El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió el lunes una orden ejecutiva que prohíbe las órdenes de vacunación por parte de cualquier entidad, incluidos los empleadores privados, en el estado.
«La vacuna contra COVID-19 es segura, eficaz y nuestra mejor defensa contra el virus, pero debe seguir siendo voluntaria y nunca forzada», dijo Abbott en un comunicado al emitir la orden.
La orden ejecutiva (pdf) establece: «Ninguna entidad en Texas puede obligar a ningún individuo, incluyendo un empleado o un consumidor, a recibir la vacuna COVID-19, que se oponga a dicha vacunación por cualquier razón de conciencia personal, basada en una creencia religiosa, o por razones médicas, incluyendo la recuperación previa de COVID-19».
“Por la presente suspendo todos los estatutos relevantes en la medida necesaria para hacer cumplir esta prohibición”, escribió Abbott en la orden.
También añadió el tema a la agenda de la tercera sesión legislativa especial, convocada hasta el 19 de octubre, para dar a los legisladores la oportunidad de aprobar una ley en este sentido.
“La orden ejecutiva será rescindida tras la aprobación de dicha legislación”, escribió Abbott.
El presidente Joe Biden emitió en septiembre una directiva para obligar a las empresas privadas con más de 100 empleados a que sus trabajadores se vacunen o se sometan a pruebas semanales. Una vez en vigor, las empresas se enfrentan a multas de 13,600 dólares por infracción.
En ese momento, Abbott calificó la medida de Biden de «asalto a las empresas privadas» y dijo que «Texas ya está trabajando para detener esta toma de poder», uniéndose a más de una docena de estados que se resisten a la orden.
El texto de la última orden ejecutiva de Abbott, GA-40, dice: «en otro caso de extralimitación federal, la Administración Biden está ahora intimidando a muchas entidades privadas para que impongan la orden de vacunación COVID-19, causando interrupciones en la mano de obra que amenazan la recuperación continua de Texas del desastre COVID- 19».
Añade que «innumerables tejanos temen perder su sustento de vida porque se oponen a recibir la vacuna COVID-19 por razones de conciencia personal, basadas en una creencia religiosa, o por razones médicas, incluyendo la recuperación previa de COVID-19».
El gobernador señaló en su orden ejecutiva que la legislatura de Texas «ha tenido cuidado de proporcionar exenciones que permitan a las personas optar por no ser obligadas a tomar una vacuna por razones de conciencia o razones médicas».
Anteriormente, en junio, Abbott promulgó una ley que prohíbe a las entidades gubernamentales y a los negocios privados exigir una prueba de vacunación contra COVID-19 como condición para prestar un servicio o entrar en un establecimiento. Las empresas que no cumplan la ley no podrán acceder a ningún contrato estatal y no podrán recibir una subvención.
Una orden ejecutiva anterior firmada por Abbott en abril no incluía a las empresas privadas en lo que respecta a los pasaportes de vacunación.
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