Opinión
La participación de los mercados de capital entre China y Estados Unidos ha sido decididamente unilateral.
En las últimas dos décadas, las principales compañías chinas han puesto sus acciones en mercados bursátiles de EE. UU. y el capital de inversión estadounidense fluyó a China por miles de millones. Pero los mercados chinos no se han vuelto más transparentes, mas abiertos ni más estables.
Los recientes anuncios de contabilidad fraudulenta en compañías que operan en bolsa en EE. UU., tales como iQiyi y Luckin Coffee, han subrayado los peligros de invertir en compañías chinas. Y su participación en los mercados de capital estadounidenses—un sello de aprobación implícito para la mayoría de los inversores minoristas—oculta el hecho de que las compañías chinas representan inversiones volátiles y altamente especulativas.
En primer lugar, los bancos son compañías de lucro. Ante la falta de legislación o sanciones, las empresas generalmente actuarán de la manera más beneficiosa económicamente a su junta y accionistas, dentro del marco regulatorio establecido. Y eso incluye buscar y tomar clientes chinos.
No obstante, en todo el modelo político y económico de China, el Partido Comunista Chino (PCCh) tiene influencia de facto directa o indirectamente sobre todas las empresas chinas—públicas o privadas, estatales o no.
Además, la naturaleza opaca de estas empresas listadas y la complicada estructura y propiedad de las compañías chinas hacen que los frenos regulatorios existentes sean menos efectivos. Además, los roles de asesoramiento a los emisores, por parte de los bancos de inversión de Wall Street, de las compañías legales, y de las compañías de contabilidad hacen que la mayoría de los inversores estén en grave desventaja cuando tienen acciones o bonos de compañías chinas.
Resumiendo, las empresas chinas no juegan al mismo nivel que sus contrapartes estadounidenses.
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Esto nos deja solo una opción: los reguladores del gobierno de EE. UU. deben intervenir y prohibir los listados ADR (American Depository Receipt) de jurisdicciones que no tienen una transparencia regulatoria similar a los mercados de Estados Unidos.
Las aseguradoras no tienen ningún deber con los inversores
Las ofertas públicas iniciales (IPO) aseguradas por grandes bancos de inversión y asesoradas por bufetes de abogados de clase alta no deben tomarse como algo seguro. Y eso es especialmente así con empresas que se originan en China, donde son más frecuentes las representaciones sospechosas.
En una venta de acciones o de deuda, los bancos trabajan con el emisor para crear una oferta y encontrar inversores entre su base de clientes para que compren los valores. Para ser claros, el trabajo del banco es proveer la suficiente información—usualmente usando representaciones de la compañía y las finanzas auditadas de la compañía—en un formato elegante que les permita a los inversores tomar sus propias decisiones de inversión. Y no se admiten devoluciones.
El banco asegurador comete fraude cuando engaña a los inversores si les retiene información, o si el banco sabe que los datos financieros presentados son incorrectos o falsos. Esto es extremadamente difícil de probar. A pesar de las demandas de inversores durante la última crisis financiera con las ventas de títulos respaldados por hipotecas, y luego de las IPOs de compañías prominentes de tecnología como Facebook y Lyft, los bancos han evitado en gran parte controversias mayores.
Y los bancos cobran una tarifa por sus servicios, que es típicamente un 2 o 3 por ciento del total recaudado en la IPO.
Los inversores ganan exposición financiera, pero no transparencia
Casi todas las principales compañías chinas listan sus acciones en Estados Unidos utilizando dos tácticas innovadoras: estructura VIE y acciones ADR.
Las ADR no son una invención reciente y no lo usan únicamente las compañías chinas. Fue diseñado por el banco de Wall Street, J.P. Morgan, en 1927, como una manera de que inversores estadounidenses inviertan en Selfridges, la cadena de tiendas de ropa del Reino Unido.
ADR es una construcción que le permite a compañías no estadounidenses operar en bolsas de Estados Unidos. Y ADR no es una acción de la compañía, sino un título negociable emitido por un banco estadounidense custodio, que representa propiedad en la compañía a la que hace referencia. Una acción ADR es en teoría canjeable por una acción en la compañía y refleja su valor, permitiéndoles a los inversores estadounidenses ganar exposición a compañías extranjeras que de otro modo no podrían ser comercializadas por inversores estadounidenses.
En teoría, las compañías que emiten ADRs en Estados Unidos están sujetas a los mismos requisitos de reporte de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) que otras compañías de Estados Unidos.
Pero aquí hay un asunto. La compañía que opera las acciones ADR en sí aún reside en China y está sujeta a las leyes chinas, no a las estadounidenses. Beijing no le permite a la SEC o a reguladores de EE. UU. examinar documentos de trabajos auditados de compañías chinas. El Partido Comunista Chino (PCCh) afirma que los libros representan «secretos nacionales» que no pueden ser compartidos con partes externas.
En 2015, la SEC sancionó a cuatro compañías contables y auditoras de China—filiales locales de las «Cuatro Grandes» compañías contables KPMG, PwC, EY y Deloitte & Touche—por no entregar documentación que apoye una investigación del SEC, en violación de la sección 106 de la Ley Sarbanes-Oxley.
Las compañías chinas también responden implícitamente a sus jefes locales del PCCh y células del partido. Esto es una incertidumbre que se tiene de cada compañía china, sin importar dónde se comercialicen las acciones, y es una razón clave por la cual Huawei—una empresa privada—representa un riesgo a la seguridad nacional para Estados Unidos.
Muchas firmsa chinas tienen también un alto volumen de transacciones relacionadas al partido, cuyos términos a menudo no se revelan—un riesgo que dejó al descubierto el reporte de un denunciante sobre la cadena de cafeterías china Luckin Coffee.
El macro ambiente también hace difícil evaluar la salud financiera de las compañías chinas, especialmente aquellas que cotizan en bolsa en China (acciones onshore). El PCCh es conocido por manipular y tocar los datos económicos, como las cifras del PBI, el gasto de consumidor y la actividad manufacturera, haciendo extremadamente difícil las tareas de pronosticar la economía y el descubrimiento de precios de las acciones.
Beijing también tiende a emitir regulaciones impredecibles y de mano dura. En 2015 y 2020, los reguladores implementaron ciertas restricciones a la venta de acciones para detener el declive del mercado, lo cual restringió la liquidez y manipuló los precios de las acciones.
Estructura riesgosa, con la marca de Wall Street
La estructura VIE (variable interest entity, o entidad de interés variable) es una innovación más reciente, diseñada específicamente para que compañías chinas operen en bolsa en Estados Unidos.
Esto se remonta al 2000, cuando Sina.com se convirtió en la primera compañía china en operar en bolsa en Estados Unidos. La estructura VIE habría sido creada por el abogado chino Liu Gong, y fue adoptada por Sina para evitar las regulaciones chinas que prohíben la propiedad extranjera en industrias como telecomunicaciones, medios de comunicación, tecnología, servicios financieros, entretenimiento y otros.
Se crea una entidad nacional china como empresa operativa, que alberga a todos los empleados, las bases de datos y el equipo que le permite a la empresa realizar sus operaciones. Esta es la VIE, y para todo fin práctico, esta es la verdadera empresa.
Otra compañía se crea en China, que legalmente suele denominarse la empresa de propiedad totalmente extranjera (WFOE, o wholly foreign-owned enterprise). Esta WFOE por lo general es titular de patentes de tecnología y ciertos activos intangibles de la empresa.
Luego se crea una entidad offshore, en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán u otra jurisdicción con un alto grado de confidencialidad jurídica. Mediante una serie de intermediarios, la entidad offshore es propietaria de la WFOE. Esta WFOE offshore emite acciones ADR y es propiedad de los inversores estadounidenses.
¿Cómo obtienen la «propiedad» de la compañía los inversores de Estados Unidos? Se ejecutan una serie de contratos financieros entre la VIE y la WFOE, donde la WFOE (propiedad en última instancia de inversores extranjeros) recibe efectivamente beneficios económicos de la compañía operativa (la VIE) a través de contratos legales.
Aunque es novedoso, ciertamente no es la forma ideal de ser dueño de una compañía.
Un riesgo inherente de esta estructura es que los inversores no son dueños de la compañía operativa. Los ejecutivos chinos locales o el PCCh podrían un día decidir abandonar la entidad offshore, dejando colgados a los inversores estadounidenses.
Desde que Sina.com opera en la bolsa en Estados Unidos con esta estructura, varias otras compañías chinas—incluyendo Baidu y Alibaba—han adoptado este método de vender acciones en Estados Unidos con la ayuda de bancos de inversión de Wall Street.
La cercana relación de Wall Street con las compañías chinas
¿Quién fue la principal aseguradora de Sina.com? Morgan Stanley de Nueva York, el cual fue también el primer banco de inversión en entrar a China.
En 1995, Morgan Stanley entró a China y adquirió una participación del 34.3% en la China International Capital Corporation (CICC), el mayor banco de inversión nacional. Fue la primera empresa conjunta de servicios financieros de China con una compañía extranjera. Morgan Stanley ayudó dando su conocimiento sobre la banca de inversión a la CICC. En 2010, Morgan Stanley recibió la aprobación reglamentaria para vender la participación a un consorcio de otros inversores extranjeros. Obtuvo 700 millones de dólares de ganancias en la venta.
Su relación de 15 años con la CICC dio resultados, ya que Morgan Stanley ganó el listado offshore de varias importantes empresas chinas, entre ellas Sina.com en 2000, China Petroleum & Chemical Corp. en 2000, TAL Education Group en 2010 y 51job en 2004, por citar algunos ejemplos.
En años recientes, los administradores de activos, los ETFs y los fondos de pensiones han aumentado las inversiones en acciones chinas onshore como resultado de que los proveedores de índices bursátiles mundiales como el MSCI y el FTSE Russell han añadido las acciones chinas a sus índices mundiales y de mercados emergentes.
Dos años atrás, el MSCI—que opera el índice de mercados emergentes más ampliamente seguido—agregó las acciones chinas, las cuales permitieron que fluyeran miles de millones de dólares en fondos a títulos chinos. Morgan Stanley es en parte dueño del MSCI.
Morgan Stanley no es el único banco de inversión que opera en China—la mayoría de sus pares tienen una presencia, aunque hasta 2020 no podían tener más del 50 por ciento de la propiedad en sus empresas conjuntas chinas.
Los bancos de inversión suizos UBS y Credit Suisse ambos recibieron aprobación regulatoria china para obtener una participación mayoritaria en sus empresas conjuntas chinas. El banco de EE. UU. JPMorgan Chase anunció que buscaría 100 por ciento de propiedad en su empresa conjunta china este año.
Han pasado 25 años desde que los bancos de inversion de EE. UU. aterrizaron en China. A pesar de las intenciones iniciales de los bancos de transformar los mercados de China, el PCCh apenas ha abierto su industria de inversión a la propiedad extranjera y sus mercados financieros no han ganado los mecanismos del mercado libre y el control regulatorio estable inherentes en los mercados occidentales.
Los bancos de inversión están definidos por el mercantilismo. Su influencia ha traído a los mercados estadounidenses, compañías chinas que normalmente no pueden ser puestas al mismo estándar que sus pares estadounidenses. Además las compañías de índices de Wall Street han ayudado a traer capital de fondos de pensión a los títulos chinos onshore, que tienen aún menos transparencia y estabilidad.
La inversión tiene riesgos y nada está garantizado. Pero tal riesgo debe ser evaluado dentro del marco de la estructura regulatoria de Estados Unidos. Y las empresas chinas suelen operan fuera de ese marco.
El gobierno de EE. UU. debería trabajar para prohibir listados ADR de China que no adhieren a los mismos estándares regulatorios e impedir que los fondos de pensión pública terminen financiando compañías chinas opacas y riesgosas.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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