EDINBURGO, Texas —El fiscal general de Texas, Ken Paxton, y otros siete fiscales generales presentaron el viernes una demanda contra la Administración del presidente Joe Biden por el presunto abuso de un programa de refugiados.
El Programa de Menores Centroamericanos permite a los extranjeros ilegales solicitar al gobierno que traiga a sus hijos menores de edad u otros miembros de la familia a Estados Unidos, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, una oficina dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Si los extranjeros no cumplen los criterios para obtener el estatus de refugiado, los funcionarios considerarán la posibilidad de concederles la libertad condicional, que el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, designado por Biden, puede conceder en función de cada caso para dejar que los extranjeros entren en el país, pero que solo se utilizará si el secretario encuentra «razones imperiosas de interés público» en cada caso.
Los extranjeros pueden solicitar la entrada de sus familiares aunque no tengan estatus legal, según el sitio web de la agencia.
Pero el Congreso no ha otorgado la autoridad para que el gobierno maneje tal programa, acusan los fiscales generales.
«No hay vías legales para que los extranjeros que carecen de estatus vengan a reunirse con otros extranjeros que carecen de estatus en Estados Unidos, y por una buena razón. Desafía el sentido común. Ninguna nación soberana recompensaría a los que infringen la ley permitiendo que sus familiares en el extranjero se unan a ellos para vivir en el territorio soberano de forma ilegal, especialmente con la ayuda del propio gobierno», dijeron los funcionarios en la demanda de 34 páginas, presentada en el tribunal federal de Amarillo.
El programa, dijeron, «es ilegal».
La demanda pide al tribunal que detenga el programa.
Los fiscales generales de Alaska, Arkansas, Florida, Indiana, Misuri, Montana y Oklahoma se unieron a Paxon en la demanda. Todos son republicanos.
Mayorkas y otros funcionarios, así como el DHS y otras agencias, son nombrados como demandados.
La Casa Blanca, el DHS y el Departamento de Estado no respondieron a las solicitudes de comentarios.
«La Administración Biden no ha sembrado más que un desastre para nuestro país con sus políticas de inmigración ilegales e inconstitucionales», dijo Paxton en un comunicado. «La última ronda de flagrantes violaciones de la ley de Biden incluye su Programa de Menores Centroamericanos, que ha contribuido significativamente a que muchos estados se vean obligados a acoger aún más extranjeros. Mis compañeros fiscales generales y yo estamos demandando para detenerlo».
La demanda fue presentada poco después de que el gobierno de Biden informara de casi 1.9 millones de aprehensiones en la frontera entre Estados Unidos y México en 2021, estableciendo fácilmente un nuevo récord.
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