El Gobierno francés adoptó este miércoles un proyecto de ley que amplía al 31 de julio el régimen jurídico con el que gestiona la crisis sanitaria y que le permite entre otros puntos exigir el certificado sanitario o controlar los aforos.
El actual estado de emergencia sanitaria terminaba el 31 de diciembre y la ley sobre la salida de la crisis sanitaria, que autoriza a tomar medidas restrictivas relativas a los desplazamientos o el acceso a ciertos establecimientos, expiraba el 15 de noviembre.
El texto examinado este miércoles por el Consejo de Ministros contempla así una vuelta al estado de emergencia sanitaria por decreto por un máximo de 30 días, más allá de los cuales éste debería ser votado por los diputados.
El Ejecutivo señaló que las herramientas para la gestión de la epidemia deben seguir vigentes para poder reaccionar rápidamente a toda nueva degradación del impacto de la covid-19.
Las medidas previstas «serán estrictamente proporcionales a los riesgos y adaptadas de forma continua a la evolución de la situación sanitaria: la prolongación del régimen no significa que esas medidas sean movilizadas», según su texto.
El proyecto de ley refuerza el dispositivo de lucha contra el fraude en el uso del certificado sanitario e incluye dispositivos de acompañamiento para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria, en concreto en materia de paro parcial.
«Gracias a este texto podremos tomar todas las medidas necesarias en caso de que haga falta», dijo a la prensa el portavoz gubernamental, Gabriel Attal, aclarando que prolongar la posibilidad de recurrir al pasaporte sanitario no equivale a prolongar su uso.
La tasa de incidencia se sitúa actualmente en Francia en 44 casos por cada 100,000 habitantes en la última semana, por debajo del nivel de alerta de 50, según la web de seguimiento covidtracker.
Los últimos datos actualizados reflejan que hay una media de unos 4100 contagios diarios, lo que supone una caída semanal del 10 %, mientras que las admisiones un unidades de cuidados intensivos han descendido un 14 %, hasta las 44 diarias.
En total, Francia acumula 7.06 millones de casos desde el inicio de la epidemia y 117,150 muertos, y desde el comienzo de la campaña de vacunación, en diciembre, 50.9 millones de personas han recibido al menos una dosis, el 75.5 % de la población total, y 49.3 millones tienen la pauta completa, el 73.1 %.
Mientras tanto, miles de franceses salieron a las calles por varios fines de semana consecutivos para manifestarse en contra de los pasaportes y órdenes de vacunación por COVID-19.
El ministerio del Interior francés dijo que unas 80,000 personas participaron en las concentraciones que comenzaron el 18 de septiembre y se registraron en todos los pueblos y ciudades del país europeo, informó el canal de noticias francés BFMTV.
Un participante parisiense dijo a la agencia AFP que las manifestaciones que se llevan a cabo desde hace meses en Francia no se organizan porque estén en contra de las vacunas, sino porque el Gobierno las impone, despojando a las personas de su autonomía corporal.
“No estamos en absoluto en contra de las vacunas”, explicaron dos empleadas de un centro comercial, Aurélie y Tiphaine, a los periodistas en la concentración del 18 de septiembre. “Solo queremos que todo el mundo tenga la libertad de vacunarse o no. Las pruebas de PCR pueden ser suficientes y entonces debemos seguir siendo libres”.
Algunos medios de comunicación han intentado caracterizar las manifestaciones contra los pasaportes de vacunación, denominados pases sanitarios por el gobierno francés, como “antivacunas”, pero muchos manifestantes indican que están en contra de las órdenes y de los pasaportes de vacunación, no de las vacunas en sí.
El reportero de The Epoch Times Lorenz Duchamps contribuyó a este artículo.
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