DEL RÍO, Texas —La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha comenzado a utilizar, a escala masiva, una excepción especial de «libertad condicional» que antes se utilizaba con moderación para permitir que decenas de miles de inmigrantes ilegales permanecieran en Estados Unidos durante al menos un año, según ha sabido The Epoch Times.
Bajo el estatus de libertad condicional, los inmigrantes ilegales no tienen que proporcionar a la Patrulla Fronteriza pruebas de miedo creíble para el asilo y se les permite la entrada sin ninguna condición previa, excepto una rápida comprobación de antecedentes en la base de datos de delitos de Estados Unidos.
Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que la designación de la libertad condicional permite a las estaciones de la Patrulla Fronteriza abrumadas procesar un gran número de extranjeros ilegales «significativamente más rápido» y liberarlos en el país mucho más rápido que el sistema actual más complicado, que libera a un extranjero ilegal con un aviso de comparecencia que incluye una fecha de corte para su primera audiencia de inmigración.
La libertad condicional debería ser una «cosa muy, muy exclusiva», dijo Andrew Arthur, miembro residente en derecho y política del Centro de Estudios de Inmigración y juez de inmigración retirado.
«Esto es exactamente lo contrario de lo que dijo el Congreso. Se trata de un mal uso y un abuso de esa autoridad de inmigración que raya en la infracción «, dijo.
A través de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) de 1952, el Congreso ordenó que todos los extranjeros inadmisibles e ilegales fueran detenidos hasta que se determinara su estatus, tras lo cual son deportados o se les concede la entrada con un estatus legal.
La libertad condicional es una excepción y, aunque no es un estatus legal, permite la entrada «caso por caso» por «razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo», según la INA.
Este estatus permite a los extranjeros «que de otro modo no serían admisibles en el país según las leyes de inmigración» vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos «sin ser admitidos formalmente en el país y sin tener una vía establecida para obtener un estatus de inmigración permanente», según un informe del Servicio de Investigación del Congreso de 2020.
Arthur dijo que la libertad condicional debería utilizarse, por ejemplo, cuando un miembro de la familia necesita entrar en Estados Unidos para donar un riñón a su hermano, o si se necesita que un testigo de un caso penal declare. Como consejero general adjunto en la exagencia federal de inmigración, veía un puñado de casos de libertad condicional al año.
Sin embargo, en los primeros siete meses de este año fiscal, la CBP ha liberado en masa a más de 120,600 extranjeros ilegales bajo la nueva categoría «Parole+ATD». El ATD es un programa de Alternativas a la Detención, que actúa como una solución al requisito legal de detener a los extranjeros ilegales.
En el marco del ATD, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) entrega al extranjero ilegal un teléfono celular rastreable (o, a veces, una tobillera) que puede utilizar para ponerse en contacto con la agencia con regularidad.
El portavoz de la CBP dijo a The Epoch Times que las estaciones de la Patrulla Fronteriza abrumadas están pasando a procesar más extranjeros ilegales como personas en libertad condicional.
«Es más una funcionalidad de las condiciones de procesamiento en el lugar donde están dando la libertad condicional-ATD», dijo.
«Es una funcionalidad de: ¿Cómo lidiamos con la gente que estamos encontrando y cómo mantenemos nuestra población baja para la gente que no podemos regresar a México bajo el Título 42? Esa es la cuestión de fondo».
El portavoz dijo que, aparte de descubrir los antecedentes penales, el hecho de que un extranjero ilegal sea puesto en libertad condicional depende de si hay espacio de detención o de transporte disponible, de la demografía de la persona, así como de si el agente piensa que es probable que la persona se fugue.
La CBP no proporcionó datos históricos sobre el número de personas en libertad condicional, ni información sobre las nacionalidades de los actuales detenidos. Un agente de la Patrulla Fronteriza en Texas dijo a The Epoch Times, bajo condición de anonimato, que su estación está poniendo en libertad condicional a venezolanos, cubanos y nicaragüenses.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza están deteniendo actualmente a más de 7.000 extranjeros ilegales de media al día a lo largo de la frontera sur, y el Departamento de Seguridad Nacional ha advertido a los agentes que esperen hasta 18,000 al día en los próximos meses.
Falta de comparecencia
El uso de la categoría de libertad condicional sustituye al aviso de presentación, que no era una designación legal, sino una designación ad hoc muy utilizada el año pasado cuando los puestos de la Patrulla Fronteriza estaban desbordados. El aviso de presentación era una orden para que los extranjeros ilegales se presentaran en la oficina del ICE más cercana en un plazo de 60 días.
En los cinco meses transcurridos entre finales de marzo y finales de octubre de 2021 se emitieron más de 104,000 avisos de denuncia. De ellos, 47,705 individuos no se presentaron ante el ICE en enero de este año, según los datos oficiales recibidos por el senador Ron Johnson (R-Wis.).
«Era un sistema de honor [y] nos apalearon con eso. Así que volvieron a examinar la ley del Título 8», dijo un portavoz del CBP a The Epoch Times.
«Una cosa que se puede hacer es dar libertad condicional a alguien que llega a Estados Unidos como extranjero que llega, y se le puede dar libertad condicional durante un año, para que pueda ocuparse de cualquier asunto humanitario o cualquier asunto que tenga que resolver».
El estatus de libertad condicional pospone una solución definitiva para el ICE, que emite un aviso de comparecencia una vez que el extranjero ilegal se presenta ante la agencia.
«Lo que ocurre con la libertad condicional es que les da ese año para ir y conseguirlo», dijo el portavoz.
Si no se hace el contacto, al final de ese año, el extranjero volvería al estatus que tenía al llegar como extranjero ilegal y sería removible, dijo.
Casi un tercio de los presos en libertad condicional liberados entre julio y diciembre del año pasado no se han presentado ante el ICE, según datos de Seguridad Nacional recibidos por el representante Chip Roy (R-Texas).
«El DHS de Mayorkas se ha negado a detener a los migrantes —como exige la ley— no ha expulsado a innumerables personas que no tienen derecho a estar aquí, y está abusando de su autoridad de libertad condicional para seguir liberando a decenas de miles de migrantes», dijo Roy a The Epoch Times el 4 de mayo.
Las prioridades declaradas por el ICE son tales que los agentes de campo, al considerar a un extranjero ilegal para su expulsión, deben obtener el permiso de los supervisores, así como sopesar si el individuo «podría estar sufriendo una enfermedad física o mental grave», o si tiene vínculos con la comunidad, o miembros de la familia en Estados Unidos.
El espacio de detención disponible de la agencia para los inmigrantes ilegales ha disminuido en los últimos años, pasando de 51,379 camas de detención en 2018 a 30,000 en la actualidad. El presupuesto del presidente Joe Biden para el año fiscal 2023 pide que el Congreso recorte otras 5000 camas de detención en las instalaciones del ICE, así como que elimine todas las 2500 camas para unidades familiares.
Riesgos de la libertad condicional masiva
Arthur dijo que el uso masivo de la designación de libertad condicional es «una enorme vulnerabilidad».
«La probabilidad de que vayas a liberar a alguien que representa un peligro para la seguridad nacional es extremadamente alta. El riesgo de que liberes a alguien que supone un peligro para la comunidad es extremadamente alto», dijo.
«Puedes comprobar sus [huellas dactilares], pero ¿vas a comprobar sus antecedentes penales en San Pedro Sula [en Honduras]? ¿Vas a poder comprobar sus actividades en Yemen? La investigación es tan buena como la información, y la información no es tan buena.
«Pero este es el mayor problema. Esto se convierte en un círculo vicioso. Porque cuanta más gente entra, más abrumado estás, cuanto más sueltas, más gente va a entrar».
Durante el mes de abril, los agentes de la Patrulla Fronteriza liberaron a más de 40,000 extranjeros ilegales en libertad condicional y a otros 21,769 con aviso de comparecencia, según las estadísticas de la CBP. Esto supone 15,000 personas más en libertad condicional que en marzo y es el primer mes en el que el número de personas en libertad condicional supera al de las que recibieron una notificación de comparecencia.
Una enmienda publicada en el Registro Federal que entrará en vigor el 31 de mayo defiende la libertad condicional cuando falta espacio para la detención.
«Las personas sometidas a un procedimiento de expulsión acelerado podrán optar a la libertad condicional de conformidad con el artículo 212 (d) (5) de la Ley, si el DHS determina, en el ejercicio de su discreción y caso por caso, que la libertad condicional está justificada porque, entre otras cosas, la detención no está disponible o es impracticable (incluidas las situaciones en las que la continuación de la detención afectaría indebidamente a la salud o la seguridad de las personas con vulnerabilidades especiales)», dice la norma.
Arthur dijo que esa interpretación no es la forma en que el Congreso pretendía que se utilizara la libertad condicional.
«Básicamente se está permitiendo que la población dirija la forma de aplicar la ley. No es así como funciona. La ley determina cómo se maneja la población», dijo.
La Administración Trump utilizó la libertad condicional como una medida provisional antes de que se implementara el programa «Permanecer en México» en enero de 2019, que entonces actuó como una solución a la falta de espacio de detención.
Permanecer en México, o los Protocolos de Protección Migratoria, permitieron que el DHS enviara a los inmigrantes ilegales de vuelta a México para esperar sus procedimientos judiciales de inmigración —después de lo cual se les negaría la entrada o se les concedería un estatus legal en los Estados Unidos. Unos 70,000 inmigrantes ilegales se habían inscrito en el programa a finales de 2020.
Biden puso en pausa las nuevas inscripciones en el programa cuando asumió el cargo y, en junio de 2021, su administración eliminó el programa por completo, a pesar de que Texas y Misuri lo demandaron en abril de 2021 para mantenerlo.
Los estados argumentaron que el programa no puede ser anulado porque es la única solución que cumple con el requisito del Congreso de que los extranjeros ilegales deben ser detenidos hasta que se resuelvan sus casos.
La Corte Suprema dictaminó en agosto de 2021 que el programa debe continuar, al menos hasta que los magistrados dicten una sentencia definitiva. En sus deliberaciones, que comenzaron en abril de este año, el alto tribunal está abordando el aspecto de la detención obligatoria de la ley de inmigración, que también puede determinar en última instancia si la libertad condicional masiva puede continuar.
Desde noviembre de 2021, cuando la administración se vio obligada a reanudar las inscripciones, 1795 extranjeros ilegales han sido devueltos a México a la espera de sus casos, según los datos de la CBP. El DHS se ha mantenido firme en su intención de terminar finalmente con la permanencia en México.
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