Las autoridades estadounidenses se niegan a facilitar datos sobre la seguridad de la vacuna contra el COVID-19 a un senador estadounidense.
El senador Ron Johnson (R-Wis.) solicitó en enero a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) los resultados de los análisis de los datos del Sistema de Notificación de Efectos Adversos de las Vacunas. La petición se produjo después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. dijeran que ninguna de las señales de seguridad que identificaron para las vacunas contra el COVID-19 eran «inesperadas».
Las dos agencias han realizado diferentes tipos de análisis sobre los reportes en el sistema, que son realizados principalmente por profesionales sanitarios.
Los CDC realizaron análisis de Razón de notificación proporcional, que consisten en comparar el número de acontecimientos adversos notificados con el número de acontecimientos adversos notificados tras la vacunación con otras vacunas.
La primera vez que la agencia realizó análisis utilizando el método para las vacunas contra el COVID-19, en 2022, se dispararon cientos de señales, según muestran los archivos obtenidos por The Epoch Times.
La FDA inició en 2021 un tipo diferente de análisis, denominado método empírico bayesiano (EB).
Los resultados de la Razón de notificación proporcional «fueron en general coherentes con la minería de datos EB, y no revelaron ninguna señal de seguridad inesperada adicional», dijo anteriormente al Sr. Johnson la Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC en aquel momento.
El Sr. Johnson exigió respuestas sobre esa afirmación, lo que llevó a los CDC a remitirlo a la FDA.
La FDA respondió recientemente al Sr. Johnson, diciéndole que no puede facilitarle la información que busca.
«Los análisis de minería de datos EB de la FDA de los acontecimientos adversos contenidos en los informes VAERS para las vacunas COVID-19 son actualmente objeto de un litigio pendiente FOIA [Ley de Libertad de Información]. La FDA no puede hacer comentarios sobre litigios pendientes ni proporcionar información o datos que se estén considerando actualmente en litigios pendientes», dijo la agencia al senador.
En una nueva carta, el Sr. Johnson dijo al Dr. Robert Califf, comisionado de la FDA, que la afirmación era errónea.
«Como bien sabes, el Congreso tiene derecho a la información contenida en las agencias federales de EE. UU., ya que lleva a cabo sus responsabilidades constitucionales de supervisión», dijo el Sr. Johnson.
«Es indignante que la FDA afirme que un litigio pendiente, y en particular un litigio FOIA, permita a su agencia obstruir mi supervisión por parte del Congreso», añadió. «Cualquier litigio pendiente que la FDA pueda tener en relación con sus registros de extracción de datos EB no tiene ninguna relación con su responsabilidad de cumplir una petición del Congreso».
El Sr. Johnson dijo que en el pasado ha recibido repetidamente del gobierno documentos sujetos a litigio, incluso de la agencia matriz de la FDA, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).
Instó a la FDA a presentar los análisis de minería de datos del EB antes del 20 de septiembre.
La FDA no quiso hacer comentarios inmediatamente.
La agencia fue demandada en enero por su negativa a facilitar los resultados de la extracción de datos EB a The Epoch Times y a la organización sin ánimo de lucro Children’s Health Defense, alegando exenciones de la Ley de Libertad de Información (FOIA).
Children’s Health Defense, el litigante, afirmó que la negativa a facilitar los registros era ilegal.
En la última actualización del caso, la FDA dijo que tiene 150 páginas que responden, pero que tiene que hacer una «revisión página por página, línea por línea» para determinar si alguna información de las páginas debe retenerse o tacharse. La agencia declaró que «se enfrenta a una carga de trabajo sin precedentes en el marco de la FOIA», derivada de la orden de los tribunales federales de divulgar información que había dicho que se haría pública sobre las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y Moderna.
Preguntas ignoradas
En otra nueva carta, el Sr. Johnson presionó al HHS sobre el programa que administra para indemnizar a las personas lesionadas por las vacunas contra el COVID-19.
A pesar de que las vacunas empezaron a administrarse en diciembre de 2020, y de que se han presentado más de 1.5 millones de informes al Sistema de Notificación de Efectos Adversos de las Vacunas. El HHS sólo ha indemnizado a cuatro personas, pagando 8592 dólares en total.
Se ha aprobado la indemnización de otras personas, pero el dinero sigue pendiente.
En abril, el Sr. Johnson pidió más detalles sobre el programa, ya que el organismo no los ha facilitado, incluyendo si existen límites en la cantidad de dinero que puede recibir una persona lesionada y si el gobierno ha publicitado el programa.
El Sr. Johnson también exigió comunicaciones entre el HHS y los fabricantes de la vacuna contra el COVID-19 en relación con las reclamaciones de indemnización.
En una carta reciente, el HHS se negó a responder a muchas de las preguntas.
El 5 de septiembre, el Sr. Johnson instó al secretario del HHS, Xavier Becerra, a responder a todas sus preguntas.
Señaló cómo el Sr. Becerra, al ser interrogado por el Senado, dijo a los senadores que se comprometía a dar una respuesta rápida a todas las preguntas formuladas por los miembros del Comité de Finanzas del Senado.
«Como miembro del Comité de Finanzas del Senado y como miembro de mayor rango del principal subcomité de investigación del Senado, la respuesta de su agencia del 23 de junio de 2023 es completamente inaceptable y pone en duda la veracidad del compromiso que asumió ante el Senado durante su audiencia de confirmación», dijo el Sr. Johnson. «Le pido que revise inmediatamente la respuesta incompleta del HHS y proporcione la información solicitada».
El HHS no respondió a una solicitud de comentarios.
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