Fiscales demandan a fiscal de distrito financiado por Soros por violar la ley de California

Por Matthew Vadum
04 de Enero de 2021
Actualizado: 04 de Enero de 2021

El fiscal de distrito de Los Ángeles, George Gascon, fue demandado por sus propios compañeros fiscales por desafiar la ley estatal al decidir unilateralmente ignorar las reglas de aumento de la sentencia bajo la Ley de Tres Golpes que dejar de buscar la pena de muerte y terminar con la fianza en efectivo.

El multimillonario de izquierda, George Soros, donó más de 2 millones de dólares a la campaña de Gascon como parte de un esfuerzo de años de duración para instalar fiscales “suaves con el crimen” en los principales centros de población. Soros y los comités de acción política financiados por él, también proporcionaron apoyo financiero a los fiscales radicales, incluyendo a la fiscal de distrito de Chicago Kim Foxx, la fiscal de St. Louis Kim Gardner, el fiscal de distrito de Filadelfia Larry Krasner, y la fiscal del estado de la ciudad de Baltimore Marilyn Mosby.

Gascon, un demócrata nacido en Cuba, anunció “reformas inmediatas y decisivas para transformar la mayor jurisdicción de justicia penal de Estados Unidos”, cuando prestó juramento el 7 de diciembre de 2020. Anteriormente, como fiscal del distrito de San Francisco, afirmó que el sistema de justicia penal es sistémicamente racista y prometió liberar en masa a los criminales condenados.

“Durante décadas, aquellos que se benefician del encarcelamiento han utilizado su enorme influencia política —enmascarada con el falso velo de la seguridad— para asustar al público y a nuestros funcionarios electos para que apoyen las políticas racistas que crearon más víctimas, destruyeron presupuestos y destrozaron nuestro compás moral. Esa mentira y el daño que causó termina ahora”.

La causa legal, presentado el 30 de diciembre de 2020, en la Corte Superior del Estado de California para el condado de Los Ángeles, se conoce como Asociación de Fiscales de Distrito Adjuntos (ADDA) para el Condado de Los Ángeles vs, Gascon.

La ADDA pide al tribunal que obligue a Gascon a seguir la ley y le impida a él y a su oficina “forzar el cumplimiento por parte de los fiscales de distrito adjuntos de este condado (…) de partes ilegales de las directivas especiales recientemente promulgadas”.

Los funcionarios de ADDA explicaron el fundamento de la demanda.

“Aunque un fiscal de Distrito elegido tiene amplia discreción para determinar qué cargos presentar en un caso individual, esa discreción no lo autoriza a violar la ley o a dirigir a los abogados que representan a la oficina del fiscal de distrito a violar la ley”, dijo Michele Hanisee, presidente de ADDA, en una declaración. El agente de negociación colectiva de los fiscales afirma que son unos 800 miembros.

“Los fiscales del condado de Los Ángeles fueron puestos en una posición imposible”, añadió el vicepresidente de ADDA, Eric Siddall.

“¿Seguimos nuestras responsabilidades legales y éticas y nos arriesgamos a ser disciplinados, incluso despedidos, por nuestro nuevo jefe? ¿O seguimos sus directivas políticas y nos arriesgamos a perder nuestras tarjetas de la Barra de Abogados del Estado de California y, por extensión, nuestra capacidad de ejercer la abogacía en cualquier lugar del estado? Estamos pidiendo a un tribunal que responda a esas preguntas”.

La demanda se centra en las directivas de Gascon que ADDA dice que ignoran o contradicen la ley de California.

La ley “Tres Golpes” de California, codificada en la Sección 667 del Código Penal, es “un esquema de sentencias que da a los acusados una sentencia de prisión de 25 años a cadena perpetua si son condenados por tres delitos violentos o graves”, según Shouse California Law Group.

La ley también duplica la pena de prisión para los individuos condenados por cualquier delito grave de California que tengan dos antecedentes de delitos violentos o graves. A los llamados doble reincidentes se les da una sentencia cuya duración se duplica.

Gascon ordenó a los fiscales del distrito “que desestimen los antecedentes de reincidencias pendientes, los incrementos por circunstancias especiales, incrementos en pandillas, denuncias por armas de fuego, y ciertos otros incrementos de ‘delitos previos'”. Sus directivas prohibieron la presentación de incrementos previos a la enmienda de reincidencias en nuevos casos.

Entre otros delitos que Gascon dictó que ya no serían procesados se encuentran: intrusión de morada, perturbación de la paz, conducir sin licencia, prostitución, resistencia al arresto, amenazas criminales, posesión de drogas, posesión de alcohol por un menor, beber en público, estar bajo la influencia de una sustancia controlada, intoxicación en público y merodear.

El tribunal ordenó a Gascon que respondiera a la demanda antes del 15 de enero, después de lo cual ADDA debe responder antes del 26 de enero. Una audiencia fue programada en el Departamento 85 del tribunal el 2 de febrero.

La oficina de Gascon no respondió de inmediato durante el fin de semana a una petición de comentarios para The Epoch Times.

La demanda se dio a conocer después de que la Corte Suprema de California dictaminó la semana pasada que una propuesta de votación aprobada por los votantes del estado hizo que los delincuentes sexuales condenados por crímenes no violentos fueran elegibles para la consideración de la libertad condicional anticipada a pesar de que sus proponentes dicen que nunca fue su intención liberar a los delincuentes sexuales, tal como informó previamente The Epoch Times.

La normativa conocida como Iniciativa de Libertad Condicional de California para Criminales No Violentos y Requisitos para Juicios en Tribunales Juveniles, también conocida como Proposición 57, fue aprobada por los votantes del estado en 2016 con una votación del 64,5 por ciento a favor.

El presidente de la Corte Suprema, Tani Cantil-Sakauye, quien fue nombrado en 2010 por el entonces gobernador Arnold Schwarzenegger, un republicano, señaló en la opinión del tribunal que la propuesta no ordena que la libertad condicional se conceda necesariamente a los presos.

“La evaluación de la idoneidad de un recluso para la libertad condicional y los procesos implicados en la realización de esa evaluación siguen siendo competencia del Departamento y de la Junta de Audiencias de Libertad Condicional”, escribió.

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