Fiscal general de Florida gana la batalla judicial contra el gobierno de Biden por la crisis fronteriza

Por Katabella Roberts
06 de junio de 2023 1:58 PM Actualizado: 06 de junio de 2023 1:58 PM

La fiscal general de Florida, Ashley Moody, se ha anotado otra victoria en su batalla legal contra la Administración Biden por su política de permitir la liberación masiva de inmigrantes ilegales dentro de Estados Unidos.

En una declaración del 5 de junio, Moody dijo que la Corte de Apelaciones del 11º Circuito había acordado mantener en vigor una orden judicial preliminar obtenida anteriormente por Florida contra la política de la Administración Biden conocida como «Parole con condiciones».

Esta política permite a las autoridades federales poner en libertad a inmigrantes ilegales en el país sin cita judicial.

En mayo, un juez federal concedió la medida cautelar contra la política del gobierno tras considerar que el estado de Florida sufriría «daños irreparables» si no se ponía en marcha la medida cautelar.

El juez T. Kent Wetherell, nominado por Trump, también consideró que la medida cautelar era más importante que el daño que causaría al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Tras la sentencia, el gobierno solicitó la revisión de esa decisión ante el Tribunal de Apelación del 11.º Circuito, alegando que la decisión del juez Wetherell le causaría un «perjuicio irreparable» porque «socavaría la autoridad constitucional y estatutaria del Poder Ejecutivo para aplicar sus prioridades en materia de inmigración y asegurar la frontera».

También alegó que bloquear la posibilidad de poner en libertad a inmigrantes ilegales provocaría el hacinamiento de las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) y pondría en peligro la salud, la seguridad y la protección de los agentes de la Patrulla de Fronteras y de los extranjeros ilegales.

Además, el DHS había declarado que el hacinamiento en dichas instalaciones podría obligarlo a poner en libertad a algunos extranjeros ilegales sin las medidas de vigilancia adecuadas y que el bloqueo de la política podría, en el peor de los casos, «impedirle detener a algunos extranjeros por completo».

El tribunal de apelaciones, compuesto por tres jueces, discrepó, declarando que el argumento del gobierno no le parece «persuasivo».

La Guardia Nacional del Ejército de Texas observa cómo los inmigrantes ilegales suben a un autobús tras entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) de EE. UU. para que tramiten sus solicitudes de asilo e inmigración tras el fin del Título 42 en la frontera entre EE.UU. y México en El Paso, Texas, el 12 de mayo de 2023. (Patrick T. Fallon/AFP vía Getty Images)

«Escepticismo» ante las afirmaciones del DHS sobre un «desastre inminente»

«Para empezar, las alegaciones del DHS de perjuicio irreparable suenan un tanto huecas en este expediente, teniendo en cuenta el historial del departamento de exagerar amenazas similares en los procedimientos subyacentes», escribieron los jueces en su sentencia (pdf).

«Teniendo en cuenta estos antecedentes, nos tomamos con cierto escepticismo las últimas afirmaciones del DHS sobre un desastre inminente si no se le permite utilizar ninguna de las políticas impugnadas», afirmaron.

Los jueces también señalaron que los datos recientes de la frontera «arrojan más dudas sobre el argumento de daño irreparable del DHS» a raíz de que el Título 42 llegara a su fin en mayo.

«Contrariamente a las predicciones catastróficas del DHS, el número de encuentros diarios con extranjeros no aumentó en los días siguientes a la expiración de la orden del Título 42 el 11 de mayo de 2023, sino que disminuyó significativamente», escribieron, señalando los datos que indican que el número de encuentros en la frontera sur disminuyó de 9649 el 11 de mayo de 2023 a 4193 el 14 de mayo.

El Título 42, las restricciones sanitarias de emergencia aplicadas durante la pandemia de COVID-19 que permitían a los agentes de la Patrulla Fronteriza devolver inmediatamente a México a los extranjeros ilegales si se consideraba que suponían una amenaza para la salud, expiró el 11 de mayo.

«El DHS no ha explicado cómo esos datos concuerdan con sus declaraciones ni ha proporcionado datos más recientes que demuestren un aumento de los cruces ilegales en la frontera. Este Tribunal no constatará un daño irreparable basado en meras conjeturas», escribieron los jueces.

Moody recibió con satisfacción la decisión del tribunal de apelación en una declaración el 5 de junio.

Migrantes cruzan el río Tijuana hacia la frontera con EE.UU. en Tijuana, México, el 11 de mayo de 2023. (John Fredricks/The Epoch Times)

«Vidas estadounidenses en peligro»

«Proteger nuestra frontera es una de las responsabilidades más fundamentales de nuestro presidente, y Florida no permitirá que Joe Biden y el secretario Mayorkas sigan poniendo en peligro vidas estadounidenses en clara violación de la ley federal», declaró Moody.

La victoria de la fiscal general de Florida se produce después de que se uniera a una coalición de 18 estados de otros fiscales generales para presentar una denuncia (pdf) sobre la nueva norma de la Administración Biden de «elusión de las vías legales» que, según el gobierno, incentivará el uso de las vías legales.

Moody se unió a los fiscales generales de los estados de Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Indiana, Kentucky, Misisipi, Misuri, Montana, Nuevo Hampshire, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Virginia y Wyoming en la presentación del recurso legal.

Argumentan que la norma, que haría que las personas que viajan a través de un tercer condado antes de llegar a la frontera entre Estados Unidos y México no pudieran solicitar asilo en determinadas circunstancias, «degradará aún más la seguridad fronteriza de nuestra nación y facilitará aún más la inmigración ilegal en Estados Unidos».

En concreto, los fiscales generales argumentan que la norma incluye una excepción para los extranjeros ilegales que utilicen la «aplicación One» de la CBP para «programar» su entrada en Estados Unidos en un puerto de entrada concreto, lo que, según dicen, «incentivará a un ‘número cada vez mayor de inmigrantes’ a utilizar la aplicación One de la CBP para presentar solicitudes de asilo falsas, todo ello evitando la mala imagen de multitudes de extranjeros ilegales ‘esperando en largas filas de duración desconocida en los puntos de entrada’ o cruzando entre puntos de entrada».

El gobierno de Biden se enfrenta también a una serie de impugnaciones legales tanto de estados dirigidos por republicanos, entre ellos Texas, como de grupos de derechos civiles por sus políticas de inmigración.

The Epoch Times se ha puesto en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional para obtener sus comentarios.


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