El exasesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, rechazó un acuerdo para declararse culpable de un cargo de desacato al Congreso, dijo la principal fiscal federal del caso a un juez este viernes.
Navarro se declaró inocente de dos cargos menores de desacato al Congreso el 17 de junio luego de negarse a cooperar con la investigación del comité del 6 de enero de la Cámara sobre la irrupción al edificio del Capitolio el 6 de enero de 2021.
Citó el privilegio ejecutivo debido a su puesto anterior en la Casa Blanca bajo la administración Trump. Pero Bennie Thompson (D-Miss.), presidente del comité del 6 de enero, rechazó sus afirmaciones de privilegio ejecutivo y el comité votó a fines de marzo para presentar cargos penales contra Navarro.
Un gran jurado acusó a Navarro el 3 de junio de dos cargos: uno por negarse a presentar los documentos solicitados por el comité y el otro por negarse a cumplir con la citación del comité para presentarse y testificar. Cada cargo conlleva un máximo de un año de prisión.
En una audiencia de evaluación el 15 de julio, la fiscal federal Elizabeth Aloi le dijo al juez federal de distrito Amit Mehta que el Departamento de Justicia había ofrecido permitir que Navarro se declarara culpable de un solo cargo en lugar de los dos por los que fue acusado.
Los fiscales también dijeron que el acuerdo habría significado que no habrían buscado más del tiempo mínimo de cárcel de 30 días.
Pero el acuerdo habría requerido que Navarro “cumpliera con la citación del comité del 6 de enero a satisfacción del Departamento de Justicia”, dijo Aloi.
Navarro asistió a la audiencia con dos abogados defensores. Se había estado representando a sí mismo antes de ser acusado de los cargos penales.
“Es un caso constitucional complicado que involucra la separación de poderes”, dijo John Irving, uno de los abogados defensores, a los periodistas fuera del juzgado tras la audiencia.
“Se trata no solo de que el presidente de los Estados Unidos haga valer su privilegio ejecutivo, sino [también] de más de 50 años de opiniones del DOJ que dejan en claro que los principales asesores presidenciales pueden hacer valer inmunidad absoluta y no testificar ante el Congreso. No solo eso, sino que también el Departamento de Justicia tiene políticas de larga data sobre no enjuiciar penalmente a alguien por este tipo de situación”, agregó. “Así que me pregunto qué cambió”.
John Rowley, otro abogado defensor, dijo a los periodistas: “Esta es la primera vez en los 250 años de historia de nuestra nación que un asesor principal de un presidente ha sido acusado penalmente por negarse a cumplir con una citación del Congreso”.
“En esencia, esta es una disputa entre la Oficina del Presidente y el Congreso, y el Sr. Navarro fue colocado entre la espada y la pared–seguir la dirección del ejecutivo o correr el riesgo de ser procesado”.
Los abogados de Trump han argumentado anteriormente que los exfuncionarios de la Casa Blanca no deberían cumplir con las citaciones del Congreso porque la información solicitada está protegida por el privilegio ejecutivo de Trump.
El juicio de Navarro está fijado para el 17 de noviembre.
Juez expresa su preocupación por trato a Navarro
Mehta, designado por Obama, dijo en la audiencia que estaba preocupado por cómo el gobierno trataba a Navarro.
Navarro fue arrestado el 3 de junio en el Aeropuerto Nacional Reagan por el FBI cuando se preparaba para abordar un vuelo a Nashville, y lo esposaron a pesar de que había estado en contacto con el FBI anteriormente y vive al otro lado de la calle de la oficina del FBI en Washington, D.C. Más tarde, fue detenido por agentes del servicio de alguaciles de EE. UU.
En ese momento, Navarro dijo que se le negó una llamada a un abogado, lo cual han negado los fiscales. El exasesor de la Casa Blanca también dijo que no le informaron que tenía que entregarse antes de ser arrestado.
“Me resulta curioso, como mínimo, por qué el gobierno trató el arresto del señor Navarro de la forma en que lo hizo”, dijo Mehta el 15 de julio. “Es un delito federal, pero no es un delito violento”.
“Es sorprendente que no se ofreció la opción de entregarse uno mismo”, agregó.
Navarro es el segundo exasesor de Trump acusado por negarse a cooperar con el comité del 6 de enero. El primero fue Steve Bannon, quien enfrenta un conjunto similar de dos cargos por desacato. El caso de Bannon irá a juicio el 18 de julio.
En diciembre de 2020, Navarro publicó un informe que alegaba irregularidades electorales masivas. En ese momento, dijo que los hallazgos del informe sugieren que había “una estrategia coordinada” para “jugar estratégicamente con el proceso electoral” contra Trump. Navarro hizo público el informe en su calidad de ciudadano privado y había pedido a los periodistas y políticos estadounidenses que reconocieran las irregularidades en las elecciones de 2020 y realizaran investigaciones. Trump luego elogió el informe.
Thompson había citado el informe entre otras referencias al anunciar en febrero la citación del comité del 6 de enero a Navarro.
«El Sr. Navarro parece tener información directamente relevante para la investigación del Comité Selecto sobre las causas del ataque del 6 de enero al Capitolio”, dijo Thompson en ese momento, alegando que Navarro “no ha sido tímido en su rol por anular los resultados de las elecciones de 2020 e incluso ha hablado sobre el apoyo del expresidente a esos planes”.
Con la contribución de Joseph Lord e información de Reuters.
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