Los estados deberían introducir leyes que exijan que un organismo externo realice investigaciones penales independientes sobre los incidentes de uso de la fuerza por parte de la policía que resulten en muertes o lesiones, a fin de fomentar la confianza pública, recomendó el Departamento de Justicia en un informe publicado recientemente.
El informe se publicó como parte de una revisión llevada a cabo por la Comisión Presidencial para el Cumplimiento de la Ley y la Administración de Justicia. Se dio a conocer en enero a raíz de una orden ejecutiva que ordenaba al departamento que estudiara el estado de la policía estadounidense y determinara medidas específicas para reducir la delincuencia y promover el estado de derecho.
El informe resultante, publicado el martes, proporcionó 10 propuestas generales de cambio que abordaban áreas como la promoción del respeto por el estado de derecho, la mitigación del impacto de los problemas sociales, la reducción de la delincuencia y la salud y el bienestar de los oficiales.
Algunas de las recomendaciones tenían como objetivo promover la transparencia y la rendición de cuentas cuando los oficiales de policía utilizan la fuerza. El estudio se llevó a cabo en medio de los disturbios civiles provocados por la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020 mientras se encontraba bajo custodia policial en Minneapolis. En el informe se señalaba que, si bien la muerte de Floyd y otros incidentes similares eran pertinentes para el estudio, el análisis de las reformas policiales para prevenir los abusos de autoridad estaba fuera de su alcance y estaba contemplado en una orden ejecutiva separada firmada por el presidente Donald Trump.
Entre las recomendaciones de la comisión figuran la exigencia de que los organismos policiales cuenten con protocolos bien documentados para llevar a cabo investigaciones sobre la presunta conducta indebida de los oficiales y cualquier uso de la fuerza; la educación de la comunidad sobre sus políticas de uso de la fuerza; y la utilización de organismos externos para llevar a cabo investigaciones penales sobre incidentes de uso de la fuerza que provoquen la muerte o lesiones corporales graves.
«Por muy poco frecuentes que sean estos incidentes, los que implican el uso de la fuerza por parte de la policía atraen una amplia atención pública, que a menudo proviene de las redes sociales, las noticias 24/7 y las divisiones sociales dentro de la nación», afirma el informe (pdf).
«Cuando se producen incidentes de uso de la fuerza por parte de la policía que provocan la muerte o lesiones graves, es imperativo que tanto el fiscal como los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con protocolos transparentes y eficaces para hacer frente a ese tipo de acontecimientos».
En el informe también se formularon recomendaciones sobre otras cuestiones emergentes, como los fiscales de distrito progresistas, a los que se acusa de negarse a aplicar ciertas leyes mientras impulsan sus propias agendas.
El fiscal general William Barr, que dejará su cargo antes de Navidad, y el fiscal general adjunto Jeffrey Rosen, que ocupará el cargo de Barr, han condenado a esos fiscales, diciendo que sus decisiones representan una amenaza para la seguridad pública.
El fenómeno se abordó en el informe, en el que se determinó que «la falta categórica de aplicación de ciertas leyes ―ya sea por resistencia al arresto, pequeños robos o ciertos delitos de drogas― pone en peligro el estado de derecho y solo intensifica la falta de respeto por la policía».
Recomendó que los fiscales progresistas compartieran públicamente sus políticas referentes a la no aplicación de la ley para garantizar la transparencia.
«El público merece saber si los fiscales renuncian por completo a esa facultad discrecional al negarse a hacer cumplir las leyes válidas promulgadas por el pueblo, y cuándo lo hacen», se afirma en el informe. «Dado que el incumplimiento categórico de una ley equivale a su abolición, la transparencia y la rendición de cuentas exigen que las fiscalías compartan públicamente directrices escritas sobre las prioridades en materia de incumplimiento, que se correspondan con los datos sobre la delincuencia en la comunidad y las estrategias comprobadas para reducir la delincuencia».
En el informe también se insta a los funcionarios del Estado a que supervisen a los fiscales progresistas mediante «la realización de audiencias y la publicación de informes al público sobre las repercusiones de esas políticas».
«Cuando sea necesario, los legisladores deben tomar medidas legales para evitar que esas políticas perjudiquen la seguridad pública», afirma el informe.
Otras recomendaciones fundamentales son instar al Congreso a que apruebe leyes que permitan el acceso por orden judicial de los organismos encargados de la policía a datos codificados que se encuentren en dispositivos como los teléfonos celulares, y la necesidad de establecer una línea telefónica nacional de crisis para los organismos policiales.
«No podíamos prever los desafíos que presentaría el año 2020 cuando nos propusimos cumplir nuestro objetivo de investigar las importantes cuestiones actuales a las que se enfrentan los organismos de represión y el sistema de justicia penal. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la comisión elaboró un informe reflexivo y exhaustivo», dijo Barr.
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