En poco más de tres años las Fuerzas de Seguridad de Nicolás Maduro se cobraron 18.000 vidas en operaciones que el régimen califica como “resistencia a la autoridad”, de acuerdo a datos de recogidos por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la ONG Human Rights Watch (HRW).
Un informe de HRW indica que parte de estas muertes se han cometido en “ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias” de parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), especialmente “en comunidades que dejaron de apoyar al régimen dictatorial de Nicolás Maduro”.
Maduro creó las FAES entre 2016 y 2017, después de la llamada “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) formada por miembros de seguridad en 2015. Desde entonces se han convertido en “el cuerpo policial más letal” del país.
En mayo de 2019 la ACNUDH analizó las operaciones de seguridad calificadas como “resistencia a la autoridad” y advirtió que la información “indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”. Además destacó que las cifras son “inusualmente altas”.
En 2016 y 2017 se registraron 5995 y 4998 muertos de esta categoría y a ellos se suman 5287 en 2018, más las 1569 muertes de enero a mayo de 2019, según datos oficiales de régimen, recogidos por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y Human Right Watch.
Por su parte la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) menciona incluso cifras superiores a las oficiales en 2018, con 7523 muertes verificadas como resistencia a la autoridad más otras 5102, que están en averiguación.
HRW dijo que en junio y julio de 2019 entrevistó a testigos o familiares de nueve víctimas de abusos cometidos por agentes de las FAES y hablaron con abogados, activistas y periodistas que trabajaron sobre presuntas ejecuciones perpetradas por sus miembros. También tuvo acceso a certificados de defunción en cuatro casos.
Tras el análisis concluyó que los métodos utilizados y las circunstancias de las ejecuciones eran consistentes con el patrón identificado por la ACNUDH y por organizaciones de derechos humanos locales.
“Desde que se crearon las FAES, como parte de la Policía Nacional Bolivariana, agentes de esta fuerza han cometido impunemente graves violaciones de derechos humanos”, confirmó HRW.
#23Ene Imágenes de civiles armados con funcionarios de las Faes disparando al concluir la marcha en San Cristóbal. La cifra total fue de dos muertos y más de 20 heridos por impacto de balas. pic.twitter.com/PEMjND9RBs
— VPItv (@VPITV) January 24, 2019
La ACNUDH documentó los casos de seis hombres jóvenes ejecutados por las FAES “en represalia por su papel en las protestas antigubernamentales en 2019” y dijo que estas ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar durante allanamientos ilegales de domicilios después de las manifestaciones”.
Además señaló que con frecuencia las FAES mantienen una presencia en las comunidades después de concluida la operación “como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”.
En los casos que investigó HRW, encontró algo similar, añadiendo que “en todos los casos de ejecuciones que investigamos, hubo familiares que dijeron que agentes de las FAES alteraron el lugar de los hechos y manipularon la evidencia”. Colocaron armas y drogas para incriminar a las víctimas o efectuaron disparos contra las paredes o al aire para sugerir que las víctimas se habían “resistido a la autoridad”.
HRW confirma que no encontró evidencias de que las autoridades judiciales venezolanas investiguen adecuadamente “ninguno de los casos documentados”. De hecho, en cuatro de estos casos, las autoridades judiciales o policiales “no esperaron a la conclusión de una investigación formal para declarar que las víctimas eran delincuentes”.
“En varios casos las víctimas fueron vistas con vida por última vez bajo custodia policial” cuando funcionarios del gobierno argumentaron que les habían dado muerte en un enfrentamiento armado.
Cuando se crearon las FAES, Maduro indicó que su finalidad era combatir el crimen y el terrorismo y “proteger al pueblo” frente a “las bandas criminales y las bandas terroristas alentadas por la derecha criminal”, destacó la ONG.
#18Jul «¡Qué viva el #FAES!», desafía abiertamente Nicolás Maduro a @mbachelet y @ONU_es. Le da el botón de «aprobado» a 9 millones de euros para jugueticos policiales
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Hoy este organismo depende de la PNB, dirigida por el Ministerio de Interior a cargo desde 2016 de Néstor Reverol, y “Reverol responde directamente a Maduro”, según señala HRW.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW menciona que las ejecuciones en el régimen de Maduro “son cometidas en el contexto de brutalidad sistemática por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas que continúan impunes en Venezuela desde hace años”.
“La falta de independencia judicial no hace más que confirmar la cruda realidad de que no hay ninguna posibilidad de que hoy pueda haber rendición de cuentas por estos delitos en Venezuela”, añade Vivanco el 18 de septiembre.
En febrero de 2018, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, inició un examen preliminar para determinar si correspondía realizar una investigación exhaustiva sobre la situación en Venezuela. HRW dice que le envió los resultados de sus propias investigaciones.
Testimonio citado por la HRW
Rafael Rodríguez (seudónimo)
Aproximadamente a las 5 a.m. del 24 de septiembre de 2018, Rafael Rodríguez volvió a la vivienda de su suegra en Caracas tras haber celebrado su cumpleaños con amigos. Su madre dijo que un testigo le contó lo que ocurrió a continuación: mientras Rodríguez subía los escalones de ingreso, cerca de 15 agentes de las FAES con el rostro cubierto aparecieron sorpresivamente y lo interceptaron. Dijeron que buscaban a un delincuente llamado “El Negro” y le dispararon a Rodríguez en el pecho. La bala le perforó el corazón, dijo su madre, y si bien nunca se entregaron a los familiares resultados de la autopsia, se enteró más tarde que había muerto en el hospital producto de la herida.
Tras dispararle, un grupo de agentes del FAES trasladó a Rodríguez a un hospital cercano, según contaron testigos a su madre, mientras otro grupo se quedó y entró en la vivienda de un vecino. Usaron el baño, tomaron café y se recostaron a dormir, luego simularon un enfrentamiento violento frente a la casa de su suegra, efectuaron rondas de disparos y se gritaron unos a otros que no lo dejaran escapar y que iba “en el techo”.
En el hospital, los agentes no permitieron que los médicos se acercaran al cuerpo de Rodríguez, según le dijeron testigos a la madre. Presentó una denuncia ante el CICPC. La fiscal a cargo del caso prácticamente no habló con ella, según afirmó, salvo para pedirle que admitiera que su hijo era un delincuente. La fiscal le comunicó a la madre de Rodríguez que había dos órdenes de detención en su contra, por robo y homicidio, pero le indicaron que no tenía derecho a verlas. Cuando una búsqueda de antecedentes penales de Rodríguez no dio resultados positivos, contó su madre, la fiscal le dijo que su hijo probablemente había sobornado a alguien para que limpiara su prontuario.
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