El fiscal general de Texas, Ken Paxton, amenazó el jueves con demandar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por su reciente anuncio de que la administración de Biden pausará las deportaciones de algunos inmigrantes ilegales durante 100 días a partir del 22 de enero.
El miércoles, el DHS dijo que la agencia «pausará las expulsiones de ciertos no ciudadanos a los que se ha ordenado su deportación para garantizar que tenemos un sistema de aplicación de la ley de inmigración justo y eficaz centrado en la protección de la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública».
Paxton, un republicano, envió una carta al secretario interino del DHS, David Pekoske, calificando la decisión del DHS de «ilegal».
Cuando la Administración de @JoeBiden viola la ley, tomo medidas. Le he dicho al @DHSgov que anule inmediatamente su ilegal y desmedida suspensión de las deportaciones, o Texas lo demandará.
Como fiscal general, siempre pondré a los estadounidenses, a los texanos primero, ¡no a los extranjeros peligrosos que deben ser deportados! https://t.co/anW89QJiPP pic.twitter.com/ehsucOe6Ks
– Fiscal general de Texas (@TXAG) 22 de enero de 2021
«Cuando la Administración de @JoeBiden viola la ley, tomo medidas. Le he dicho al @DHSgov que anule inmediatamente su ilegal y desmedida suspensión de las deportaciones, o Texas lo demandará. Como fiscal general, siempre pondré a los estadounidenses, a los texanos primero, ¡no a los extranjeros peligrosos que deben ser deportados!», dijo Paxton en una declaración en Twitter.
«Esta completa renuncia a la obligación del Departamento de Seguridad Nacional (‘DHS’) de hacer cumplir la ley federal de inmigración es ilegal y perjudicará grave e irremediablemente al estado de Texas y a sus ciudadanos», escribió Paxton en su carta.
«Los estados fronterizos como Texas pagan un precio particularmente alto cuando el gobierno federal no ejecuta fielmente las leyes de inmigración de nuestro país», añadió. «Su intento de detener casi todas las deportaciones aumentaría el impacto de la inmigración ilegal en Texas».
Señaló que el propio DHS ha reconocido previamente que esa «pausa en las deportaciones» causará «daños concretos a Texas», citando un acuerdo entre la agencia y el estado de Texas.
Al hacer el anuncio, Pekokse dijo que la suspensión de las deportaciones permitiría al DHS «asegurar que sus recursos se dedican a responder a los desafíos más apremiantes que enfrenta Estados Unidos».
Esto incluye «los desafíos operativos inmediatos en la frontera suroeste durante la más grave crisis de salud pública mundial en un siglo», dijo Pekokse. «A lo largo de este período provisional, el DHS continuará aplicando nuestras leyes de inmigración».
Pekokse proporcionó las excepciones a la regla, que incluyen a las personas que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha encontrado que han participado o son sospechosos de terrorismo o espionaje o representan un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, o para los que el director en funciones del ICE determina que es necesaria la expulsión.
Otras excepciones son las personas que no estaban físicamente en Estados Unidos antes del 1 de noviembre de 2020, y las que han «aceptado voluntariamente renunciar a cualquier derecho a permanecer en Estados Unidos».
La directiva se aplica al ICE, a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Paxon señaló en su carta que el DHS no consultó con Texas antes de hacer sus cambios de política, como se requiere para un acuerdo entre el estado y la agencia.
En segundo lugar, el DHS acordó «dar prioridad a la protección de Estados Unidos y sus comunidades existentes», incluso «promoviendo el retorno o la deportación de Estados Unidos de los extranjeros inadmisibles y susceptibles de ser deportados», (…) No hace falta decir que una amplia «pausa» en la deportación de extranjeros ilegales no «promueve (…) la deportación», dijo.
«Esta carta sirve como aviso de que Texas cree que el DHS ha violado el Acuerdo», añadió. «Texas desea resolver esta disputa, pero deben anular inmediatamente el Memorándum del 20 de enero».
El DHS no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
Con información de Mimi Nguyen Ly.
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