La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que su demanda y otros casos penales estatales contra Donald Trump podrían verse retrasados por proceso del Departamento de Justicia contra el expresidente.
La fiscal general demócrata, en una entrevista con Pod Save America, respondió a una pregunta sobre si el caso federal se vinculará con la investigación de James o con el caso del fiscal Alvin Bragg del distrito de Manhattan. Trump fue imputado con cargos federales en Florida la semana pasada por presunta manipulación indebida de documentos clasificados, y el martes se declaró inocente en una corte de Miami.
«Con toda probabilidad, creo que mi caso, así como el del fiscal Bragg y el de Georgia, lamentablemente tendrán que aplazarse a la espera del desenlace del caso federal», dijo James. «Así que todo depende de la programación de este caso en particular. Sé que va a haber una avalancha, un aluvión de mociones, peticiones de desestimación, cuestiones de presentación de pruebas, todo eso. Así que todo depende. Obviamente, todos queremos saber qué va a hacer la jueza [Aileen] Cannon y si va a retrasar o no este caso en particular».
James, sin embargo, no dio ningún otro detalle. The Epoch Times se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia (DOJ) para solicitar comentarios.
Por su parte, Pete Skandalakis, director del Consejo de Fiscales de Georgia, sugirió que el caso de los documentos clasificados federales no alteraría la programación de otros casos, incluido el del condado de Fulton. Su investigación muestra que no hay «ninguna ley que dé al gobierno federal la capacidad de ir primero», dijo Skandalakis al Atlanta Journal-Constitution.
El presente año, Trump fue imputado previamente por Bragg por supuestamente falsificar registros comerciales con relación a unos pagos hechos durante las elecciones de 2016. Al mismo tiempo, los fiscales del condado de Fulton, Georgia, están investigando al expresidente por una posible interferencia en las elecciones de 2020 en Georgia. La fiscal de distrito, Fani Willis, dijo que al expresidente le podrían imputar cargos en su contra en agosto.
La demanda de James, por USD 250 millones, alega que Trump infló sus activos para obtener préstamos favorables a los que no debería haber tenido derecho. Está previsto que vaya a juicio en ese caso en octubre, mientras que el juicio en el caso de Bragg está programado para el próximo marzo.
En el caso federal, Trump se enfrenta a 31 presuntas violaciones de la Ley federal de Espionaje por «retención intencionada» de información de defensa nacional, junto con múltiples cargos de obstrucción a la justicia y declaraciones falsas. Trump se declaró inocente de los 37 cargos.
Trump negó categóricamente haber actuado mal, afirmando que está siendo objeto de una caza de brujas dirigida por los demócratas en medio de su campaña presidencial de 2024. Las primeras encuestas muestran que el expresidente está muy por delante de otros candidatos presidenciales del Partido Republicano hasta el momento.
«Ellos están usando esto porque no pueden ganar las elecciones de forma justa y directa», dijo Trump el lunes a Americano Media .
Para el caso del Departamento de Justicia, Trump dijo que está buscando incorporar a su equipo legal, aunque no se hicieron anuncios el lunes. Se esperaba que estuviera representado en su comparecencia por Todd Blanche, un abogado que también le defiende en el caso de Nueva York, y el abogado de Florida, Chris Kise, que se unió al equipo de abogados de Trump el año pasado. Según las normas del distrito, los acusados deben contar con un abogado local para que proceda la lectura de cargos.
Los cargos imputados sostienen que Trump retuvo intencionadamente cientos de documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca a Mar-a-Lago tras dejar el cargo en enero de 2021. El material que almacenó, incluso en un baño, salón de baile, dormitorio y ducha; incluía material sobre programas nucleares, capacidades de defensa y armamento de Estados Unidos y gobiernos extranjeros, además de un «plan de ataque» del Pentágono, dicen los fiscales.
Reporteros en la sala de la corte de Miami dijeron que el abogado especial, Jack Smith, estaba en la corte el martes. Smith fue nombrado abogado especial por el fiscal general Merrick Garland el año pasado tras la redada del FBI contra la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach.
Trump y Walt Nauta, también acusado en el caso, fueron puestos en libertad bajo fianza por el juez Jonathan Goodman, que supervisó la comparecencia. El juez no impuso restricciones de viaje ni a Trump ni a Nauta.
En cambio, Goodman emitió una orden de contacto limitado entre ambos, tanto Nauta —un asesor de Trump que está acusado en el caso de los documentos— como Trump.
Con información de The Associated Press.
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