conferencia de prensa en Barquisimeto, Venezuela, el 7 de febrero de 2013. Un total de 106 armas, incluyendo rifles y ametralladoras, 8.568 municiones y una docena de granadas fueron incautadas por las autoridades venezolanas tras el desalojo de la prisión de Uribana en el estado de Lara (noroeste), donde murieron 58 personas (Alvarez/AFP/Getty Images).

Aunque la ministra utiliza la frase “defender la patria a la hora de una agresión extranjera”, los únicos agresores son el mismo régimen quien usurpó el poder. Nicolás Maduro no tiene autoridad de acuerdo a la constitución de Venezuela. En 2015 tampoco reconoció a la Asamblea Nacional elegida por el pueblo y se creo una dictadura a su medida amparado por Cuba.

El general Cristopher Figuera fue el más alto oficial venezolano que desertó seguir bajo el mando de Maduro. El general se retiró de sus funciones en Sebin durante el levantamiento de la oposición el 30 de abril de 2019 y posteriormente escapó a Estados Unidos.

Durante una entrevista a Washington Post el 24 de junio, Cristopher Figuera habló sobre la criminalidad interna que lo convenció de apartarse del gobierno de Maduro y recordó una reunión con Iris Varela, cuando le pidió 30.000 rifles para inaugurar su propio ejército privado.

“Dijo que tenía entrenados a varios prisioneros”, señaló el general. “Que ella era su comandante”.

Sobre las 30.000 armas mencionadas, la ministra de prisiones aseguró a la ONG Insight Crime que tenía suficientes.

“¿Sabes cuántas armas he incautado en las cárceles que he cerrado desde que llegué a este ministerio? Muchos, miles. Y los he entregado todos. Si hubiera querido armas, habría tenido suficiente con ellas”.

De acuerdo a la investigación de la ONG, Varela ha presidido una serie de reformas penitenciarias que permitieron a los líderes de las pandillas carcelarias, conocidos como “pranes”, obtener un control sin precedentes sobre el sistema penitenciario.

“Estos jefes del crimen ahora dirigen extensas estructuras criminales tanto dentro como fuera del sistema penitenciario, acusando a sus compañeros de acceso a las necesidades y privilegios y dirigiendo las actividades de las pandillas callejeras”, dice el reporte.

El ex jefe de inteligencia también describió una reunión en la que la ministra de Prisiones, Iris Varela, exigió 30.000 fusiles para iniciar un ejército privado de convictos. Las acusaciones de Figuera contra ella reflejan informes recientes de luchas de poder dentro del gobierno de Maduro, que supuestamente han llevado a Varela a construir su propia fuerza compuesta por los prisioneros bajo la jurisdicción de su ministerio.

En una entrevista con Insight Crime, Varela negó las afirmaciones de Figuera, afirmando: “¿Sabes cuántas armas he incautado en las cárceles que he cerrado desde que llegué a este ministerio? Muchos, miles. Y los he entregado todos. Si hubiera querido armas, habría tenido suficiente con ellas”.

Según la investigación de la ONG, Varela ha presidido una serie de reformas penitenciarias que permitieron a los líderes de las pandillas carcelarias, conocidos como “pranes”, obtener un control sin precedentes sobre el sistema penitenciario. “Estos jefes del crimen ahora dirigen extensas estructuras criminales tanto dentro como fuera del sistema penitenciario, acusando a sus compañeros de acceso a las necesidades y privilegios y dirigiendo las actividades de las pandillas callejeras”.

Varela fue fotografiada en febrero dirigiendo a un grupo de supuestos prisioneros en contra de la oposición de Maduro en el puente de Urena cuando intentaba entrar la primera masiva ayuda humanitaria a los centros de salud.

A continuación el dramático testimonio de un militar cuando se intentaba pasar la ayuda humanitaria. “¡Sacaron los colectivos. Sacaron los presos a la calle!”, dice al escapar del mando de Maduro.

El siguiente mensaje de twiter recuerda la masacre de los indígenas pemones, cuando una de las jefas de la Guardia Territorial Pemón da su mensaje por radio y denuncia la llegada de presos armados con orden de liquidar al pueblo de indígenas. El alcalde escapó a salvo escoltado hasta Brasil.

Tras una investigación la Organización de los Estados Americanos OEA entregó un informe esta semana a la Corte Penal Internacional que denuncia “un ataque militar desmedido y cruel” y posibles “crímenes de lesa humanidad” contra las comunidades indígenas pemón de parte del régimen de Nicolás Maduro.

Al día siguiente continuó la denuncia desde la frontera.

Tras una investigación la Organización de los Estados Americanos OEA entregó un informe esta semana a la Corte Penal Internacional que denuncia “un ataque militar desmedido y cruel” y posibles “crímenes de lesa humanidad” contra las comunidades indígenas pemón de parte del régimen de Nicolás Maduro.

El primer ataque ocurrió en la comunidad indígena de Kumarakapay, que se ubica a más de 80 kilómetros de la frontera brasileña, “demuestra que la operación militar tenía estos objetivos paralelos, además de impedir la ayuda humanitaria”.

“Las comunidades indígenas cercanas a la frontera con Brasil de Kumarakapay, Manak-Krű, Maurak, entre otras, así como la ciudad de Santa Elena de Uarién, fueron atacadas de forma despiadada por los organismos represivos y de inteligencia del Estado, donde participaron miembros de la Fuerza Armada Nacional, el FAES, los colectivos, personas pertenecientes a los sindicatos mineros y presuntos presos comunes”.

“Maduro movilizó tanquetas, motos, armamento letal y su uso, “contra una población desarmada”.

Es un acto criminal” destaca el informe. “En solo 48 horas, asesinaron e hirieron a mansalva a miembros de las comunidades, utilizando balas de plomo y sin previos mecanismos de aviso”, dice el informe de la OEA.

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