A pesar de las afirmaciones de los demócratas de que la Ley de Reducción de la Inflación servirá en última instancia para reducir los precios al consumidor y estimular el crecimiento económico, los expertos siguen divididos, y algunos predicen que el proyecto de ley empeorará la inflación y provocará un estancamiento del crecimiento.
El proyecto de ley, elaborado como un acuerdo de compromiso entre el senador moderado Joe Manchin (D-W.Va.) y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.), sirve para cumplir una serie de amplias aspiraciones demócratas: aumentar los ingresos federales cerrando las llamadas «lagunas» fiscales, las políticas sobre el cambio climático, la ampliación de la Ley de Cuidados de la Salud Asequibles, conocida comúnmente como «Obamacare», y la reducción de los precios de los medicamentos con receta.
La ley, según sus partidarios, también ayudará a frenar el crecimiento de la deuda nacional de Estados Unidos al reducir el déficit.
Aunque autoriza unos 433,000 millones de dólares en nuevos gastos, las estimaciones internas de los demócratas sugieren que el proyecto de ley aportará unos 725,000 millones de dólares en nuevos ingresos al gobierno federal, reduciendo así el déficit federal y frenando el crecimiento de la deuda nacional. En concreto, los demócratas estiman que el proyecto de ley reducirá el déficit en unos 292,000 millones de dólares anuales.
El presidente Joe Biden emitió una declaración el 27 de julio expresando su apoyo a la nueva propuesta, que calificó como «la acción que el pueblo estadounidense ha estado esperando».
«Esto aborda los problemas de hoy —los elevados costes de la atención sanitaria y la inflación general— así como las inversiones en nuestra seguridad energética para el futuro», dijo Biden.
El IRS recibirá 80,000 millones de dólares para una aplicación más estricta del código fiscal
Los defensores de la medida esperan compensar el coste de los nuevos gastos del proyecto de ley modificando el código tributario, que sería aplicado por un Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) sustancialmente reforzado, que ganaría unos 80,000 millones de dólares con el paquete.
Entre otras disposiciones, el proyecto de ley impondría un nuevo tipo impositivo mínimo del 15% a todas las empresas que generan más de mil millones de dólares al año. Aunque el tipo actual del impuesto de sociedades es técnicamente del 21 por ciento, los demócratas afirman que el nuevo tipo impositivo mínimo se dirigirá a las grandes empresas que pagan bastante menos del 21 por ciento utilizando vacíos legales.
Este cambio, según estiman los demócratas en un resumen de una página del proyecto de ley, supondrá una recaudación adicional de 313,000 millones de dólares anuales para el gobierno federal.
Los defensores del proyecto de ley sugieren que, además de los nuevos cambios en el código fiscal, un IRS más grande aportará 124,000 millones de dólares adicionales al año mediante la aplicación de las reformas del código fiscal del paquete.
Desglosados, los aproximadamente 80,000 millones de dólares asignados al IRS se destinarán a «los gastos necesarios para las actividades de aplicación de los impuestos… para determinar y recaudar los impuestos adeudados, para proporcionar apoyo legal y de litigio, para llevar a cabo investigaciones criminales (incluyendo la tecnología de investigación), para proporcionar el control de los activos digitales y las actividades de cumplimiento, para hacer cumplir las leyes penales relacionadas con las violaciones de las leyes de ingresos internos y otros delitos financieros… y para proporcionar otros servicios».
Además, los fondos se destinarían a la contratación de decenas de miles de nuevos agentes del IRS para contribuir a la aplicación de las nuevas normas fiscales, lo que probablemente significará un número mucho mayor de auditorías.
No es de extrañar que el esfuerzo por ampliar el IRS no sea popular entre los republicanos, que generalmente se han opuesto a tales esfuerzos en el pasado.
«Los demócratas están planeando duplicar el tamaño del IRS mediante la contratación de un ejército de 87,000 nuevos agentes para espiar a los estadounidenses», escribió el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (R-Calif.), en un tuit del 4 de agosto.
En su resumen de una página del proyecto de ley, los demócratas insistieron en que los cambios en el código tributario no tendrían ningún efecto sobre las familias que ganan menos de 400,000 dólares anuales, una posición que se arrastra desde el esfuerzo original para aprobar la Ley Reconstruir mejor.
«No hay nuevos impuestos para las familias que ganan 400,000 dólares o menos y no hay nuevos impuestos para las pequeñas empresas: estamos cerrando lagunas fiscales y aplicando el código fiscal», dice el resumen.
Sin embargo, algunos críticos han expresado sus dudas sobre esta afirmación, señalando que el aumento del alcance y la financiación del IRS afectará a personas de todos los niveles de ingresos, incluidos algunos individuos y pequeñas empresas que ganan menos de 400,000 dólares.
Cambios en los precios de los medicamentos con receta
Los demócratas afirman que las nuevas disposiciones diseñadas para reducir la cantidad que el gobierno federal paga por los medicamentos de los beneficiarios de Medicare contribuirán a amortiguar el coste del proyecto de ley.
En la actualidad, Medicare no puede negociar el precio de los medicamentos recetados con las empresas farmacéuticas, a diferencia de las aseguradoras privadas, que sí tienen ese poder. Según la Ley de Reducción de la Inflación, Medicare estará autorizado a iniciar tales negociaciones sobre el coste de 10 medicamentos de «alto gasto», a partir de 2026.
Además, el proyecto de ley limitaría los gastos de bolsillo de los beneficiarios de Medicare, que son en su mayoría personas mayores, a 2000 dólares al año, o unos 150 dólares al mes.
Estos cambios, según afirman los demócratas en su resumen del proyecto de ley, aportarán 288,000 millones de dólares más de ingresos al gobierno federal.
Sin embargo, los críticos han cuestionado la atención prestada a los precios de los medicamentos recetados, señalando que el gasto en productos farmacéuticos solo representa alrededor del 15% del gasto de Medicare. La lista de gastos de Medicare está encabezada por cosas como la atención hospitalaria.
Además, el proyecto de ley contiene disposiciones destinadas a reducir las primas de los estadounidenses en el marco de la Ley de Cuidados de la Salud Asequibles.
Nuevas políticas climáticas y gasto
Desde el fracaso de Reconstruir mejor en diciembre, los demócratas siguen tan desesperados como siempre por introducir cambios de gran alcance en la política climática, y la Ley de Reducción de la Inflación crearía una serie de nuevos programas y créditos con ese fin.
El precio máximo de las políticas climáticas del proyecto de ley asciende a unos 369,000 millones de dólares.
Entre otros elementos, la Ley de Reducción de la Inflación hace hincapié en los incentivos fiscales para las empresas y los particulares que cambien a las fuentes de energía renovables.
Por ejemplo, el proyecto de ley repartiría hasta 28,500 dólares en incentivos fiscales a los hogares estadounidenses que compren electrodomésticos más eficientes desde el punto de vista energético, instalen paneles solares en sus casas y compren nuevos vehículos eléctricos. Aunque los hogares tendrían que hacer todo esto para acercarse a esa cifra de 28,500 dólares, representa uno de los mayores incentivos gubernamentales relacionados con el clima jamás propuestos para los hogares individuales.
Según un estudio de Rewiring America, las familias que se beneficien a todos estos programas podrían ahorrar hasta 1800 dólares al año.
Los defensores del proyecto de ley también han señalado un estudio de Energy Innovation que sugiere que, para 2030, los incentivos climáticos de la Ley de Reducción de la Inflación podrían crear hasta 1.5 millones de nuevos puestos de trabajo.
Además, para los demócratas, el proyecto de ley tiene un efecto potencial en la reducción de las emisiones de carbono de Estados Unidos.
Durante las negociaciones del proyecto de ley, Manchin insistió en incluir varias disposiciones destinadas a ayudar al sector energético de Virginia Occidental, dominado por la minería del carbón.
Además, el proyecto de ley exigiría el restablecimiento de tres contratos de arrendamiento de petróleo y gas natural que fueron paralizados por la Casa Blanca cerca del inicio del mandato de Biden. Los permisos para proyectos solares y eólicos en tierras federales solo se permitirían si se mantienen estos arrendamientos de petróleo y gas natural.
No obstante, uno de los principales objetivos de los demócratas era desincentivar los combustibles fósiles en la medida de lo posible.
Al igual que el proyecto de ley incentivaría a los hogares a cambiar a fuentes de energía renovables y eficientes, las empresas también obtendrían incentivos fiscales, préstamos y subvenciones para hacer lo mismo a gran escala.
Los defensores del proyecto de ley han citado varios análisis que sugieren que estas políticas provocarían una reducción neta de las emisiones estadounidenses de alrededor del 40% respecto a sus niveles de 2005.
Los demócratas que apoyan el proyecto de ley han dicho que los efectos de las disposiciones a favor de los combustibles fósiles del proyecto de ley —que enfurecieron a los ecologistas— tendrían en última instancia un efecto insignificante sobre las emisiones. Sus defensores afirman que por cada tonelada adicional de emisiones de gases de efecto invernadero en el proyecto de ley, se reducirían 24 toneladas de emisiones.
Esta sección constituye, con mucho, la mayor parte del gasto del nuevo proyecto de ley, y los críticos la han señalado con la preocupación de que reduzca la competitividad energética de Estados Unidos y han sugerido que el nuevo gasto puede servir para empeorar la inflación.
Algunos expertos aplauden el proyecto de ley como algo muy necesario y antiinflacionista
Marc Goldwein, director senior de política del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, aplaudió el proyecto de ley durante una aparición en Yahoo news.
Al principio del segmento, se le preguntó a Goldwein qué efecto tendrá el proyecto de ley sobre la inflación.
«Mire, este proyecto de ley no va a hacer que pasemos del nueve por ciento de inflación al dos o tres por ciento que debería ser», dijo Goldwein. «Lo que hace este proyecto de ley es que va a facilitar un poco el trabajo de la Reserva Federal, para que pueda luchar contra la inflación con una política fiscal que vaya en la misma dirección, no en la contraria».
Más adelante en la entrevista, Goldwein reafirmó esta postura: «Se mire como se mire este proyecto de ley, va a ser bueno para la inflación».
«Macroeconómicamente, va a sacar algo de exceso de dinero de la economía, lo que necesitamos cuando la demanda está tan recalentada, [y] también va a bajar los precios de los medicamentos».
«Desde el punto de vista microeconómico, reducirá los precios de la energía, de las actualizaciones de las viviendas, de la atención sanitaria y de los medicamentos, y es de esperar que todo ello alimente las expectativas de inflación.
«No espero que el efecto sea grande, pero la dirección es bastante clara y va a ayudar a facilitar el trabajo de la Fed».
Sin embargo, Goldwein subrayó que, a pesar de las esperanzas de los demócratas de que el proyecto de ley ayude a sus pésimas perspectivas ante las elecciones de mitad de mandato de este año, los estadounidenses no verán ningún efecto real sobre la inflación en el año natural 2022.
«Realmente se trata de un juego de 2023, 2024, 2025», dijo Goldwein. «Lo que se supone que debe hacer esto es impedir que la inflación persista a largo plazo; de nuevo, facilitar un poco el trabajo de la Fed. No va a proporcionar alivio el próximo mes, y no deberíamos esperar eso».
Preguntado por las implicaciones del proyecto de ley en el déficit federal, Goldwein confirmó las afirmaciones de los demócratas de que a través del nuevo impuesto mínimo del 15% y la expansión del IRS, el proyecto de ley aumentaría en gran medida los ingresos y reduciría el déficit en unos 300,000 millones de dólares, lo que, señaló Goldwein, es «la mayor reducción del déficit desde 2011».
A lo largo de dos décadas más o menos, añadió Goldwein, eso se traduce en evitar que unos 1.5 billones de dólares se añadan a la deuda nacional.
«Eso no va a arreglar nuestra deuda al igual que esto no va a arreglar la inflación», admitió Goldwein, «pero va a ayudar con nuestra deuda, al igual que esto va a ayudar con la inflación».
Los críticos republicanos y conservadores del proyecto de ley han argumentado que a través de los nuevos impuestos a las empresas, la inversión de capital disminuirá, frenando el crecimiento de la economía.
Esto, reconoció Goldwein, es cierto. Pero, dijo, limitar el crecimiento es exactamente lo que la economía necesita en este momento.
«La realidad es que la economía está sobrecalentada», dijo Goldwein. «Tenemos demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes. … Hay mucho más que podemos hacer. Pero esto es una pieza del rompecabezas. Esto va a ayudar a que sea un poco más fácil para la Fed poner la inflación bajo control».
Larry Summers, experto en inflación y exsecretario del Tesoro citado a menudo por el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), compartió la evaluación optimista de Goldwein sobre el proyecto de ley.
«Este proyecto de ley está luchando contra la inflación y también tiene toda una serie de beneficios colaterales», dijo Summers durante una aparición en la CNN. «Es justo llamarla la ‘Ley de Reducción de la Inflación'».
El proyecto de ley reducirá el PIB y provocará la pérdida de miles de empleos: Tax Foundation
Sin embargo, estas evaluaciones optimistas están lejos de ser universales. Varios expertos y organizaciones conservadoras y de tendencia republicana han sido críticos en su análisis del proyecto de ley, del que han dicho que, en el mejor de los casos, tendrá un efecto insignificante sobre la inflación, mientras que estanca el crecimiento económico.
En su análisis del proyecto de ley, la Tax Foundation, una organización de información fiscal sin ánimo de lucro, estimó que el proyecto de ley «reduciría la producción económica a largo plazo en aproximadamente un 0.1% y eliminaría unos 30,000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en Estados Unidos».
Además, estimaron que «también reduciría los ingresos medios después de impuestos de los contribuyentes en todos los quintiles de ingresos a largo plazo».
«Al reducir el crecimiento económico a largo plazo, este proyecto de ley podría empeorar la inflación al limitar la capacidad productiva de la economía», argumentó el grupo.
Más adelante en su informe, la Tax Foundation explicaba esta afirmación, señalando que, si bien el proyecto de ley evitaría algunos de los aumentos de impuestos directos contenidos en la iteración original de Reconstruir mejor, tendría sin embargo un efecto pronunciado sobre la inversión de capital.
«Aunque la última propuesta evita algunos de los principales aumentos de los tipos impositivos contenidos en la Ley de Reconstrucción Mejor aprobada por la Cámara de Representantes, esta propuesta aumentaría los impuestos sobre el trabajo y la inversión, desincentivando la actividad productiva», escribió la organización.
«El proyecto de ley aumentaría los ingresos estadounidenses a largo plazo (medidos por el producto nacional bruto, o PNB) en menos del 0.05 por ciento, lo que se debe enteramente a la reducción del déficit presupuestario a largo plazo del proyecto de ley. El proyecto de ley reduciría el stock de capital en aproximadamente un 0.3% y los salarios en aproximadamente un 0.1%, al tiempo que eliminaría unos 30,000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
«La propuesta de un impuesto mínimo del 15% sobre los ingresos contables de las empresas es la disposición más perjudicial desde el punto de vista económico, ya que reduce el PIB en un 0.1% y cuesta unos 23,000 puestos de trabajo. El aumento del impuesto sobre los intereses transferidos también elimina unos 5000 puestos de trabajo».
El proyecto de ley desincentivará la inversión de capital, provocando un estancamiento a largo plazo: Experto en impuestos de Heritage Foundation
Preston Brashers, analista principal de política fiscal de Heritage Foundation, compartió la valoración pesimista de la Tax Foundation en una entrevista con The Epoch Times.
En concreto, Brashers destacó los efectos negativos que las nuevas leyes fiscales, incluido el nuevo impuesto mínimo de sociedades, tendrán sobre la inversión de capital.
El problema, según Brashers, es la forma en que el proyecto de ley cambiará las normas para determinar si una empresa cumple el criterio para el impuesto mínimo.
Según la Ley de Reducción de la Inflación, las empresas con unos ingresos anuales de 1000 millones de dólares o más estarán sujetas a un impuesto mínimo del 15%. Aunque la actual legislación fiscal fija el tipo del impuesto de sociedades en el 21%, muchas empresas acaban pagando menos una vez que se tienen en cuenta las desgravaciones, exenciones y soluciones alternativas en la legislación fiscal. Con el impuesto mínimo de sociedades, los demócratas esperan acabar con estas prácticas.
Sin embargo, en lugar de utilizar los ingresos fiscales —que tienen en cuenta las exenciones y condonaciones— para determinar si se aplica el impuesto mínimo, el proyecto de ley de los demócratas utilizaría los «ingresos contables» para determinar la aplicabilidad.
Los «ingresos contables», declarados según las normas elaboradas por el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB) y aplicadas por la Comisión de Bolsa y Valores, son la cifra que se entrega a los inversores para mostrar los ingresos anuales de una empresa antes de tener en cuenta los impuestos pagados o condonados.
Según las normas actuales, cuando las empresas reinvierten sus ingresos en el negocio —comprando cosas como nuevos equipos, maquinaria, fábricas y otros tipos de capital— se les permite cancelar el coste de esas inversiones como una cuestión de ingresos fiscales.
Los ingresos contables, en cambio, no tienen en cuenta esos gastos, sino que son simplemente un informe de los ingresos netos que una empresa obtiene durante un periodo anual.
«Si soy una empresa y compro una nueva maquinaria —pongo una nueva maquinaria en mi fábrica— ese gasto, con el sistema de ingresos contables, no podría deducirlo [de los ingresos contables] de inmediato», explicó Brashers.
«El sentido de los ingresos contables es totalmente diferente al de los ingresos sujetos a impuestos», argumentó Brashers.
Por ello, el nuevo impuesto mínimo de sociedades es «un gran desincentivo para que las empresas inviertan. Así que lo que va a pasar es que van a invertir menos: habrá menos fábricas».
Brashers dijo que los más afectados por estas nuevas normas serán los fabricantes y otras industrias que requieren mucho capital, como la minería, que, por la naturaleza de sus empresas, tienen necesariamente muchos más gastos de capital si esperan seguir creciendo.
Sin embargo, las empresas nuevas y en crecimiento también se verán afectadas, en beneficio de las empresas más antiguas y consolidadas. Las empresas más antiguas suelen ver cómo disminuyen las oportunidades de reinversión y optan por pagar dividendos a los inversores mientras funcionan «con el piloto automático», dijo Brashers. Las empresas más nuevas y en crecimiento, en cambio, suelen tener muchas necesidades de inversión de capital.
Por ello, este proyecto de ley también servirá para dificultar la entrada de nuevos competidores en los mercados establecidos.
Brashers dijo que las nuevas normas también enturbiarán las aguas en torno a los estados financieros que cumplen con el FASB de una manera que puede alejar a los inversores de la inversión en empresas estadounidenses. Como las empresas tendrán incentivos fiscales para reducir sus ingresos contables, explicó Brashers, las cifras que vean los inversores pueden ser algo más sombrías desde el punto de vista financiero que los hechos reales de la empresa.
«Lo que las empresas van a hacer para sus estados financieros va a estar impulsado más por los incentivos fiscales, lo que no es algo bueno», dijo Brashers. «Va a conducir a que los inversores tengan peor información sobre lo que ocurre con las empresas, porque ahora [las empresas] tienen un incentivo para reducir sus ingresos en los estados financieros si eso les va a hacer tener este impuesto mínimo contable».
Además, predijo Brashers, basar estas nuevas normas fiscales en los estados financieros del FASB podría dar lugar a un nuevo género de grupos de presión que, en lugar de presionar a los legisladores de Washington, presionen al FASB para animarle a cambiar sus normas sobre estados financieros.
A escala internacional, estos cambios podrían expulsar a los inversores de los mercados estadounidenses, sugirió Brashers, hacia países como China, donde no existen estas normas.
Tomando todas estas cosas en conjunto, Brashers afirmó: «va a haber menos puestos de trabajo, y las personas que trabajan en esos puestos van a tener menos capital a su alrededor —menos herramientas, menos equipos— lo que significa que cada trabajador [será] menos productivo». Los trabajadores que produzcan menos, a su vez, conducirán a una reducción de los salarios y a una ralentización del crecimiento salarial, lo que significa que los estadounidenses individuales también se verán afectados por las consecuencias imprevistas del proyecto de ley.
En resumen, Brashers dijo: «Este proyecto de ley es exactamente el enfoque equivocado. Nos dirigimos a una recesión y quieren subir los impuestos; nos enfrentamos a la inflación y quieren aumentar el coste de las cosas en este país. Este enfoque es exactamente erróneo porque, en lugar de desbloquear la economía y permitir que las empresas produzcan y los trabajadores trabajen más y hagan más, lo estamos haciendo más difícil».
El proyecto de ley va camino de ser aprobado por el Senado en los próximos días
Cualquiera que sea la verdad de las variadas evaluaciones de los expertos sobre el proyecto de ley, ahora parece tener un camino directo hacia el Senado.
Dado que la Ley de Reducción de la Inflación utiliza el proceso de reconciliación, está exenta del umbral normal de 60 votos del filibusterismo que acaba con la mayoría de los proyectos de ley partidistas en el Senado. En su lugar, solo se necesitan 51 votos para la aprobación de un proyecto de ley de reconciliación.
Actualmente, los demócratas cuentan con los escaños suficientes para aprobar el proyecto de ley, incluidos 50 senadores demócratas y el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris.
En el pasado, los senadores Kyrsten Sinema (D-Ariz) y Manchin, los dos miembros con voto decisivo de los demócratas en la cámara alta, han sido la mayor amenaza para la aprobación de cualquier proyecto de ley de reconciliación demasiado ambicioso de su partido. Tan pronto como Manchin y Schumer dieron a conocer el acuerdo, Manchin prometió su apoyo a la legislación, dejando un signo de interrogación solo para Sinema.
A pesar de algunas esperanzas entre los críticos de que Sinema se mantuviera en contra del proyecto de ley, negándole los 50 votos necesarios para activar el voto de desempate de Harris, su oficina anunció la tarde del 4 de agosto que Sinema había decidido respaldar el proyecto de ley.
El borrador original del proyecto de ley habría cerrado la «laguna legal de los intereses», una solución del código fiscal que permite a los gestores de dinero pagar un tipo impositivo más bajo de lo normal por las inversiones rentables. Esta propuesta, que formaba parte del plan original de Reconstruir mejor, habría aportado otros 14,000 millones de dólares de ingresos, según los demócratas.
Como parte del compromiso de su apoyo al proyecto de ley, Sinema exigió que se eliminara esta disposición, a pesar de las demandas expresas de Manchin de que la disposición permaneciera en el proyecto de ley. Los negociadores demócratas accedieron a la petición de Sinema, allanando el camino para el proyecto de ley.
«Hemos acordado eliminar la disposición fiscal sobre los intereses transferidos, proteger la fabricación avanzada e impulsar nuestra economía de energía limpia en la legislación de reconciliación presupuestaria del Senado», dijo Sinema.
Solo queda la aprobación de la parlamentaria del Senado, un árbitro no partidista de la cámara alta cuyo visto bueno es necesario para los proyectos de ley de reconciliación, para la rápida aprobación del proyecto en el Senado.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.), ha expresado su apoyo al proyecto de ley, y es probable que la Cámara retome y apruebe el proyecto tras su aprobación en el Senado.
Asimismo, es probable que Biden lo firme tras su aprobación por ambas cámaras del Congreso.
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