La Fiscalía General de la República (FGR) de México afirmó este lunes que existió un segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, en la ciudad fronteriza de Tijuana e implicó al exsecretario de seguridad, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por hechos de corrupción y narcotráfico.
En un comunicado, la FGR dijo que hace 20 días el juez quinto de distrito de procesos penales federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, «actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR».
La Fiscalía dijo que esas pruebas «implican a Jorge Antonio ‘S'», agente del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) asignado a cubrir al candidato presidencial, y quien fue liberado en aquellos momentos, en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro García Luna, quien entonces era subdirector operativo en el Cisen y fue quien se presume lo rescató en Tijuana.
El informe de la FGR, apareció este lunes, unas horas después de que el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, pidiera al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, indultar a Mario Aburto, el magnicida confeso de su padre, del mismo nombre, asesinado en 1994.
Colosio pidió «dar carpetazo» al tema, que ha cobrado relevancia porque la FGR intenta revivir el caso con el argumento de que existió un crimen de Estado desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) que involucró a agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como en este caso la teoría del segundo tirador.
La FGR precisó que las pruebas presentadas por la FGR en contra del citado agente «demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos».
Además, la FGR señaló que se encuentra «debidamente probado» que el Cisen, en aquel entonces de la Secretaría de Gobernación (Interior) «mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia».
Precisó que el video que prueba el primer disparo, y al cual el juez le pretende dar valor frente a todas las pruebas aportadas, «estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse».
En la petición al presidente de México, Colosio apuntó: “(Estoy) apelando a la compasión del presidente (López Obrador), yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga carpetazo final a este asunto”, dijo.
El alcalde de Monterrey, la segunda zona metropolitana más grande del país, añadió que eso permitiría la sanación de todos, tanto de la familia como de México, y argumentó que las autoridades buscan reabrir cada tres o seis años el caso en cada periodo electoral para sacar ventaja política.
Afirmó que el caso debe quedar en manos de otra justicia porque la de México quedó en deuda tras el asesinato ocurrido hace casi 30 años en la ciudad fronteriza en el norte de México.
El asesinato de Colosio, del exhegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), se considera el magnicidio más grave en México desde 1928, cuando asesinaron al presidente electo Álvaro Obregón, quien ya había presidido el país en el periodo 1920-1924.
El caso revivió en octubre pasado, cuando un tribunal del Estado de México canceló la sentencia de 45 años impuesta a Aburto porque lo juzgaron con base en el Código Penal Federal y no con el ordenamiento legal de Baja California, estado del noroeste del país donde aconteció el magnicidio.
La Suprema Corte aceptó en diciembre revisar la impugnación de la FGR a esta anulación.
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